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SUSCRIBITE La obra pública motoriza la economía de San Juan y ocupa más de 10.000 trabajadores en la provincia.
La ley la emergencia de la obra pública de San Juan fue aprobada el año pasado con fuertes cruces en la Legislatura provincial y promete nuevo debate. Es que la norma caducará en noviembre y su renovación ya provoca algunos roces.
El que encendió la mecha y puso la emergencia de la obra pública como tema de agenda dentro de la transición gubernamental fue el mismo Sergio Uñac, quien planteó sus dudas sobre qué hará Juntos por el Cambio ahora que será Gobierno con esta norma que nace como una herramienta para que el Estado pueda mantener los puestos de trabajo en las obras que lleva adelante. Es que el orreguismo no acompañó la sanción de esta ley en 2022 y ahora quedó la segunda edición con final abierto.
La ley establece que durante un año, desde noviembre de 2022, el Estado puede pagar a las empresas con dinero de las arcas provinciales las diferencias de precios que surjan entre lo presupuestado y lo realmente devengado al ritmo de la inflación. Este recurso, al momento de votarse, tuvo como argumento oficial la situación "extremadamente crítica en materia económico-financiera" en el país, "cuyas consecuencias afectan directamente al Gobierno de la Provincia de San Juan", poniendo en riesgo de la discontinuidad de obras ya iniciadas. Se hablaba del peligro de perder unos 10.000 puestos de trabajo en la construcción.
Este lunes, en diálogo con Radio Sarmiento, Uñac trajo el tema a colación y le dejó a la oposición la pelota rebotando: "San Juan fue la única provincia del país que aprobó una ley que le permitió a la obra pública sanjuanina mantenerse, porque si no, obviamente, por efectos de la inflación iba a terminar paralizándose. Esa ley fue votada en contra por todo el bloque de Juntos por el Cambio. Nosotros le explicábamos que era para mantener, hoy tiene 12.000 trabajadores registrados la construcción en la provincia de San Juan. Le dijimos, 'mirá, hay que aprobarla, esto está bueno'. Y ellos dijeron que no. Los diputados nuestros, obviamente, pusieron el pecho a las balas y aprobaron la ley".
Y fue más allá el gobernador con la interpelación al orreguismo: "¿cuándo se vence esa ley? En noviembre. Entonces, pensar en algo que va a impactar en el 2027, y no pensar en algo que ellos votaron en contra, que ahora está en manos nuestras, continuar con eso o decirle a la obra pública 'nosotros llegamos hasta acá', porque esos diputados que fueron en aquel momento criticados, hoy tienen que servir al próximo gobierno para que la obra pública se mantenga".
Para Uñac, consultado sobre si cree que Juntos por el Cambio debería ahora votar a favor, expresó que "bueno, lo vamos a conversar, obviamente, sí".
No obstante, el gobernador descartó que vayan a ocuparse de enviar desde el Ejecutivo la renovación de la ley. "No, nosotros no lo vamos a enviar, ya nos estamos yendo. A lo mejor ellos piensan que no hay que hacerlo. Bueno, pero si hay que hacerlo, tienen que votar los nuestros. Entonces, esas son las cosas que hay que resolver ya, porque hablar del 2027 es ciencia ficción", analizó.
La ley de 2022 se planteó ante un contexto difícil para la ejecución de obras. Ahora los empresarios plantean un escenario quizá peor y muy preocupante.
El 10 de noviembre de 2022, la Legislatura aprobó con veintitrés votos positivos y once negativos la declaración de emergencia en la Obra Pública en todo el ámbito de la provincia de San Juan con el fin de paliar las significativas distorsiones económicas de ese momento, mediante la implementación de acciones que garantizaran la realización, continuidad y culminación de las obras, "en miras a la protección de intereses públicos y al cuidado del bienestar general".
Se declaró así la emergencia de la obra pública por un año, fijando rever los contratos, que el Estado renuncie a ciertas exigencias para con las empresas y fijar el control del sistema por parte de una comisión especial integrada por diputados provinciales.
Esto es, una revisión de los acuerdos contractuales celebrados entre Estado y empresas directamente afectadas por la crisis. La meta fue "reestablecer condiciones similares a las originalmente pactadas y la determinación de una 'nueva línea de base', a través de la cual se definan compensaciones acordes a la magnitud del cambio de escenario producido respecto a las condiciones e indicadores contemplados en el diseño original del proyecto, que fueron adoptados como punto de partida".
El Gobierno de San Juan necesitó esta ley para que autorice los cambios y flexibilizaciones en el relacionamiento con las constructoras, ya que sin la norma existe el corset de la Ley N° 128-A de Obras Públicas de San Juan que regula las adjudicaciones, contratos y ejecución de trabajos de infraestructura en la Provincia.
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