El REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis) es una base de datos diseñada para registrar a las personas que cultivan, trasladan y consumen cannabis con fines medicinales, terapéuticos y/o para el tratamiento paliativo del dolor. Ingresar al registro conlleva recibir un carnet que para usuarios particulares tiene una vigencia de tres años, mientras que para las asociaciones civiles la autorización es por solo un año. Al vencerse hay que renovarlo y ahí es donde aparecen los inconvenientes, ya que a las nuevas disposiciones de Nación sobre el uso del cannabis se suman un abanico de contratiempos que deben enfrentar tanto personas como grupos a la hora de acceder al carnet que los exceptúa de tener una causa legal, por ejemplo, si son detenidos en la vía pública con marihuana o sus derivados.
Tiempo de San Juan dialogó con las abogadas Diana Barreneche y Rocío Paz, quienes cuentan con vasta información sobre los aspectos jurídicos del cannabis en Argentina. También con usuarios sanjuaninos de cannabis que decidieron mantenerse en el anonimato, pero compartieron los inconvenientes con los que se toparon a la hora de renovar el carnet.
Tanto Barreneche como Paz coincidieron que las demoras a la hora de obtener el carnet se vienen registrando desde el gobierno anterior, pero los tiempos se dilataron más cuando asumió Javier Milei. No fue por una decisión política contra los consumidores de cannabis, sino por la reducción general que se dio sobre el presupuesto de salud que impactó en el recurso humano. “En REPROCANN están trabajando 5 personas para todo el país con una demanda que va en ascenso”, detalló Paz.
Esta demanda en ascenso se da en parte porque en mayo de este año el gobierno nacional realizó cambios en el registro, modificando tanto plazos como requisitos, llevando a que las aproximadamente 100.000 personas que habían iniciado el trámite tuvieran que hacerlo de nuevo. En el caso de San Juan, hasta julio del año pasado había 5.200 personas en el registro y 3.200 estaban en proceso de evaluación. “No sabemos cómo está la situación ahora porque no hay especificidad en la cantidad de inscriptos, ya que esos datos solo los maneja Nación”, precisó Paz.
La nueva normativa divide en tres categorías a los inscriptos en el nuevo Reprocann: usuarios/pacientes (las personas físicas que cuenten con indicación médica para el uso de cannabis medicinal terapéutico y/o paliativo del dolor y sus derivados); cultivadores (las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos para cultivar cannabis para uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor y sus derivados); y personas jurídicas permitidas que integran proyectos de investigación y desarrollo. Dentro del universo de cambios, Barreneche explica que se endurecieron los requisitos para el cultivo de terceros, ya que podrá cultivar para otro único usuario y no deberá excederse del doble del rango de cultivo para un auto cultivador, manteniendo el máximo en 18 plantas.
A los problemas administrativos que dilatan la entrega del carnet se suma el rol del médico que realiza la receta médica. “El médico tiene que acreditar haber recibido una formación académica sobre cannabis y su matrícula tiene que estar aprobada a nivel nacional en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS)”, indica Barreneche.
Es precisamente en este punto donde encuentran inconvenientes los usuarios que deben renovar sus carnet consultados por este medio, ya que los médicos que prescribieron la primera vez por distintos motivos (o por carecer de la formación) dejaron de hacerlo, y encontrar profesionales que puedan dar seguimiento a las patologías resulta complejo, en parte porque tienen una mirada juiciosa sobre el consumo de cannabis, y en parte porque son pocos los médicos que reciben las formaciones y capacitaciones.
A ello se suma que a la información que solían presentar se agrega un seguimiento médico del tratamiento, incluyendo evolución, mejoras, retrocesos, entre otras cuestiones; seguimiento que no tienen todos los profesionales.
Este aspecto es crucial, de acuerdo a lo que remarca la profesional Paz, porque entra en juego otro organismo en San Juan, y es Personería Jurídica. Conforme a lo que detalló, en la provincia hay una asociación civil de médicos cannábicos en formación y hace un año y medio están a la espera de la resolución para constituirse como tal de manera legal. Junto a los médicos, hay unas 8 organizaciones civiles con perfil cannábico (conforme a los datos de los abogados activistas locales) que están “frenadas” en Personería Jurídica.
“Entiendo el cuestionamiento de este uso medicinal, pero hay que tener varias cosas en cuenta”, acota Barreneche. Y continúa: “La salud no es solo ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar. Necesitamos facultades de medicina que formen en cannabis. Más allá de las patologías, esta sustancia tiene múltiples beneficios tanto en salud física como mental y eso es lo que la ley debería considerar”.
La capacitación para la abogada Paz debería ampliarse del sistema médico a las fuerzas de seguridad como a la sociedad en general. Incluso adelantó que tras las Jornadas Académicas “Cannabis, Derecho y Sociedad” que se realizaron a principio de mes se avanzó en la posibilidad de la creación de una mesa intersectorial, entre CANME, el Ministerio de Producción y si es posible sumar a Seguridad.
En el mientras tanto, en las últimas horas se publicó la Resolución 260/2022 del Instituto Nacional de Semillas que habilita a que toda persona pueda adquirir semillas de cannabis sin necesidad de presentar ningún tipo de documentación. Pese a ello, es válido aclarar que la tenencia y siembre es considerado un delito según la Ley de Drogas 23.737, salvo que la persona esté inscripta en el REPROCANN, y así la rueda continúa hasta volverse un círculo vicioso.
