Expedientes Expropiaciones - Investigación exclusiva

Tasaciones, la punta del iceberg del escándalo

De su intervención en las expropiaciones de Cuesta del Viento se desprenden serios cambios de criterio que fueron la semilla de los precios inflados. Tiempo de San Juan muestra los expedientes del escándalo. Por Sebastián Saharrea.
sábado, 07 de abril de 2012 · 09:33

Hubo un tiempo en que Colola era un bucólico paisaje iglesiano tapizado de parcelas que aprovechaban el  riego del río Jáchal para sembrar y criar animales. Hoy, todo eso está abajo del agua del dique Cuesta del Viento –de su poca agua, en realidad- y entre una foto y otra hay en el medio muchos millones de más: los que se investigan si se pagaron por esas parcelas a los lugareños alertados por los abogados, y con la contribución inestimable de jueces, peritos o funcionarios de Fiscalía de Estado. Y el Tribunal de Tasaciones, el organismo encargado de poner el precio de referencia, también.
Todos los expedientes en duda están en el Tribunal de Tasaciones de la provincia, y a los mapas los guardan en Recursos Energéticos de la provincia. Esos documentos obtenidos allí son 38 actas en los que constan los precios establecidos y revelan cosas asombrosas: que los peritos intervinientes cambiaron constantemente de criterio para fijar el precio, y que justamente los casos más beneficiados son los que manejaban los abogados bajo sospecha. Por ejemplo, el precio de $ 5.090 por una parcela de 4 hectáreas y media, y luego otro de $6.626 por uno de 8.414 metros (menos de una hectárea), y $4.861 por casi 4.000 metros. Ambos casos fueron en 1999, uno en abril y otro en setiembre. Desde allí, los precios fijados por el Tribunal escalan de manera pasmosa y bordean el millón de pesos, con evidentes cambios en los criterios y siempre en curva ascendente.
Así, los pagos que debía realizar el Estado por parcelas parecidas –mismas extensiones, mismo lugar- se encarecían sistemáticamente. En los expedientes sospechados hay intervención de peritos de la Fiscalía de Estado, que entran en juego como defensores del patrimonio público en los juicios. Y llama la atención también el desempeño de varios miembros del Tribunal de Tasaciones, convalidando esos precios astronómicos especialmente en los últimos años. De la lectura de estos expedientes surge una conclusión terminante: poco defendido estaba el Estado en estos procesos.
Esos no son los precios del Tribunal de Tasaciones los que se pagaron, pero sí el factor multiplicador del precio final. Esa resolución de Tasaciones es luego un elemento más en los juicios por expropiación: hubo jueces que directamente no la tuvieron en cuenta. Y luego, el valor determinado en cada fallo era actualizado con los intereses: entre el 85 –fecha del decreto de inicio de Cuesta del Viento- hasta el 91, un 8% cada año; entre el 91 y el 2002, por tasa activa, de entre 20 y 30%; y desde el 2002 en adelante, por índice general de precios, el equivalente a multiplicar por cuatro porque al medio está la devaluación.
Suponiendo que la suma de la tasación resultara $1.000 y el fallo judicial lo respetara, primero se le debía sumar el 48% (8% por cada año hasta el '91), luego al menos el 250% más (20,30% por cada año entre el '91 y el 2002) y luego multiplicar por 4. Así, los $1.000 de Tasaciones se convertían en $14.800. Se entiende entonces por qué la decisión de Tasaciones era la punta del iceberg: cuánto más alta era, más abultado era lo que resultaba del cálculo de intereses. Se calcula que sólo por Cuesta del Viento se pagaron $40 millones de más en precios inflados.
En los expedientes de Tasaciones hay todo tipo de acciones turbias y llamativas que ahora investiga la Justicia: desde abruptos cambios de criterios para establecer el precio, con cambios en la referencia por hectárea y en la fecha de tasación, hasta pagos por una propiedad que tiene un arroyo en el medio –que es propiedad del Estado- sin descontar esa extensión.
La historia comienza en 1985, cuando el entonces gobierno de Leopoldo Bravo publica el decreto de construcción del dique, y la consecuente expropiación del hermoso valle de Colola, que quedaría luego sumergido bajo el agua. La primera polémica fue la de expropiar a quienes no tenían título: nadie los tenía, pero se suponía que al final del proceso los tendrían.
 Desde allí hasta el año 1992, todo iba era normal: los expedientes se iniciaban –y muchos se resolvían- de manera administrativa, sin necesidad de ir a juicio, y se pagaban en australes, la moneda vigente hasta la convertibilidad.
En 1992 apareció el primer juicio. Y entra en juego la perito de Fiscalía de Estado –encargada de defender al patrimonio público- Ana María Melvin, cuya actuación está siendo considerada al punto que está prestando declaración a título informativo y mantuvo una fuerte pulseada con una jueza civil por su actuación.
El precio de referencia por hectárea quedó establecido en $1.600 en el acta judicial 239, del año 1993: no está Melvin como perito de Fiscalía y la reemplaza otro perito de apellido Quiroga. Allí el especialista fijó criterio en los antecedentes del caso Rodríguez para una superficie de las mismas características y estableció ese precio de referencia.
El criterio se mantuvo en un caso tomado como testigo en 1999. Es la causa Caballero, denominada así nada menos que por el actual cortista Adolfo Caballero, iglesiano él y titular de ese terreno. La causa, autos 18.187, es por 4,5 hectáreas y la propia perito Melvin avaló el criterio: fijó en $5.096 a esas 4,5 hectáreas libres de mejoras, algo más que el pedido del miembro del Tribunal por la sala II (rural), Raúl Tello, quien fijó en $4.578. Se votó y gana la postura de este último, pero el criterio del caso Caballero quedó establecido como patrón a seguir.
Pero no en todo, porque en la siguiente acta, el criterio cambió. Es otro caso testigo de la investigación, la causa de Pedro Raúl Díaz que se tramita en el acta 507. Allí se tasaron dos terrenos de menos de una hectárea y Melvin los valuó en $11.297 a ambos, muy cerca del perito de parte actora, que fijó $11.488. Por votación, se estableció un precio por el terreno libre de mejoras de $8.057 por algo más de una hectárea, lo que contrasta con los $5.096 por 4,5 hectáreas del caso Caballero, meses antes. El abogado de Díaz era Santiago Graffigna, un profesional que estuvo detenido en la investigación y fue luego absuelto, pero sigue vinculado en la causa madre.
Esta es la causa por la cual se armó el revuelo entre Melvin y la jueza Bettio (ver aparte) en la que la ex magistrada dice que le pidió explicaciones y Melvin explicó que no tomó en cuenta el antecedente porque era menos de una hectárea (¿?). Según Bettio, le dijo que estaba presionada por Graffigna y el entonces Fiscal de Estado, Pedro Quiroga.
Lo más curioso es que en la siguiente la causa, tramitada en el acta 614 por 10 hectáreas y en marzo del año 2002 (tres años después de las anteriores), la perito de Fiscalía Ana María Melvin fijó el precio de referencia en $1.663,09 y cita el “valor firme sentenciado” de autos 18.187, es decir la causa “Caballero”. ¿No la había desechado en la causa Díaz? Lo mismo ocurre con dos causas judiciales siguientes: en el acta 617 de abril del 2002, por 1,48 hectárea, también citó el antecedente del caso Caballero, igual que en el acta 618, del mismo mes y por una hectárea.
Pero otra vez cambia, y de manera rotunda. Fue en la causa Guajardo –acta 620-, también de abril de 2002, un trámite por 2,5 hectáreas. Allí, el miembro del Tribunal Raul Tello fijó un precio de $2.712 por todo el terreno, mientras Melvin lo estipuló en $24.067, más incluso que lo pidió la demandada, que solicitó $23.793 por medio del perito Bustos. Llegaron a cifras parecidas por caminos distintos: Bustos rechazó la teoría Caballero porque dice que el terreno no es rural sino urbano, y Melvin hace hincapié en la fecha de tasación.
Entra en juego entonces este otro factor decisivo que es la fecha de tasación. Es que el Código de Procedimientos del Tribunal de Tasaciones y el artículo 20 de la ley de Expropiaciones establecen que se debe establecer el valor del bien al tiempo de desposesión. Y la desposesión en todos los casos de Cuesta del Viento fue entre 1994 (3 de noviembre en este caso puntual) y 1997. Es así para que los valores no queden influenciados por la obra pública y suban.
Melvin formuló esta tasación a fecha octubre de 2001 porque dijo que la fecha de desposesión no estaba clara, pero el miembro del tribunal Tello dijo que sí estaba clara y tasó en $2.712. Melvin se rectifica, entonces, diciendo que acepta esa tasación considerando lo dicho por Tello. El fallo le dio la razón a Tello: $ 2.712. Pero las cartas estaban jugadas. El abogado de Guajardo también era Graffigna.
Luego, en el acta 624 de junio de 2002, Melvin volvió al criterio de la causa Caballero y tasó un terreno de 2,5 hectáreas en $2.168. Pero en la siguiente causa, la 653, contra Guajardo y por media hectárea, se produce otro caso curioso. Melvin vuelve a desprenderse del criterio Caballero y tasa a esa media hectárea (otra vez a octubre del 2001) en $6.784, muy cerca del perito de parte demandada (Busto), que fija $6.863. Aquí Melvin pone otro criterio: $2,57 el metro. Y pone un antecedente comercial, según un aviso de la inmobiliaria Luluaga. Ya no rectifica la fecha de desposesión como en el caso anterior. Pero el perito del tribunal, Tello, puso un precio más razonable: $934, que es el que ganó en la votación. Igual, la tendencia estaba marcada. El abogado de Guajardo era Graffigna.
En el caso siguiente, otra vez se vuelve al criterio del caso Caballero. Fue en el acta 658, la causa Silva Hoel por casi 20 hecáreas y no está Melvin. Y en noviembre de 2004, en el acta 739, Melvin establece un precio de referencia por hectárea de $1.713, los $1.663 más un leve ajuste.
A partir de allí, desaparecen por completo el criterio del caso Caballero de $1.663 por hectárea y el criterio de la fecha de desposesión para hacer el cálculo. Y las sumas de los fallos del Tribunal crecen exponencialmente una vez más.
En el caso Luna, de junio de 2006 –acta 834-, se expropiaron 4,7 hectáreas y las posturas fueron las siguientes. Por Sala II de Tasaciones, Moreno tasó en $265.100 con el argumento de no desmerecer el terreno. No hubo pericia de la Fiscalía (ni  de Melvin ni de nadie) y el perito por la demandada –Bustos-, tasó en $1.076.217. Terció el miembro de tasaciones Joaquín Fernández –hermano del ex ministro Emilio Fernández- y propuso un método no demasiado utilizado –Macagno- consistente en descontar las zonas de uso común: tasó en $724.294 y esa fue la suma que se aprobó por votación. La cifras ya comenzaron a alcanzar sumas gruesas y de 6 cifras. En esta causa es en la que pagó el arroyo en medio de la propiedad.
El caso siguiente es el de Ramón Anes, ex intendente del departamento. En la audiencia de Tasaciones aparece el abogado Santiago Graffigna –letrado de Anes- y Norberto Baistrocchi (abogado de Fiscalía en ese entonces, luego separado por esta investigación). En esta causa, Moreno –de Sala II- fijó $444.916, y la demandada puso 1.997.260, a un valor del metro de nada menos que $36,64, mientras no hubo pericia de la Fiscalía. El fallo fue por $453.700.
En la causa Manrique, del acta 956 en marzo de 2008 y por 0,79 hectáreas, Moreno –de Tasaciones- fijó $150.857, la demanda pidió $151.294 y la pericia de Melvin fue de $148.155, casi el 1000% más que el fallo de referencia de Caballero, ya caído totalmente en el olvido. Intervino Fernández con el método Macagno y fijó los $62.019 con que gano la votación.
Y aparece una particularidad, que se extendería hasta el final de las causas. Una anotación en el acta señalando que “no se desprende con precisión la fecha de desposesión, por lo que corresponde tasar al 31 de enero de 2008. Por eso los precios quedaron tan inflados, aún sin computar los intereses judiciales. Es un dato clave para subir los precios. ¿Qué pasó con las fechas, que no figuraban? En Tribunales dicen que las podían buscar en Recursos Energéticos, donde constan.
Y así siguió el efecto dominó, con la misma lógica hasta el final y precios iniciales astronómicos, sujetos a multiplicación. En el acta 957, de marzo del 2008 y por 6,9 hectáreas, Moreno (Tasaciones) fijó $1.314.044, la pericia de Melvin estableció $1.203.400 y la demandada (Quiroga) pidió $1.317.730. Apareció Fernández con el método Macagno y tasó en $561.587, que ganó la votación.
En la causa Carabajal –acta 968 de marzo de 2008 y por 9 hectáreas-, Moreno tasó en $ 1.726.826 y Fernández tasó en $ 780.501, con que ganó la votación. En la causa Illanes –acta 992 de julio de 2008 y por 5 hectáreas-, Moreno tasó en $ 514.370, Melvin en $ 589.313 y se produjo un cruce por la presencia de Baistrocchi. Ganó Moreno en votación. Y en el acta 1071 de Francisco Zeballos en mayo de 2009 y por media hectárea, el Tribunal de Tasaciones impuso el precio más alto: $ 60.000, sobre los $ 52.696 que había tasado la demandada y los $ 57.610 de la actora. En los últimos 7 casos, los de los montos más altos, el abogado de los propietarios de los terrenos fue Santiago Graffigna.

Las cifras
40
Son los millones de pesos que se calculan que se pagaron de más por los precios inflados en los juicios de Cuesta del Viento. Comentario de pasillo en Tribunales: los mismos que hacen falta para la Ciudad Judicial.

100
Son los millones de pesos que calculan que se pagaron de más en todas las causas investigadas por precios inflados con las expropiaciones en toda la provincia.

3.500
Son los millones de pesos que están en ventanilla para ser pagados por expropiaciones infladas. Muchas de esas causas ya tienen sentencia en segunda instancia y están apelados en la Corte. Si se tienen que pagar, podría significar el quebranto del Estado.

La causa
El sumario para investigar todas las posibles irregularidades en los juicios contra el Estado por expropiaciones lleva el número 10024/10. Fue iniciado “con motivo de la denuncia presentada por el señor Lima Walter Rogelio, ante Fiscalía de Instrucción n°1”. Cayó en el 5° Juzgado de Instrucción, a cargo de la doctora María Inés Rosselot y el fiscal a cargo es Daniel Guillén.

Los jueces, el segundo paso
Después del Tribunal de Tasaciones de la provincia, los expedientes recalaban en los juzgados civiles que son los encargados del proceso judicial. Allí se establecía monto de la propiedad y los intereses, y en la investigación iniciada en Tribunales también está bajo sospecha el rol de varios magistrados civiles que manejaron esas causas.
Hay tres juzgados civiles en los que llama la atención la predisposición a dar sentencia favorable a esos precios. Y hay quienes presumen que los impulsores de las causas usaban mecanismos para seleccionar a esos jueces. La determinación de magistrados para cada causa es por sorteo, pero las mañas de los más duchos encuentran la manera de caer en el juez que pretenden. Ya sea recusando con causa si el sorteo es desfavorable, o mediante algún otro artilugio.

Mevin y su polémica con la ex jueza Bettio
La perito de Fiscalía de Estado apuntada en la investigación por sus tasaciones mantuvo en los últimos días un cruce mediático con la ex jueza Miriam Bettio, quien dijo que a ella le llamó la atención la diferencia de criterios entre las causas Caballero y Díaz y la convocó. Allí –siempre según Bettio en el programa de Canal 5 La Ventana y en El Nuevo Diario- Melvin le dijo que estaba presionada por el fiscal de Estado de entonces, Pedro Quiroga, y por el abogado Santiago Graffigna.
Melvin negó haber hecho esas declaraciones y amenazó con querellar a Bettio. Y deslizó informalmente que daría datos que comprometen al ex fiscal de Estado Mario Díaz, esposo de Bettio. Díaz fue convocado a Tribunales en la causa por la megaestafa y no desdijo a otro fiscal –colega de Melvin- quien sostuvo ante la jueza que Melvin le había dicho que el precio lo ponía ella porque había un acuerdo. La jueza Rosselot podría carear a Melvin y Bettio.

 

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