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SUSCRIBITE Tras el revuelo que se generó por la suspensión de dos enfermeras sanjuaninas que se negaron a asistir una interrupción voluntaria del embarazo, aparadas en la objeción de conciencia, entidades religiosas de la provincia se metieron de lleno en el tema candente y calificaron de "injusto" el castigo que las autoridades de la clínica CIMYN impusieron sobre las trabajadoras de la salud.
El Arzobispado San Juan de Cuyo junto a Cáritas, Acción Católica, el Equipo de Formación Espiritual Cristiana, Emaús y la Comisión Justicia y Paz emitieron un comunicado oficial en el que respaldaron a las auxiliares de la salud y, sustentadas en los artículos 14,16 y 19 de la Constitución Nacional, señalaron que "la objeción de conciencia ha sido reconocida como un derecho humano y constitucional, derivado de las libertades de conciencia y de religión".
Acorde manifestaron, esos artículos consagran la libertad de cultos, el derecho a la igualdad y el principio de autonomía, respectivamente. Al mismo tiempo, recordaron el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que avala la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
En ese sentido, las organizaciones religiosas decretaron: "Cualquier sanción administrativa o medidas que afecten la carrera de los objetores, implican un menoscabo a sus derechos. Lamentamos profundamente la injusta sanción a las dos enfermeras, que son de público conocimiento".
Si bien por parte del sanatorio criticaron el accionar de las enfermeras, acusándolas de abandono de persona, la cúpula religiosa señaló: "Ellas, lejos de todo abandono a la paciente, han hecho valiente expresión del valor intangible del don de la vida. Repudiamos el reprochable proceder de la Institución médica".
Además, recordaron las palabras del Papa Francisco a miembros de la Asociación Católica de trabajadores de la salud (ACOS), quien aseguró que "en casos extremos en que los que la integridad de la vida está en peligro, se basa, por lo tanto, en la necesidad personal de no actuar de forma diferente a la propia convicción ética".
Para cerrar la exposición de su postura, con un fuerte mensaje a quienes toman decisiones dentro del ámbito de la salud en la provincia dijeron: "Esperemos que la cultura del descarte no integre a su lista negra a quienes se forman y trabajan incansablemente para el cuidado de nuestra vida y salud. ¡Salvemos las dos vidas!".
Desde el comienzo de la semana, el tema ocupó el centro de la escena de la opinión pública y desde diversos sectores ofrecieron su opinión. El espacio político Dignidad Ciudadana apoyó a las enfermeras, al igual que lo hizo el sindicato que las representa ATSA.
Desde la Justicia, por su parte, el secretario Relator de la Fiscalía General, Rolando Lozano, sentenció que la objeción de conciencia no las alcanza.
"La facultad de objetar ha sido reservada por la ley exclusivamente para quien tiene la responsabilidad directa de realización de la práctica, es decir, exclusivamente del médico que debe realizar la práctica de interrupción del embarazo, con lo cual todas aquellas personas que realizan actividades de tipo complementarias a la del médico, sea que las practiquen antes, durante o después de la interrupción del embarazo, no pueden alegar objeción de conciencia. Porque no están alcanzados por la ley".
Lozano detalló que "nadie puede ser obligado a actuar en contra de sus convicciones más profundas y la ley ha regulado que es una forma de vida. La ley es muy clara y especifica que solo tiene derecho a objetar la o el profesional que tiene participación directa en la práctica y es únicamente el médico que la realiza".