En la última audiencia del megajuicio por casos de lesa humanidad en San Juan se dio un paso histórico, con la primera denuncia en la Provincia contra funcionarios de la Justicia Federal en los ’70 y sobre el pedido de investigación del rol de cualquier civil para que los crímenes de lesa humanidad de la dictadura queden impunes. El defensor de Margarita Camus, Fernando Castro, apuntó directamente al ex fiscal Juan Carlos Yanello (se jubiló en 2011) y al entonces secretario Raúl Plana (hoy defensor oficial), presentes junto al juez Mario Gerarduzzi (fallecido) en la indagatoria a Margarita Camus en 1977, quien denunció torturas pero “nunca se investigaron”.
Castro dijo que se la actuación de los funcionarios judiciales en los ’70 puede encuadrar dentro de los delitos -que son excarcelables- de incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento de tormentos agravados y asociación ilícita “porque unían fuerzas en un plan común que era la lucha antisubversiva”, según enumeró el querellante.
“Hay varios casos de detenidos que, en virtud de la ley 20840 de la lucha antisubversiva vigente en esa época, comparecieron a declarara en indagatoria como imputados ante la Justicia Federal, y se atrevieron a denunciar ante el juez, el fiscal y otros funcionarios, que eran víctimas de tortura. El tema es que nunca se instruyó ninguna denuncia, nunca se investigó absolutamente nada”, explicó Castro a Tiempo de San Juan.
“Esta tesis no es solamente mía, sino que está en todo el país, en los juicios donde se investigan delitos de lesa humanidad. Está la tendencia de materializar el golpe como ‘cívico-militar’, es decir, viendo qué aportes relevantes hubo de ciertos grupos civiles para que crímenes cometidos por la dictadura queden impunes”, aseguró el abogado. Y agregó: “con ‘civil’ queremos hablar de todos lo no militares como funcionarios, religiosos y empresarios. Por ejemplo, hubo gente que prestó movilidades para traslados de detenidos. Hay varios nombres que han surgido en este juicio”.
“Nosotros sostenemos que con la no instrucción de la denuncia se borraban todos los indicios, todas las pruebas, todas las cuestiones necesarias para darle materialidad. Ellos han colaborado por omisión. Nuestra tesis es que son omisiones dolosas, intencionales, con la finalidad de lograr impunidad. Vamos a trabajar para investigar si los funcionarios que están en esas condiciones pueden ser considerados parte integrante de asociación ilícita del aparato represivo”, sostuvo Castro. “Por lo pronto sabemos que no se instruyó en el caso de Margarita Camus”, dijo.
Explicó que la ahora jueza, que fue presa política entre 1976 y 1981, el 17 de marzo de 1977 fue conducida desde el Penal de Chimbas hacia el Juzgado federal para declarar como imputada por presuntas actividades subversivas. En ese momento su salud estaba bastante deteriorada porque “tras las torturas tuvo un desprendimiento del riñón derecho, orinaba sangre y tenía terribles dolores. Y lo único que se le daba era un calmante”, relató Castro. Al ir a declarar ante Gerarduzzi, Yanello y Plana, la detenida mostraba signos de tortura: “el aspecto general que tenía por el desprendimiento renal era demacrado”, según el letrado. Camus denunció en esa oportunidad que había sido víctima de torturas y contó cómo se hacían y sus efectos. En el Juzgado se tomó nota y así consta en un expediente judicial integrado al megajuicio.
“Todo lo que denunció Camus debió haber sido investigado, si dice que le están pegando, lo mínimo que tiene que hacer porque lo obliga la Constitución es activar un sumario e investigar. El fiscal debió ordenar un examen médico por el cuerpo forense, luego ver quiénes son los autores de esos golpes e iniciar una investigación en el lugar. En cambio, no se hizo nada”, subrayó Castro.
Tras declarar, Camus fue de vuelta al Penal de Chimbas, luego fue trasladada a Devoto donde fue revisada por la Cruz Roja Internacional y después reenviada a San Juan, donde en diciembre de 1978 Gerarduzzi ordenó asistencia médica y en el Sanatorio Mayo se descubrió el desprendimiento renal. En enero de 1979 fue devuelta a Dovoto y allí volvió a estar detenida hasta que en 1981 se le dio la libertad vigilada. Camus había sido sobreseída en 1978, pero en la resolución el juez fijó que quedaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, privándola del derecho de la libertad, en virtud “de un decreto que no existe”, según dijo Castro.
Así, les achacan a los funcionarios judiciales no haber actuado no sólo al momento de la detención sino también durante toda la estadía de Camus tras las rejas. Castro dijo que como el de su cliente hay varios casos, en idénticas condiciones, pero se reservó nombres. Y observó que su exposición durante los alegatos tiene carácter de denuncia, por lo que “el tribunal al momento de fallar si tiene sospecha va a tomar todas las pruebas que yo he provisto, lo van a enviar al juez federal para que comience un sumario y se los citará a declarar y a las víctimas y estoy seguro que esto va a formar parte de los juicios del año que viene”.
viernes 1 de mayo 2026
