Lo que comenzó el viernes como un tuit de Javier Milei promocionando una criptomoneda se transformó rápidamente en una polémica de gran escala. El gobierno busca minimizar el asunto, mientras que la oposición intenta fortalecer su postura con pedidos de juicio político y la apertura de investigaciones en el Congreso.
La promoción fallida del token $LIBRA, que causó pérdidas millonarias a miles de inversores, ya ha derivado en más de un centenar de denuncias ante la Justicia Federal. Según fuentes judiciales, hasta el momento se han presentado 112 denuncias penales contra el presidente, originadas por su tuit en redes sociales y su posterior retractación. De estas, 111 fueron presentadas de manera digital y serán procesadas a partir de mañana, cuando se reanuden las actividades judiciales. Sin embargo, una denuncia fue presentada de forma presencial en una comisaría de Buenos Aires y aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan. Esta denuncia, realizada por Miguel Ángel Heredia, será clave para determinar si el presidente incurrió en algún delito y para agrupar las demás demandas.
La Justicia deberá determinar si la publicación de Milei, que promocionó la criptomoneda $LIBRA, constituye un delito. La criptomoneda, que experimentó un rápido aumento en su valor para luego desplomarse, generó una gran controversia. El presidente mantuvo el tuit en su cuenta durante varias horas, pero luego lo eliminó y publicó otro mensaje donde se desentendió del asunto, alegando que no tenía vínculo con el emprendimiento y que, tras informarse mejor, decidió dejar de difundirlo.
El debate sobre si esta publicación constituye un delito sigue abierto. En este sentido, el abogado Jorge Grispo aseguró que un tuit, por sí solo, no puede ser considerado un delito, ya que la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. De forma similar, Miguel Nathan Licht destacó que promover un proyecto comercial, por más volátil que sea, no equivale a cometer un ilícito, a menos que se demuestre un engaño deliberado.
Por otro lado, el abogado Daniel Kiper advirtió que las redes sociales pueden ser utilizadas para difamar, hostigar e incluso cometer delitos. Según Kiper, un mensaje en redes sociales podría ser considerado delictivo si cumple con los elementos de una figura penal, de acuerdo con el Código Penal argentino.
Las denuncias presentadas incluyen acusaciones de estafa, manipulación de precios y otros delitos financieros. Entre los denunciantes se encuentra Agustín Rombolá, ex presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, quien denunció presunta "estafa" y "negociaciones incompatibles con la función pública". También se están preparando acciones legales colectivas para defender los ahorros de los afectados.
Otras denuncias fueron presentadas por Jonatan Baldiviezo y otros abogados, quienes sostienen que Milei formó parte de una "Asociación Ilícita" responsable de la estafa con $LIBRA, que afectó a más de 40 mil personas. Además, Gregorio Dalbón presentó una demanda que no solo involucra al presidente, sino también a otros miembros del Gobierno y empresarios vinculados al mandatario.
La situación sigue siendo compleja, y la decisión judicial será clave para determinar las implicaciones legales de las acusaciones.