Por Gustavo Martínez Puga
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La inspectora se llama Laura Pinazo, tiene 57 años y está detenida por la presunta comisión de exacciones ilegales, según fuentes judiciales. Toda la vida cumplió funciones como inspectora de Bromatología e Higiene de la Dirección de Comercio de la Municipalidad de la Capital. Como el resto de los inspectores, hacía su trabajo sin compañía y tenía la misión de hacer un relevamiento por los comercios para que se cumplan las ordenanzas vigentes.
Además de que llevaba muchos años cumpliendo esa tarea, por lo que se temía que pudiera haber alguna filtración que pinchara el operativo, Pinazo es madre de una funcionaria de alto rango del Ministerio de Desarrollo Humano y de una abogada que trabaja en la fiscalía correccional. Además, tiene un hermano que es un reconocido médico en el gremio UPCN. Por estos cuatro motivos fue que se trabajo con total hermetismo.
Todo comenzó cuando el comerciante Julio Gamerman, dueño de una tienda de venta de ropa por mayor llamado Supergama, ubicado en Avenida Libertador 249 Este, le hizo llegar con otra persona al intendente Marcelo Lima la bronca que tenía porque una inspectora le pedía 2.000 pesos a cambio de no clausurarle el negocio. Y, además, también le aseguraba que con ese dinero ella se iba a encargar de hacer que desde la municipalidad de la Capital no lo molestaran.
El intendente Marcelo Lima le dio la orden a Juan Sánchez, Coordinador de Gabinete, de ubicar al comerciante y asistirlo en todo lo que fuera necesario para sacarle ese problema de encima. Así fue como el comerciante Gamerman llegó acompañado de Sánchez hasta la Fiscalía de Instrucción N°5, provisoriamente a cargo de Silvina Gerarduzzi.
Esta fiscal le tomó la denuncia al comerciante e inmediatamente puso en conocimiento de la situación al juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción. Y juntos organizaron el operativo. Hasta ese momento, lo difícil era producir las pruebas para demostrar que era la inspectora la que estaba pidiendo una coima y de que no se trataba de una trampa en su contra para imputarle un delito, precisaron fuentes judiciales.
Pero a la denuncia bajo juramento de decir la verdad, el comerciante sumó otra prueba: las llamadas telefónicas y los mensajes de texto que tenía por parte de la inspectora intimándolo a pagarle una suma de dinero por fuera de las vías legales.
Lo rutinario en estos casos de corrupción es que se marca el dinero, se deja que se concrete el hecho y se detiene a la persona con los billetes marcados. Pero en esta oportunidad montaron un operativo más sofisticado: además de registrar la numeración de los billetes empleados, también apelaron a la instalación de una cámara y de un micrófono oculto en el negocio del comerciante y dejaron todo el procedimiento certificado en las actas para evitar futuras nulidades.
Todo el procedimiento fue protagonizado por el juez Pablo Flores y la fiscal Silvina Gerarduzzi, quienes tuvieron la precaución de convocar a los policías de la Brigada de Investigaciones sin precisarles el motivo del operativo ni el nombre del sospechoso. Recién cuando llegó el momento de ejecutar, los policías de Defraudación y Estafas y las policías de la Brigada Femenina tuvieron más precisiones, precisaron en Tribunales.
Así fue cómo se llegó al martes a las 20.10. Fue a esa hora cuando la inspectora municipal había quedado en ir hasta el comercio a retirar la coima. El juez, la fiscal y la policía siguieron todo de cerca. Tras concretarse el pago de 1.000 pesos, la inspectora municipal fue detenida por las mujeres policías a pocos metros del negocio. En su poder estaba el dinero marcado. E inmediatamente se procedió al secuestro del video y del audio que registraban la coima.
“Si había corrupción interna, ella lo va a tener que contar”
Una de las promesas de la inspectora municipal apresada era garantizarle al comerciante su influencia en el interior de la Municipalidad de la Capital para que no tuviera problemas con otros inspectores. Por lo tanto, su accionar desata una duda: ¿La inspectora detenida tenía cómplices en la Dirección de Comercio de la Capital?
“Si había corrupción interna, ella lo va a tener que contar”, precisó Juan Sánchez, Coordinador de Gabinete de la Capital, quien participó del operativo acompañando al comerciante a realizar la denuncia.
Sánchez informó que “es muy importante lo que ella –por la inspectora- declare en la justicia. Ahora va a tener que decir quién, desde adentro del municipio, era su cómplice. Esto en el marco de que sea cierto y de que no se trate de una coartada para influenciar al comerciante. Porque tranquilamente esto también puede ser una simple mentira”.
Sobre el pedido de coima a los comerciantes, Sánchez dijo que “es el primer caso en esta gestión que se logra formalizar la denuncia penal, ya que la coima es un delito muy difícil de probar. Este fue un caso puntual que nos llegó a nuestro conocimiento por la predisposición del comerciante. Siempre hay rumores de coimas, pero nunca son fundados y muchos menos denunciados por las supuestas víctimas”.
No iría presa
Por ahora, el delito de la inspectora municipal está calificado como exacción ilegal. Fuentes judiciales explicaron que la palabra exacción significa exigir multas deudas o impuestos en nombre del Estado. El prefijo ex significa sacar, y lo que se extrae del patrimonio de los particulares en concepto de exacciones o sea para multas, dádivas o impuestos en la mayoría de los casos son legales, pero en las exacciones ilegales esa exigencia es indebida y la entrega se produce en virtud del temor generado por el delincuente que debe ser un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Así lo estipula el artículo 266 del Código Penal Argentino y la pena es de 1 a 4 años de prisión, más entre 1 y 5 años de inhabilitación especial.
