A tres semanas del hecho que conmocionó a los sanjuaninos, la picada mortal que se cobró la vida de Lucía Rubiño, la Justicia formalizará contra el otro automovilista involucrado en el siniestro vial. Si bien la responsabilidad del menor es clara, puesto que fue quien embistió a la adolescente, las pruebas recabadas señalaron a un mayor de edad que ahora deberá responder ante las autoridades. Se trata de Juan Pablo Echegaray, el conductor de la camioneta Toyota Hilux y el cual se dice que es hijo del juez federal de la provincia, Hugo Echegaray.
Este martes, el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi, dará inicio a la investigación formal de la causa en el Sistema Acusatorio y acusará oficialmente al imputado. La duda está en qué calificación ajustará para el chico que fue sindicado por testigos y fue identificado con su vehículo, a través de los videos de las cámaras de seguridad de la zona, al momento de la tragedia.
La segunda investigación judicial que se abrirá paso se hará con una imputación que puede variar a lo largo de la causa, ya que no se trata de algo fijo, y serán los elementos probatorios los que lo definan. Más allá de eso, resulta importante la calificación que el funcionario del Ministerio Público determine, teniendo en cuenta la investigación paralela que se desarrolla en la Justicia de Menores.
Por el momento se desconoce qué delito le endilgará Grassi a Echegaray. Sin embargo, el que sea comenzará a marcar las chances del nuevo actor que aparece en escena. Es que la calificación podría ser igual de grave que la que recibió el menor defendido por Nasser Uzair, que fue imputado por homicidio simple con dolo eventual y dicha figura supone una pena que va de los 8 a los 25 años de prisión.
También cabe la posibilidad de que la figura penal sea de menor tenor como la de homicidio culposo si es que, al igual que en la opción anterior, comprende que tuvo intervención directa en la muerte de Lucía. O bien, con las pruebas como sustento, existe la probabilidad de que entienda que el único ilícito que cometió fue el de conducir a alta velocidad dentro de un barrio, cuando la máxima es de 40 kilómetros por hora en esas zonas.
https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCycK1FgudwQ%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=8361e39f-66d7-40aa-9aa1-f6edba8020dc&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9ZBO7b0lyPOET7gZCZBZB11mIOYHEkIiERIdB7PpHlyHqNNmrHXpCnQa85725jDN5jjdVJcWBozCtK99ZCBeZBCYpI0lIKEIUsAPAuOOFLNESo7hPuIcBB32JZBYQ3afglbKtqnJfaDZBMcwEcLq5rN4o7oTF5gYIuRBBA127izrMJDNhkgrpNolYP1FZAse6KMaNfLu
Fuentes vinculadas a la tragedia manifestaron que Echegaray corría picadas segundos antes del incidente y que encerró al menor que conducía el Renault Sandero, que se vio obligado a girar de forma violenta y a perder el control, con la desgracia que atropelló a Lucía. No obstante, no habrá versión oficial de ello hasta mañana martes, cuando el MPF relate su teoría del caso.
Consultado por este diario, el defensor del menor que permanece privado de la libertad en el Instituto Nazario Benavídez aseguró que su estrategia de defensa no está enfocada hacia el otro conductor, sino que sus intenciones son conseguir que la jueza María Julia Camus -titular del Segundo Juzgado Penal de la Niñez- rebaje la calificación. Uzair está convencido que se trató de una tragedia y que la figura más adecuada es la de homicidio culposo, que prevé un castigo menor.
Además, con un perito de parte, el abogado experto en accidentología por su labor con las aseguradoras advirtió que buscará demostrar que el chico ni siquiera manejaba con velocidad.
La audiencia que está prevista para el mediodía será interesante también por la situación procesal que pueda presentar el nuevo imputado, dado que la fiscalía podría solicitar que el mismo permanezca detenido para evitar el entorpecimiento de la instrucción. No obstante, en casos similares, no se suele otorgar esa medida cautelar.
La acción de la fiscalía comenzó a partir del pedido de la familia que se investigue de oficio, dado que la Justicia de Menores no había remitido nada hasta ese entonces. Fuentes ligadas al juzgado de Camus habían advertido que si encontraban pruebas que salpicaran a otro implicado y este fuer mayor de edad, se remitirían las acciones al fuero correspondientes. Sin embargo, eso no ocurrió y fue a pedido de la familia de Lucía, que se hizo querellante, que Grassi ordenó la investigación.
Fuentes judiciales que explicaron que, por más voluntad que existiera del MPF de abrir un expediente de oficio, estaba impedido de hacerlo. La aclaración se dio porque surgió la especulación de que pudo hacerlo por motus propio y no lo hizo. Desde la UFI señalaron que ya había una causa judicial y que esperaban por la remisión de las actuaciones, pero que la presentación de los familiares de la víctima aceleraron los procedimientos.
