En un juzgado penal sanjuanino, se vivió esta semana el siguiente episodio: una abogada reclamó airadamente por la no resolución de un pronto despacho, el juez la hizo pasar y le presentó a sus colaboradores para las 2.500 causas que entraron en el turno. Sólo tres personas.
Hay tres sectores visibles en Tribunales que pulsean por el personal y que aparecen claramente enfrentados por intereses sectoriales ante un calvario cuya gravedad admiten todos. Por un lado están los empleados judiciales, mayoritariamente administrativos reunidos en el gremio que llevan las quejas por la sobre exigencia laboral y la falta de pagos y de ascensos. Por otro lado están los jueces, quejosos porque se les acumulan expedientes en sus despachos, se retrasan y no pueden dar respuesta a los pedidos de los abogados y las partes interesadas. Y por el otro está la Corte, la que tiene la solución de los ingresos en su mano y la sigue demorando.
Tanto el presidente del Colegio de Magistrados, Gustavo Almirón, como el secretario general del gremio, Sebastián López, reaccionaron ante Tiempo de San Juan de la misma manera cuándo se les hizo la misma pregunta: ¿por qué se demora tanto la incorporación de personal? “Ahhhh, yo no lo sé”, dijo sin sorpresa Almirón. “Lo que pasa es que las presidencias de la Corte duran un año y nadie quiere transcurrir con un escándalo encima”, dijo López, en alusión a que siempre que hubo ingreso masivo de empleados hubo escándalo por las denuncias y las sospechas de preferencias y al ingreso de amigos y parientes de cortistas y empleados jerarquizados.
La última (y única) vez que hubo concurso para el ingreso de personal fue en 2006, cuando saltó el escándalo por los exámenes con los resultados adelantados a los “preferidos”. De allí en más, los ingresos fueron a cuentagotas, generalmente empleado la puerta de servicios de los ordenanza, que no requieren ningún concurso, y que luego reciben ascensos extraños.
Ahora la Corte ha salido a anunciar que empleará nuevamente el sistema de concurso para cubrir las numerosas vacantes que tiene, que calcula en unas 85. Pero informaron que utilizarán un novedoso sistema empleado en la provincia de Santa Fé, y que para implementarlo requieren un intercambio de información y experiencia que aún no completan.
Desde ese momento hasta ahora pasó mucho tiempo entre viaje y viaje a aquella provincia, que no ha hecho otra cosa que crear sospechas sobre las razones por las cuales no las implementa de una buena vez. Cada minuto que pasa el servicio está más precario.
Más allá de las voces en on de Almirón y López, hay surtidas voces en off con esas especulaciones. Muchas orientadas en la misma dirección: que la intención es buscar el momento propicio para sacar mayor provecho a este recambio, designando un mayor número de amigos propios.
La cuestión es que el recambio pendiente está afectando cada vez más el ritmo judicial, con jueces hartos de la falta de personal, funcionarios desmotivados y trabajadores en huelga. López cuenta que lo único que ha hecho últimamente es “desvestir un santo para vestir otro”, en alusión a que conformaron los nuevos juzgados con personal de otros juzgados, a los que resintieron. Luego están los jubilados y los que se van a jubilar, sin renovación.
De acuerdo a sus registros, hay juzgados penales con sólo dos empleados igual que otros civiles –como el Octavo y el Primero- en que la falta de personal es peor porque las tramitaciones son más largas. Y puntualiza el drama de los juzgados de menores.
Almirón coincide en que todos los fueros tienen falencias de personal severas y pone el acento en Minoridad y en Familia, donde se creó un nuevo juzgado que no funciona. Tanto él como
López admiten que hablan de estos problemas con la Corte: “Hablamos de la justicia de paz, de los edificios, pero del personal no hay novedades”, dice Almirón. “Nos resuelve algunos problemas como el traslado de algún empleado que tuvo problemas con un juez, pero nada más”, dice López.
Esta semana tuvieron una huelga en el hall de Tribunales y volvieron a tener problemas cruzados. Los empleados les reclaman a los jueces que no les impidan ir a las asambleas, porque después los magistrados piden colaboración en los juzgados: “La lealtad, en algunos casos no es recíproca”.
Otro clásico pendiente: los ascensos judiciales
Si ascienden los abogados, chocan con los administrativos. Estos últimos se quejan de años sin ascensos. La pulseada por los cargos.
En Tribunales hay dos categorías: los funcionarios y los administrativos. Los primeros son abogados que tienen su propio escalafón, mientras los administrativos en general son gente sin título que entró a desempeñar otros roles en la estructura. Hoy hay celos y roces entre estos dos. La razón: los administrativos temen que designen en la máxima categoría a la que pueden llegar –la de jefes de despacho- a los abogados y terminen así bloqueando sus propios ascensos.
Ese fue el principal motivo de la medida de fuerza del gremio esta semana, que se vivió incluso con alguna rispidez en el hall de entrada ante el paso de un cortista, como había ocurrido meses atrás. Según Sebastián López, hay empleados en Tribunales que llevan hasta 23 años con cargos bajos y sin ascensos, y que temen que faltando poco para jubilarse deban pasar a retiro con un ingreso magro. O que hay escribientes en algunos juzgados penales que cumplen el trabajo de prosecretarios o hasta secretarios por la falta de movilidad.
Entre ellos cuentan que hay oficiales de justicia que son en realidad escribientes o jefes de despacho y que no se han actualizado esas jerarquizaciones hace años. “Está la misma estructura desde hace 40 años”, se queja López, quien agrega que tampoco reciben pagos adicionales y en blanco por esas funciones extra ocasionadas por la falta de personal.
