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SUSCRIBITEEn solo una semana, se registraron múltiples amenazas de bomba en el Hospital Rawson, escuelas y el Centro Cívico. Los operativos activados costaron más de $3 millones cada uno, según informó el secretario de Seguridad local, Enrique Delgado; quien puso sobre la mesa la posibilidad de cobrar ese monto a los responsables identificados.
En apenas una semana, San Juan vivió una ola de amenazas de bomba que obligaron a evacuar el Hospital Rawson, varias escuelas y el Centro Cívico. La activación del protocolo de seguridad generó momentos de tensión, movilizó a cientos de personas y dejó un saldo económico considerable que ahora está en el centro del debate: según informó la Secretaría de Seguridad, cada operativo superó los $3.000.000.
En rueda de prensa, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, explicó que la labor del Departamento D-8 y del CISEM fue clave para rastrear el origen de los llamados intimidatorios. “Se ha evaluado y el costo operativo de puesta en marcha del protocolo para estos casos supera los 3 millones de pesos por cada amenaza”, sostuvo.
Delgado calificó los hechos como un “acto de irresponsabilidad” y remarcó la necesidad de abordar el problema desde la educación y la concientización. “Cuando uno transparenta y pone en valor el número del costo operativo de una falsa denuncia, los papás toman conciencia. Hay que transmitirles esa conciencia a los chicos”, agregó.
Las imágenes de padres llegando con urgencia a las escuelas para retirar a sus hijos dieron cuenta de la tensión vivida en distintos puntos de la provincia. Según detalló el funcionario, sólo uno de los llamados fue realizado por una persona mayor de edad; el resto, presuntamente, por menores.
“En los operativos se moviliza personal, patrullas, tecnología especializada… todo eso tiene un costo. Por eso estamos evaluando una medida ejemplificadora: ese gasto debe ser afrontado por los responsables. Y si son menores, deberán hacerse cargo los adultos responsables”, afirmó Delgado.
Desde el Gobierno provincial ya trabajan en las vías para implementar esta sanción, tanto por la vía penal como por la administrativa.
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