Ex funcionario de Hacienda quedó complicado tras declarar en el jury

La declaración del abogado Carlos Sánchez Bustos era muy esperada en el juicio político que se le está haciendo al suspendido juez del Quinto Civil, Carlos Macchi, envuelto en el escándalo de las expropiaciones. Y su paso por el jury ventiló una serie de irregularidades que lo tienen a él como protagonista y al ex ministro de Hacienda, Aldo Molina, actual integrante del Tribunal de Cuentas.

Sánchez Bustos fue el Jefe de Asesores en el Ministerio de Hacienda entre el 2003 y el 2012. Declaró que elaboró los informes jurídicos diciéndole al ex ministro Aldo Molina que la Provincia debía pagar en forma sistemática las cifras siderales por causas de expropiaciones en la que un grupo de abogados, jueces y funcionarios están procesados penalmente.

Eso es una irregularidad. La Ley 5557, la cual rige el Servicio de Asesoramiento Jurídico del Estado, se precisa que sólo los abogados de planta que están en cada área del gobierno son los autorizados a elaborar esos dictámenes jurídicos.

Esto no se cumplía en el Ministerio de Hacienda hasta que estalló el escándalo de las expropiaciones.

Las consultas del Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, fueron las que llevaron a admitir a Sánchez Bustos que desconocía la existencia de leyes desindexatorias y la del Servicio Jurídico del Estado, lo que podría haber evitado el pago de cifras millonarias desde las arcas públicas al abogado Santiago Graffigna, procesado como líder de una asociación ilícita que se había organizado para saquear las arcas mediantes las causas de expropiaciones.

“Probablemente, cuando salga de acá estudie esas leyes”, dijo Sánchez Bustos. Y, ante la insistencia de De Sanctis sobre si conocía algunas leyes de desindexación, Sánchez Bustos respondió molesto: “No he venido a rendir examen”.

El Fiscal de Estado insistió con esas legislaciones, sobre todo con la ley 5557, porque allí está claro que son los abogados del área jurídica los que tienen que elaborar un dictamen autorizando o no los pagos. Y no un asesor, como es el cargo que tuvo durante 10 años Sánchez Bustos.

Sánchez Bustos dio su explicación cuando De Sanctis le preguntó por qué se violaba la legislación no dando intervención a esa ley, y dejando que sólo fuera él –por Sánchez Bustos- quien hacía el informe sobre el que se basaba el ex ministro Molina para autorizar los pagos millonarios.

“Como intervenía Fiscalía de Estado no era necesario la intervención de otra área. Siempre se actuó así, durante los 10 o 12 años que estuve yo allí. Esa fue una decisión del ministro. Yo entiendo que funcionaba así y, como el Derecho es algo que se interpreta, yo lo interpretaba así”, declaró Sánchez Bustos.

“Esos expedientes no iban a Asesoría Permanente –donde estaban los abogados de planta del Estado y cuyo dictamen era el legal, según la ley 5557- porque la legalidad estaba dada por la Fiscalía de Estado.Mí intervención era previa a la decisión final que tomaba el ministro –Molina-. La Mesa de Entradas apartaba todos los expedientes que llegaban de Fiscalía de Estado y yo los trataba”, declaró Sánchez Bustos.

De Sanctis le pidió que precisara los argumentos que usó para adoptar esa forma de trabajo. Y argumentó su pregunta diciendo que “en seis meses se pagaron $8 millones que en tres años se estuvieron embargando y el pago se destrabó por la violación de leyes en el área de Sánchez Bustos.

Sánchez Bustos insistió en la misma frase: “El Derecho se interpreta y yo lo interpreto así”.
A la hora de explicar cómo era el control que él hacía de los expedientes de las expropiaciones, Sánchez Bustos dijo que “el Ministerio de Hacienda no era una instancia revisora de Fiscalía de Estado y de los jueces”.

Ante una pregunta del defensor de Macchi, Guillermo Toranzo, quien ofreció a Sánchez Bustos como testigo, sobre por qué no se aplicó la Ley de Pagos de la Provincia en algunas causas de expropiaciones, el testigo respondió que “el pedido de fondos llegaba desde Fiscalía de Estado, con un dictamen ya hecho; yo entiendo que el Fiscal de Estado es el competente para defender los intereses del Estado y no el Ministro de Hacienda”.

Finalmente, Sánchez Bustos admitió que fue él quien elaboró un informe alertando al Gobierno Provincial las consecuencias funestas para las arcas públicas que iba a traer el reclamo por la expropiación del terreno donde hoy están los estadios abierto y cerrado del Parque de Mayo.

El actual Fiscal de Estado, De Sanctis, le cuestionó duramente a Sánchez Bustos por qué él no hizo nada para evitar que se pagaran cifras alocadas por las expropiaciones, siendo que estaba al tanto de la “sangría” que estaba padeciendo la provincia por esas causas, debido a que el mismo Sánchez Bustos participó de una reunión en Casa de Gobierno con el gobernador Gioja para ver cómo hacían para frenar ese tipo de pagos, y por otro lado autorizaba el pago de causas como la de Ruiz Guillermo, donde la Provincia pagó 23 millones de pesos por una veredita.

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Ex funcionario de Hacienda quedó complicado tras declarar en el jury

Carlos Sánchez Bustos admitió que firmaba dictámenes jurídicos siendo que era asesor, lo que es una ilegalidad. Responsabilizó al ex ministro Molina. Y admitió que jugaba a dos puntas: por un lado aprobaba pagos a Graffigna y por otro alertaba al gobierno sobre las causas de expropiaciones.

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