La crisis que atraviesa el Correo Argentino a nivel nacional se siente con dureza en San Juan, con oficinas cerradas y familias en la calle. En las últimas horas, la situación escaló drásticamente cuando 14 trabajadores de la provincia recibieron telegramas de despido, sumándose a una sangría que ya cuenta con más de 900 desvinculaciones en todo el país, incluyendo provincias como Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Este escenario se enmarca en un plan de reestructuración estatal que busca alcanzar un "punto de equilibrio" mediante el recorte de personal y gastos operativos.
Víctor Ortega, secretario general de FOECYT en San Juan, describió un panorama desolador para el servicio postal local. Según el dirigente, en diálogo con Canal 13 San Juan, la dotación de personal en la provincia quedó reducida a solo 140 empleados, lo que significa que en apenas dos días se perdió el 10% de la fuerza laboral. Ortega denunció que estos despidos no fueron sorpresivos, sino que estuvieron precedidos por mensajes de presión: "En dos ocasiones todos los muchachos y todas las compañeras recibieron telegramas intimidatorios para que levantaran las medidas", afirmó, refiriéndose a los reclamos salariales que venían manteniendo.
El impacto de este ajuste no solo afecta a los trabajadores, sino que deja a comunidades enteras del interior sanjuanino sin acceso al servicio. En el último año cerró la oficina de Angaco, el mes pasado la de San Martín y esta semana se concreta el cierre de la sucursal en Villa Aberastain en Pocito. Ortega explicó que esto implica mayores gastos de traslado para el personal restante y, fundamentalmente, deja a esos departamentos desamparados en el servicio postal. Esta falta de personal ya se traduce en una operatividad deficiente, con retrasos significativos en la entrega de paquetería y de servicios esenciales como las boletas de OSSE, que la empresa no está pudiendo cumplir a término.
La cuestión salarial es otro de los ejes centrales del conflicto. Los trabajadores denuncian que perciben lo que califican como sueldos de indigencia. El representante gremial detalló que un empleado de categoría base con seis años de antigüedad cobra un promedio de 700.000 pesos, una cifra que queda muy rezagada ante la inflación actual.
"El sueldo nuestro está planchado hace dos años. Nuestra empresa empezó a dar ganancias, pero no se derrama un solo peso en los compañeros", afirmó Ortega.
Además, señaló que las últimas propuestas de aumento han sido "imposiciones" de apenas un 1,7%, lo que representa poco más de 10.000 pesos de incremento en el recibo de sueldo.
Ante la falta de respuestas y la negativa de la empresa a reincorporar a los despedidos, el gremio profundizó su plan de lucha. Se ha convocado a un paro nacional de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, afectando totalmente la atención al público. Mientras a nivel nacional se reportan más de 6.000 bajas entre despidos y retiros voluntarios en el último año y medio, en San Juan la premisa sindical es que no detendrán las medidas hasta que los empleados afectados recuperen sus puestos de trabajo.
