La Justicia le ordenó a la familia que ocupa el terreno ubicado en Paula Albarracín de Sarmiento y Colombia, en Capital, que lo desaloje en los próximos 30 días, con el argumento de que se trata de un bien del estado que fue cedido a la Escuela de Enología para su explotación. Sin embargo, los ocupantes que se resiste a dejar el lugar que ocupan hace más de 6 décadas apelaron la decisión.
Luego de conocer el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo, el abogado que representa a la familia intimada explicó cuáles son las razones por las que pretenden permanecer en el sitio en el que viven desde 1962. "Apelamos bajo el fundamento de actos propios, ya que fue el mismo estado el que les solicitó en 2015 que se pusieran al día con el impuesto inmobiliario, reconociendo la propiedad que tenían sobre el inmueble", señaló el Dr. Gustavo Martín.
En esa oportunidad, explicó que parte de la deuda que tenían había sido fiscalizada y que por lo tanto, cuando se pagó, también se extendieron honorarios a la abogada de Fiscalía que intervino. "Tenemos un recibo de ese pago, lo mismo que una carta de agradecimiento del gobierno dirigida a la demandada por estar al día con los impuestos", agregó.
Fue la Fiscalía de Estado quien llevó el caso a la Justicia, luego de que la familia y la escuela no llegaran a un acuerdo. El organismo que comanda Jorge Alvo realizó un planteo de acción de reivindicación y, luego de instruir la causa, Tettamanti resolvió.
La demandada es Rosa García, quien junto a su familia deberá abandonar el terreno estatal si el fallo de la jueza Adriana Tettamanti queda firme. Su papá, Cristobal García, fue quien recibió el terreno localizado en una zona vip mediante un acuerdo con las autoridades de la escuela. "El hombre era de Médano de Oro y tenía cultivos. Por sus conocimientos hizo un trato con la escuela de quedarse ahí y continuar con su trabajo. Luego su familia se agrandó", detalló.
Con el paso del tiempo, los García echaron raíces en ese codiciado lugar y todo marchó sin problemas, hasta que comenzaron los reclamos de la institución educativa. "La posesión siempre fue pacífica, estamos hablando de gente muy humilde, que no se la puede expulsar de un día para otro. Es una situación delicada, todos están muy angustiados por esto", declaró el letrado.
Durante la mediación entre las partes que resultó fallida, los ocupantes ofrecieron ceder la mitad del terreno pero esa propuesta fue rechazada y las proposiciones de parte de Fiscalía de Estado tampoco convencieron a la familia. "No puedo revelar específicamente qué fue lo que se ofreció, pero no era serio lo que proponían", sostuvo.
La jueza argumentó que la autorización a la familia de permanecer en el predio de 1.200 metros cuadrados no implicó que se le concediera el dominio del inmueble y señaló que la posesión veinteañal no tiene lugar en esta cuestión, ya que se trata de un bien público destinado a una establecimiento educativo.
"Se habla de que es un terreno con varios negocios, un local de comida y construcciones. Sin embargo, se trata de una gomería, un parripollo, un lavadero y unos ranchitos. La situación es compleja para esa gente, tampoco es para que los traten de usurpadores", cerró.