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SUSCRIBITE Marcelo Vargas, actual delegado de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y ex presidente del Centro Comercial de Rawson, fue desalojado por orden de un juez de paz del negocio que ocupaba sobre calle Boulevard Sarmiento, frente a la Plaza de Villa Krause, en Rawson.
La demanda por desalojo la hizo Ernesto Hugo Sánchez González, un jubilado de 73 años, que es propietario de varios locales comerciales en la zona de Villa Krause. Según consta en la demanda presentada el 15 de septiembre de 2022, Vargas y su esposa, Carina del Valle Quiroga (actual presidenta del Centro Comercial de Rawson), no pagaban el alquiler del negocio desde hace más de un año. De hecho, el contrato de alquiler está a nombre de la mujer del delegado de la CAME.
"Él hace un año y medio que decidió no pagar más el alquiler. Nosotros, en ese momento, pasaron dos o tres meses y decidimos poner un abogado porque veíamos que mi mamá iba a cobrar y no le pagaba", relató a Tiempo de San Juan, María José Sánchez, hija del matrimonio de jubilados que son propietarios del alquiler.
La abogada Soledad Almazán presentó la demanda por desalojo en nombre de los jubilados pero, además, el conflicto entre las partes escaló a tal punto que a Vargas lo denunciaron varias veces por amenazas.
"Le hice tres denuncias por amenazas y ahora una cuarta porque me dejaron el local destrozado y me robaron un montón de cosas. Arrancaron los focos, nos robaron las rejas y rompieron todos los vidrios", detalló la hija de Sánchez.
Según dijo María José Sánchez, además de las denuncias por amenazas, su abogada le recomendó denunciar también los destrozos.
El negocio es donde Vargas y Quiroga vendían calzado y alquilaban en ese domicilio desde hace años. Sin embargo, en 2022, por alguna razón que los propietarios desconocen, dejaron de pagar.
"Muchas veces intentaron dialogar con él. Trataron de defenderse diciendo que pagaban un alquiler de 6 mil pesos por mes, imagínese, cuando acá un local sale 120 mil pesos por mes", aseguró Sánchez.
Antes de que la Justicia utilice la fuerza pública, Vargas y Quiroga retiraron sus cosas del negocio. Ahora, deberán enfrentar en la Justicia Penal, las demandas por amenazas.