Este martes, a través del Decreto 787/2025, el Gobierno nacional dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que durante más de tres décadas reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina. La nueva medida elimina el control estatal sobre las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, habilitando a las instituciones a definir libremente sus valores sin necesidad de autorización previa ni comunicación anticipada. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación de San Juan aclararon que, por el momento, la provincia continuará con su propio esquema de regulación.
Fue la secretaria de Educación, Mariela Lueje, quien explicó en diálogo con Radio Sarmiento que, “en San Juan tenemos una normativa vigente que es la que rige hasta el momento. Vamos a seguir con las disposiciones provinciales. Por ahora queda todo así”.
La funcionaria detalló: “En lo que resta del año, queda la aplicación de una actualización más y otro, que corresponde al 2025, que se ejecuta a principios del 2026. Nuestra normativa tiene en cuenta el IPC, con aumento docente en paritarias e indicadores que permiten definir los porcentajes de incremento de cuotas para los colegios”.
En ese sentido, desde la cartera educativa provincial esperan que finalice el ciclo lectivo antes de definir cómo se implementarán los futuros aumentos de aranceles en los colegios de gestión privada de San Juan.
Qué cambia con el decreto nacional
Según los fundamentos del Decreto 787/2025, el Gobierno nacional considera que el sistema anterior “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”.
El texto sostiene que el esquema vigente desde los años 90 respondía a un contexto en el que la educación dependía directamente de la administración nacional. Con la transferencia de competencias a las provincias, el Ejecutivo argumenta que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos privados”, garantizando así su sostenibilidad económica y el derecho a una educación de calidad.
Entre los puntos centrales, el decreto advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes”, ya que la obligación de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas “limita la capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado”. Según el texto, esta rigidez “termina afectando tanto a las instituciones como a las familias, que enfrentan incrementos más altos desde el inicio del ciclo lectivo”.
El documento también invoca el derecho de propiedad y la libertad de contratación de los institutos privados, al sostener que deberían poder fijar sus condiciones y políticas salariales sin autorización estatal.
Por último, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991 —la norma base del sistema de financiamiento de la educación privada— y presentar una propuesta de modificación. El objetivo, según se detalla, es avanzar hacia un esquema de libre contratación y competencia, en el que cada institución educativa defina sus precios en función de la demanda y los costos del sector.
