Tras su primera aparición pública, con su
versión sobre cada una de las pruebas que lo incriminan, ahora se conoció que
el instructor Sergio Fabián Puentedura recibió un revés judicial: además de
rechazarle la posibilidad de quedar en libertad hasta el día del juicio, la
Sala B de la Cámara Federal de Mendoza le confirmó el auto de procesamiento que
le había dictado el juez Miguel Ángel Gálvez. Pero, lo más grave para el funcionario
judicial, fue la dureza de los términos usados por el tribunal superior.
El punto más concluyente fue la respuesta
al planteo de cambio de calificación que había hecho la defensa de Puentedura,
Ricardo Moine, al entender que no había pruebas que demostraran que el
instructor hacía circular la droga para reingresarla al circuito del
narcotráfico. Así, el defensor quería que le bajaran la calificación de
traficar droga, agravada por ser funcionario público.
Dijo la Sala B de la Cámara Federal:
"Discrepa con esa afirmación, toda vez que existen en la causa elementos de
cargos suficientes como para tener acreditada la maniobra desplegada con la
provisoriedad que esta etapa lo requiere (luego está la instancia del juicio
para demostrar la inocencia o culpabilidad de Puentedura)”.
Para sostener esa afirmación, el tribunal
superior argumentó que "la sustancia estupefaciente la habría comercializado
junto al encartado Alberto Armando Zárate, aproximadamente desde que éste
saliera en libertad condicional (hace dos años y medio), momento en que empezó
a vincularse con Puentedura”.
Dice
el fallo de la Cámara Federal que "Puentedura le habría propuesto un arreglo
para comercializar la droga, mediante el cual él proveía sustancia proveniente
de los secuestros del Tribunal a Zárate para que éste último lo vendiera,
ingresándolos nuevamente al circuito, obteniendo una ganancia que ambos
compartían”.
Como prueba de ese vínculo, además de las
declaraciones que Zárate hizo usando la figura del arrepentido, la Cámara de
Mendoza dijo que "la pericia química practicada sobre los elementos
secuestrados permitió confirmar los dichos de Zárate, relativos que habría
reemplazado la droga que le suministraba Puentedura por sustancias equivalentes
(una mezcla de yeso con guano de caballo)”.
Otra prueba que la Cámara Federal usó
contra el instructor es "el informe presentado por la empresa Movistar, que
permiten afirmar la vinculación entre Zárate con Puentedura”.
De esa manera, el tribunal superior
consideró como prueba a las planillas de la compañía de celulares que
demostraron comunicaciones entre Puentedura y el narco arrepentido.
Debieron recurrir a esa empresa porque el
celular de Puentedura desapareció el día que lo detuvieron.
De esa forma, la Sala B de la Cámara
Federal de Mendoza confirmó el procesamiento contra Puentedura. Eso significa
que pesan sobre el instructor los delitos de abuso de autoridad y violación de
los deberes de funcionario público; malversación de caudales públicos y, el más
grave, el artículo 5, inciso C de la ley 23737, el cual prevé penas de 4 a 15
años de prisión al que comercie con estupefacientes o materia prima para su
producción y con fines de comercialización.
Además, también la Cámara Federal le negó a
Puentedura la excarcelación, por lo que seguirá en prisión hasta el juicio. El
motivo: riesgo de fuga ante la eventual pena que podría sufrir en el juicio
y el posible entorpecimiento de la
investigación.
Cámaras de seguridad, sin respuesta
Tras la revelación pública que hizo Sergio
Puentedura, quien dijo que después del robo de drogas del 2011 había pedido por
escrito mejorar la seguridad en el Juzgado Federal, con requisas a los bolsos
de las mujeres y la instalación de cámaras de seguridad, lo cual no tuvo
respuestas, ahora se conoció que en realidad fue el titular del Juzgado Federal
N° 2, Leopoldo Rago Gallo, quien hizo ese pedido.
Según consta en el mismo sumario
administrativo que se le hizo a Puentedura, en la oficina de Seguridad
Informática de la Dirección General de Tecnología del Poder Judicial de la
Nación está registrado desde marzo de 2012 el pedido para la contratación y
adquisición de un sistema de monitoreo, provisto de cámaras, sistema de ingreso
dactilar y una cerradura de seguridad para los depósitos de las secretarías
penales.
La última respuesta fue el 14 de marzo de
2014, cuando se informó desde la Nación que el retraso al pedido se debía a
cuestiones presupuestarias.
Esas gestiones demuestran que en el Juzgado
Federal sí se intentó mejorar la seguridad después del robo de droga del 2011.
Hasta hoy, la única medida de seguridad en
el Juzgado Federal es la custodia permanente de la Policía Federal Argentina.
