Adquisición irregular de inmueble

Tras la denuncia por compra fraudulenta, reapareció en público el obispo Domínguez pero no habló

El religioso encabezó la ceremonia de Ordenación diaconal. Su entorno lo notó muy afectado por la situación judicial que atraviesa.
viernes, 13 de agosto de 2021 · 23:30

El Arzobispado de San Juan de Cuyo está en la mira de la Justicia Penal tras la denuncia por irregularidades en la compra de un inmueble a 1.000.000 de pesos en Caucete. El señalado, firmante de los documentos para que la Iglesia se haga con esa propiedad, es el número dos del catolicismo local, el obispo auxiliar Carlos María Domínguez. La acusación de los hijos del vendedor de la casa, un jubilado de 78 años, es que los representantes del religioso engañaron al padre porque no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. 

Este viernes, el obispo hizo su reparición pública en la Catedral sanjuanina al encabezar la ceremonia de Ordenación diaconal. Ante la populosa feligresía local, el hombre que hoy está a cargo de la Iglesia por la ausencia de monseñor Jorge Lozano -enviado a Colombia por orden del Papa Francisco para participar en la Cepal- no hizo referencia a las irregularidades legales que lo salpican. Tampoco lo hizo ante la prensa. A la pregunta de este medio, después de hora y media de misa, el obispo eligió el silencio y pidió que hablen con los abogados. Aunque, desde el entorno señalaron que está muy afectado por la situación judicial que atraviesa él y la institución. 

El regreso a la escena pública se dio cuando, horas antes, el Arzobispado y los hijos de la presunta víctima acordaron dejar sin efecto la compra de la casa ubicada en Ignacio de la Roza 644, en Caucete. El representante legal de la Iglesia, Rubén Lloveras, y el abogado de Sergio Ariel López y Rubén Edgardo López, Leonardo Villalba, negociaron hasta último momento y el resultado fue la devolución del dinero de parte del Arzobispado por la transacción que ocurrió el 30 de diciembre del 2020. 

No obstante, eso no pone freno a la investigación penal que lleva adelante el fiscal de Instrucción N° 1, Carlos Eduardo Rodríguez, que pidió al juez Guillermo Adárvez que se ordene el allanamiento al Arzobispado de San Juan. Busca secuestrar el título de transferencia de dominio, boleto de compraventa o de cesión de derechos del inmueble e instrumentos que habilitan o contienen mandato para la celebración del acto investigado. 

Pero no sólo pone el foco en la Iglesia, sino también en la escribana Susana Celani, que controló el proceso de compraventa del inmueble y donde se rubricó la escritura. La Fiscalía entiende que los hechos sugieren "la comisión de un hecho delictuoso llevado a cabo por la escribana Susana Celani, el cual encuadraría en la figura típica penal contemplado en el artículo 174, inciso 2 del Código Penal de Defraudación agravada, el cual establece una sanción penal de prisión al que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo”.

El abogado de la mujer, José Becerra, dijo hoy a Diario de Cuyo que el jubilado no estaba inhibido para disponer de sus bienes cuando se ejecutó la transacción. Según el letrado, no había inconveniente para la firma de la escritura que transfería la propiedad. 

Las "sospechas" de los hijos del jubilado

Luego de la denuncia al Arzobispado por la presunta compra irregular de un inmueble. Leonardo Villalba, abogado de Sergio Ariel López y Rubén Edgardo López, los hijos del jubilado, dijo a este medio días atrás que denunciaron por cómo y con qué velocidad se concretó la venta de la casa de Caucete. "Estamos hablando de alguien que no está en sus cabales y que vendió una casa con un salón comercial por un millón de pesos, cuando en el mercado cuesta diez veces más", señaló en ese momento. 

La versión del Arzobispado

En un comunicado, la Iglesia sanjuanina reconoció desde el minuto uno la compra del inmueble y se ajustó a derecho. Sin embargo, indicaron que desconocían la supuesta incapacidad del vendedor. "Cabe señalar, que los múltiples diálogos previos, para llegar a esas instancias finales, tampoco surge la probable existencia de un inconveniente de salud del propietario-vendedor que pudiera afectar su capacidad para celebrar ese acto jurídico. Se trató entonces de un oficio realizado de buena fe por ambas partes", escribieron. Y ofrecieron, ya entonces, "dejar sin efecto el acto jurídico, manifestando de buena manera la predisposición del mismo para el mejor entendimiento de las partes".

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