Evitar que el nuevo calendario de Pascua-Lama afecte a los trabajadores sanjuaninos es el objetivo declarado del gobierno local, y eso hará que los principales afectados resulten las contratistas de otras provincias y del exterior. Entre ellos, el grupo más numeroso es el de empresas proveedoras mineras y trabajadores que llegan desde Mendoza.
Ese es el motivo por el que los nuevos plazos del gigante minero preocupe del otro lado del control de San Carlos, como acaban de hacer sentir en una nota dominical publicada por el diario Los Andes, decano de la prensa mendocina. Allí, la Cámara Minera de Mendoza (Camem) calcula en unos 400 los puestos de trabajo de mendocinos que están en riesgo y entrega una cifra impactante: que el 60% de los servicios mineros en los emprendimientos sanjuaninos de Veladero, Caspoco y Gualcamayo están transados con proveedores de la provincia vecina.
Se entiende entonces la preocupación del sector empresario mendocino relacionado a la minería, y mucho más teniendo en cuenta la decisión de San Juan de abrir la puerta de salida primero a los trabajadores y las empresas que no son sanjuaninas. En la provincia, existe la intención de redireccionar a los trabajadores de la construcción que están en Lama a otras obras de infraestructura en marcha, como viviendas. Los que hasta ahora no tendrán contención son los trabajadores del sector de Mendoza, lo que ha llevado a tironeos entre la Uocra local –a cargo del jefe de la CGT, Eduardo Cabello- y su colega mendocina.
Los mineros mendocinos no están solamente preocupados por la caída de los empleos para trabajadores de esa provincia en San Juan sino también por el impacto del freno de la actividad sanjuanina en su propia provincia. Es el caso de los laboratorios de muestras mineras que se han montado en Mendoza, pese a que los emprendimientos mineros no están alojados allí. Esos laboratorios trabajan mayoritariamente para San Juan pero también para Santa Cruz y otras zonas del Sur argentino.
Según el gremio Aoma, citado por la nota de Los Andes, de cinco laboratorios mendocinos dedicados a analizar las muestras, tres han tenido que ajustar su personal. Entre ellos, el Laboratorio Acme, establecido en Maipú. También ocurre lo mismo con la empresa de servicios de perforación Boart.
Citado por Los Andes, Juan Carlos Ortiz, secretario general de AOMA, dice: “San Juan y Santa Cruz están haciendo lo mismo. Reduciendo la gente que no es del lugar para priorizar a los trabajadores de la provincia”. Y allí está, justamente, el temor de los mendocinos.
La pérdida del emprendimiento minero más grande del país como Potasio Río Colorado, de la brasileña Vale en Malargüe, ha reacomodado las cargas de la minería en Mendoza: luego de esa experiencia de cierre de la mina y la pérdida de miles de puestos de trabajo, ahora hay mayor sensibilidad hacia la capacidad generadora de empleo y de actividad económica.
A tal punto que la cámara minera provincial se ha animado a contraatacar con un nuevo pedido para hacer decaer la ley provincial 7722, impulsada por Julio Cobos en sus tiempos de gobernador, que prohíbe en Mendoza la actividad minera metalífera a base de cianuro. Esa ley tuvo y tiene un amplio consenso social en Mendoza, pero ahora, con la experiencia de la frustración de Vale, comienza a ser mejor digerida la actividad minera.
La Camem elaboró un informe sobre el perjuicio que ocasiona en la provincia esa veda a la actividad metalífera y la envió a los tres poderes del Estado mendocino: al gobierno encabezado Paco Pérez, a la Legislatura y a la Justicia. La intención es generar nuevamente las condiciones de debate para intentar frenar el bloqueo legal de la actividad.
Y justamente utilizan con ese informe una cuenta paralela a lo que ya se perdió con Potasio Río Colorado. El trabajo sostiene que ese impedimento significa que no lleguen a la provincia inversiones por unos 5.000 millones de dólares, el equivalente a lo que quedó enterrado en el frustrado impedimento malargüino.
Si bien el documento de la entidad empresarial minera mendocina nunca hace alusión directa a San Juan, sobrevuela todo el tiempo una tácita comparación con lo que la minería metalífera ha generado en sus vecinos del Norte.
Para darse más envión , los empresarios mineros indicaron que están elaborando un estudio complementario con datos económicos fuertes y comparándolos con la actividad petrolera, que genera buenos dividendos en Mendoza.
El informe fue rescatado también por el diario Los Andes, al día siguiente de haber titulado en portada el lamento por las consecuencias de los ajustes en Pascua-Lama. Allí, Roberto Zenobi, gerente general de la Camem, dijo: “Es cierto que deben ajustarse otras variables, pero si se dieran ciertas condiciones de competitividad y sin el impedimento que contempla la ley, Mendoza podría captar entre 5 y 6 mil millones de dólares. Hay gente interesada en invertir en Mendoza, por lo que en ese escenario, aún sin certeza de lo que podría obtenerse con precisión, se generarían muchas fuentes de trabajo sólo en exploración con un impacto mínimo, sobre todo teniendo en cuenta que el 60% de la cordillera está sin explorar”.
Además de demostrar el impacto negativo en la economía de Mendoza, la nueva embestida empresaria pretende que la norma sea declarada inconstitucional. Por eso entendieron que hacerlo luego de la salida de Vale puede ser un plus para apuntalar la postura en un momento oportuno.
Los proyectos que cita la Camem como paralizados por la Ley Cobos son Sierra Pintada (un proyecto de uranio), Don Sixto (de cobre y oro) y San Jorge (en Uspallata, con una inversión de U$S 1.500). “De esta manera –sostienen- se estaría atrayendo inversiones en un plazo de tiempo muy corto).
Sin embargo, el informe de Los Andes contiene voces críticas a la iniciativa empresaria, señalando que si no llegan las inversiones no es porque se lo impide la ley sino a la situación macroeconómica del país: “¿Quién invierte con costos que se duplican en dos años y un atraso cambiario del 40%”, planteó el senador radical Sergio Moralejo.
miércoles 22 de abril 2026
