En el año 2022, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó un nuevo sistema electoral que debutó en las elecciones del 2023: el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad). Se eliminaron las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), motivo por el cual hubo una gran cantidad de candidatos a intendentes en todos los departamentos (fue uno de los puntos más criticados del sistema, ya que en departamentos tales como Chimbas hubo casi 30 aspirantes). Pero también hubo otro cambio clave: la forma mediante la cual se conformaban los Concejos Deliberantes. A casi dos años de la asunción de los cuerpos deliberativos que se eligieron en ese entonces, se pueden observar las consecuencias que hasta generaron escándalos judiciales.
Para entender este nudo hay que refrescar un poco la memoria. El Sipad establece la conformación de lemas (frentes, agrupaciones o partidos polítcos) y, dentro de ellas, sublemas (cada uno de ellos tiene la oportunidad de llevar fórmulas provinciales o, en este caso, candidatos a intendentes). De esta manera, cada candidato a intendente, tenía su propia lista de concejales.
El Sipad instituye que la conformación de los Concejos Deliberantes se debe realizar bajo el sistema D’Hondt. Se aplica una vez finalizado el escrutinio definitivo y consiste en una fórmula matemática que primero excluye a todas las listas que no superen el 10% del padrón electoral del distrito; luego, con las listas restantes, se divide el total de votos válidos obtenidos por cada una entre 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta alcanzar la cantidad de cargos a cubrir, ordenando los cocientes resultantes de mayor a menor para asignar los escaños.
Es aquí donde comienza el problema en los departamentos en los que la conducción política se le dificulta establecer acuerdos, ya que este sistema permite incluir una variedad de agrupaciones políticas dentro de un mismo Concejo Deliberante.
El caso más resonante es el de Caucete. En este caso, el Concejo Deliberante está formado por 7 integrantes. La candidata que más votos obtuvo fue el de la intendenta Romina Rosas, que metió tres concejales (el presidente del concejo, José Luis Giménez, Marina Poblete y Luis Roca). Luego ingresaron Franco Buffagni y Pedro Gómez, quienes fueron candidatos de Sonia Carina Recabarren. Ambas candidatas formaban parte del sublema “Vamos San Juan”, del por entonces gobernador Sergio Uñac. Por este motivo, los cinco ediles se formaron bajo el Bloque Justicialista.
La oposición departamental metió dos ediles, ambos del sublema “Cambia San Juan”, pero de distintos candidatos a intendentes. Por Iván Kadi ingresó Ramiro Fernández, mientras que, por José Bernal, Emanuel Castro. Los dos armaron un bloque en conjunto.
Al principio se creía que Rosas iba a tener mayoría completa en el Concejo, pero esto no fue así. Buffagni y Gómez empezaron a responder a diferentes intereses y rápidamente comenzaron a comportarse como oposición. Tanto así, que muchas veces (por no decir siempre) votaban con la oposición de Cambia San Juan. Esto generó varios desacuerdos, como por ejemplo, no le aprobaron el Presupuesto 2025 a la intendenta, y hasta la terminaron interpelando por la deuda que el municipio mantiene con Decsa, la empresa distribuidora de energía eléctrica.
Los conflictos fueron escalando poco a poco, y tuvieron su punto culmine en el último mes. Luego de retenerle el derecho al voto a Fernández y Castro, los tres ediles de Rosas lograron la suspensión de los mismos por una denuncia que aún no tiene sentencia. El conflicto judicial comenzó luego de que la secretaria de bloque denunciara que los legisladores la extorsionaban para que les pasara la mitad de su sueldo, pero aún no tienen avance.
Fernández y Castro presentaron un amparo ante la Justicia para que revierta la suspensión de un mes que se aprobó en el recinto. Es que entienden que fue una decisión completamente arbitraria, y responde a una necesidad política en un mes clave. Es que en diciembre se aprueban ordenanzas clave tales como el presupuesto, por lo que creen que desde el oficialismo departamental hicieron esta movida para tener la mayoría en el Concejo y, así, aprobarlo sin problemas.
De esta manera, un oficialismo que en principio tenía mayoría en el Concejo Deliberante terminó teniendo minoría. Esto, sumado a la incapacidad de negociar y armar lazos políticos, terminó por complicar el rol legislativo en el departamento.
Otro de los departamentos más complicados en este contexto es Calingasta. En este caso, el lema “Vamos San Juan” metió los cinco concejales, pero de un variopinto de candidatos. En las elecciones de 2023, el intendente Sebastián Carbajal logró ingresar al Concejo Deliberante a Patricia Castillo y a Santos Zárate, conformando un cuerpo sin oposición externa pero atravesado por internas vinculadas a los sectores de dos históricos referentes de Calingasta: Robert Garcés y Jorge Castañeda. Garcés, intendente durante tres períodos y segundo en los comicios de 2023, incorporó a los concejales Sebastián Ramos y Nora Olivares, mientras que el actual diputado departamental, Jorge Castañeda, cuyo hermano Luis compitió por la Intendencia y quedó tercero, logró sumar a Heber Tapia como representante.
Si bien en la teoría Carbajal no debería tener oposición, dado que todos los concejales son del mismo partido político, lo cierto es que en la práctica no tiene ningún miembro que le responda. La polémica tuvo inicio durante el debate por la adhesión del municipio al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una norma clave para un departamento minero como lo es Calingasta. Pese al pedido del intendente, los ediles levantaron una gran polvareda y se negaron a aprobarla.
El tironeo político fue tanto, que tuvo que intervenir el Gobierno provincial. Luego de visitas de funcionarios del Ministerio de Minería y del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, los ediles dieron el visto bueno.
Si bien este fue el puntapié inicial del conflicto, los desencuentros continuaron. Cuando Carbajal decidió suspender las fiestas departamentales, los ediles decidieron participar con la comunidad para reorganizarlos.
Este 2025, Carbajal fue interpelado por varias situaciones que conllevan el manejo del municipio. Una de ellas es la cantidad de contratados que trabajan en el municipio, así como también por la creación de cargos anteriormente inexistentes.
La última polémica se dio por el camino de Hualilán, que terminó con Patricia Castillo desplazada de la presidencia del Concejo. En cuatro días, Calingasta pasó de un acuerdo inicial con Minería y la empresa, a una serie de marchas y contramarchas que reabrieron el conflicto por el trazado que usarán los camiones hacia Casposo. Tras una reunión cordial el jueves 27 de noviembre, el Concejo Deliberante sorprendió con un fuerte comunicado de rechazo, luego retirado por el municipio, lo que profundizó las tensiones.
Aunque el lunes pasado se intentó retomar el diálogo con un nuevo comunicado conciliador, el martes el Concejo desplazó a su presidenta y puso a Zárate como nuevo presidente, dejando a Ramos como vicepresidente primero.
Si bien no se pueden echar todas las culpas a un sistema electoral, lo cierto es que tuvo muchas consecuencias tanto en el momento de las elecciones como en la posteridad. Una de las promesas de campaña del gobernador Marcelo Orrego fue cambiar el sistema, pero la discusión no se llevó adelante estos dos años. Solo le resta el 2026 para que San Juan tenga una nueva forma de ir a las urnas, ya que en el 2027 se deben renovar nuevamente las autoridades en toda la provincia.
