Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE Ya está en curso la licitación por la que el Gobierno de San Juan busca contratar una aseguradora de riesgo de trabajo (ART) para 40.000 estatales provinciales. El proceso se lanzó porque el actual contrato con la empresa Provincia ART vence el 31 de enero de 2021.
Se trata del cambio de esquema que aplicó la gestión uñaquista desde 2016, cuando decidió licitar el servicio ya que la anterior prestadora, el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) había entrado por contratación directa desde 2005. En la licitación ganó Provincia y su contrato se inició el 1 de febrero de 2017 por dos años, con una cláusula de renovación por un período similar, es decir, por dos años más que terminan el próximo enero.
En este marco, el Ministerio de Hacienda publicó el llamado a licitación con alcance nacional y el viernes 18 de diciembre se prevé la apertura de sobres. Según dijo a Tiempo de San Juan el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, esta convocatoria no tiene presupuesto oficial ya que se basa en la cotización de la alícuota que cada una de las empresas pueda ofrecer. El valor del pliego es de $400.000.
El actual esquema de seguro estatal provincial contempla dos grupos. El de los policías que tienen mayor riesgo, por el cual se paga el 5,13% de la masa salarial más $0,60 por cada empleado. Y el resto de los estatales por los cuales el Gobierno paga el 1,35 de la masa salarial más $0,60 por empleado. En total en octubre, que fue el último mes devengado y mes en el cual se aplicó el 8% de incremento salarial, Hacienda desembolsó $47 millones, en lo que significa un pago anual cercano a los $600 millones.
Torrent dijo que la Provincia sigue en la línea de la licitación "Antes estos porcentajes eran mucho más grandes, es alevosa la diferencia. Apostamos por la transparencia y esperamos tener muchas propuestas y poder elegir".
Los asegurados son todos los agentes de la administración pública provincial central y organismos descentralizados, que suman alrededor de 40.000 personas. Son trabajadores de planta permanente y política, no entran contratados porque ellos mismos pagan su seguro.
Esta cobertura se usa cada vez que hay un accidente laboral, que este año han sido menos que otras ediciones, por la cuarentena que obligó la pandemia, dijo Torrent.