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Se abre el debate por un padre sanjuanino que quiere evitar un aborto

Su pareja quiere terminar con un embarazo de 12 semanas y él le pide que siga adelante, lo tenga y se lo dé.

Por Redacción Tiempo de San Juan

"Estoy haciendo lo imposible para defender la vida de mi hijo. Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero sólo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada", así comenzó el relato de Franco, un sanjuanino que busca tener el hijo que su novia quiere abortar. 

Franco, quien no reveló su identidad para proteger la identidad de su ex pareja, contó que la mujer quiere ponerle fin a su embarazo de 12 semanas, algo a lo que él se opone. 

"Sólo quiero defender que la Justicia entienda que yo y mi hijo también somos personas y tenemos derechos. Es una lucha muy difícil y los días pasan y se nos acaba el tiempo", explicó en diálogo con  radio AM1020.  A lo que agregó: "Como pensamos diferente hemos perdido el diálogo, pero a pesar de eso le propuse que lo tenga y me lo entregue. Si después ella quiere continuar con su vida lo va a poder hacer".

"Todo se focaliza en los derechos de la mujer, pero mi hijo también tiene derechos y nadie puede decidir sobre él. Ya he presentado todo lo que tengo a la Justicia, ahora espero que por favor entiendan que sólo quiero darle la posibilidad de vivir a mi hijo", concluyó. 

Los puntos más importantes de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo

El aborto es de acceso libre hasta la semana 14 de embarazo.

Una vez pasado ese plazo, el aborto es legal en caso de peligro para la vida o la salud de la persona gestante o en caso de violación.

Es posible acceder a la práctica en los servicios del sistema de salud público y privado, en un plazo máximo de 10 días desde su requerimiento.

Las personas de 16 años o más tienen plena capacidad por sí mismas para prestar su consentimiento; se presume que las niñas de 13 a 16 años cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida (conforme lo establece el art 26 del Código Civil y Comercial de la Nación).

El personal de salud deberá brindar un trato digno, garantizar la privacidad y confidencialidad de la información, y respetar la autonomía de la voluntad.

El funcionario público o personal de la salud que dilate, obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados podrá ser sancionado penalmente e inhabilitado para el ejercicio de la profesión.

Un antecedente:

En un fallo sin precedentes la Justicia Uruguaya ordenó a una mujer suspender el proceso de interrupción voluntaria del embarazo —el que venía llevando a cabo en el marco de las normas vigentes— debido a un recurso de amparo que presentó ante el hombre con quien concibió el feto, quien se opone a la que la mujer se haga un aborto. Lee la historia completa y el fallo haciendo click aquí

Escuchá la nota de AM1020:

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