Por Gustavo Martínez Puga
Asfixiados. A los manotazos para ir zafando de las ilegalidades. Esa es forma de trabajo en las tres salas que tiene la Cámara Penal del Poder Judicial de San Juan, donde el 90 % de los juicios se hacen al límite del tiempo legal permitido. Es decir que las personas privadas de su libertad llevan dos años en una celda sin saber si son o no culpables del delito por el que estuvieron detenidas.
Ese tiempo de dos años de prisión preventiva cuenta desde que la persona fue detenida como sospechosa, no desde que se cometió el delito. Si bien legalmente ese plazo puede ser extendido hasta un año más –de lo contrario el imputado debe ser liberado hasta que se haga el juicio-, esa extensión es para los casos complejos, y no todos reúnen esa condición.
Las causas con detenidos siempre son las prioritarias. Le siguen las que hayan delitos cometidos por funcionarios públicos; luego las que sean en contra de la administración pública y los casos que provocaron conmoción pública.
En promedio, a cada una de las tres salas de la Cámara Penal en el 2013 le ingresaron 220 causas. De ellas, entre 80 y 90 fueron con detenidos. Cabe recordar que en esas salas también se tratan los recursos de apelación de los fallos de primera instancia.
Según lo que informaron en las salas, se terminaron condenando la misma cantidad de causas que ingresaron con detenidos. De esa forma, los camaristas intentan demostrar que, dentro de todo, están “al día” con su trabajo. Los jueces más experimentados dicen que la provincia está igual que el país, donde las estadísticas demuestran que llega a juicio el 3 % de las causas que ingresan al Poder Judicial.
A las máximas autoridades de Tribunales les gusta mucho decir que “lenta, pero la Justicia llega”. Pero no siempre es así, sobre todo si se lo mira desde el punto de vista de las víctimas, que no se cansan de decir que “cuando la Justicia es lenta, no sirve”.
BOTÓN DE LA MUESTRA
Hay un caso actual que contrapone esas dos realidades y que es el mejor ejemplo para pintar el caos por el que atraviesan las Salas I, II y III de la Cámara Penal: es el de Juan Carlos Icazatti (76), el ex cura y ex diputado provincial que está acusado de abusar sexualmente de su hijastra (22).
La denuncia se hizo en el 2007. La hizo la propia chica, cuando era adolescente, tras escaparse del infierno que por esos días era su casa en el departamento Rivadavia. Ella denunció que, entre los 6 y los 15 años, tanto su madre (ahora de 40 años) y el padrastro la metían al baño para ducharse todos juntos, la tocaban, la hacían ver películas pornográficas y también la hacían mirar cuando la pareja tenía relaciones sexuales.
El caso se terminó de investigar en el 2009 en el Quinto Juzgado de Instrucción. En el 2011 llegó a la Sala III de la Cámara Penal para el juicio. Y recién ahora terminaron de hacer todos los trámites legales y le pusieron una fecha para elevarla a juicio, que se hará el próximo martes 22 de abril, a las 9 horas.
En el medio hubo un mar de fondo. La chica, ahora ya adulta, fue el año pasado a la Sala III con una especie de “acta ante escribano público” y se presentó en la Mesa de Entradas de la Sala III diciendo que “desistía de su denuncia”. Como eso no está legalmente previsto, los jueces le rechazaron el papel y le informaron que harán igual el juicio.
Más allá de lo legal, lo que estaba pasando con la víctima de un abuso sexual de hace siete años atrás, es que ya no quería que se hiciera justicia. Al parecer, ella ya había superado la situación, ya se había “abuenado” con su madre y con su padrastro, ya habría olvidado o superado aquel amargo episodio. Incluso, habría dicho en la Sala III que hasta estaba conviviendo de nuevo con ellos en la misma casa.
“Llegamos tan tarde con la Justicia que ahora le tenemos que hacer el juicio y le vamos a terminar haciendo un daño, de nuevo, a la víctima”, dijo un representante del ministerio público.
DESDE ADENTRO
Eduardo Gil, presidente de la Sala III de la Cámara Penal, fue directo: “No es ninguna novedad la falta de personal en el Poder Judicial. Los jueces tenemos que hacer el trabajo de juzgar, el administrativo y de todo un poco”.
Un par suyo en esa sala, Eugenio Barbera, lo demostró estadísticamente con una planilla en la mano: “De los 14 o 15 juicios que hemos realizado entre febrero y marzo, todos fueron con detenidos al límite de vencerse el plazo de la prisión preventiva. Así vamos trabajando y sacando la tarea. Entonces los casos como el del señor Icazati, donde no hay detenidos, van quedando”.
La situación es prácticamente la misma en la Sala II de la Cámara Penal. De las 18 sentencias que dictaron entre febrero y lo que va de abril, el 90 % es con detenidos al límite de vencer el plazo de la prisión preventiva.
Según explicó el presidente de esa sala, el juez José A. Vega, “generalmente las causas llegan desde los juzgados de primera instancia a seis meses de que venzan los dos años de prisión preventiva del detenido. Es un tiempo muy corto, teniendo en cuenta todo el proceso que lleva en la sala para que el caso llegue a juicio”.
Otro juez de la Sala II también apuntó a que uno de los problemas es la falta de personal: “Aquí hasta el ordenanza nos da una mano. Y pasa lo mismo en varios juzgados de primera instancia”.
En la Sala I hay una imagen que evidencia la realidad de la Cámara Penal: frente a la Mesa de Entrada, para informar a los abogados y al público, está el calendario público de debates a realizarse.
La lista está tabulada con los nombres de los imputados, las causas por las que están sospechados y, en la última columna, el tiempo en que se vencen los dos años con prisión preventiva. Y allí se puede ver con claridad que todos los casos están al límite del tiempo legal previsto.
LAS CAUSAS
En la Sala I, en lo que va del año, se hicieron 14 juicios, todos fueron con detenidos. “En dos años se triplicó la cantidad de procesados que llegan para los juicios. Y el personal y la infraestructura es la misma”, informaron desde la Secretaría.
Por lo bajo, hay camaristas que se quejan por la distribución de personal en las salas: “En la dos y en la tres tenemos menos de lo necesario. Y no es para todos por igual”, explicó un juez. Así, quiso dejar en evidencia que en la Sala I están mejor dotados de persona. En esa sala asumió a fines del año pasado como camarista Juan Carlos Caballero Vidal hijo, cuyo padre es el actual presidente de la Corte de Justicia, Juan Carlos Caballero Vidal.
Otro camarista de la Sala II dio otro diagnóstico: “Por más que pusieran más personal eso no movería la aguja. Tenemos un problema grave de falta de espacio, de infraestructura”, explicó un camarista.
Barbera y Vega, dos de los jueces de la cámara que vienen de pasar por los juzgados de primera instancia, coincidieron en analizar que el problema de trabajar al límite es por un arrastre de demoras que nacen en los juzgados de primera instancia y se traslada hasta el último eslabón de la justicia.
Un juez dijo que no hay igualdad en la distribución de los empleados en las tres salas de la Cámara Penal, donde una de ellas tendría más gente que las otras dos.
