Sigue creciendo la polémica por la expropiación de la ex bodega La Superiora, que fue primicia de Tiempo de San Juan, que puso contra las cuerdas a la Municipalidad de Rawson, confinada por la Justicia a pagar una deuda que trepó de 1,8 millones de pesos a 370 millones, por el revalúo de la propiedad. En la gestión de Carlos Munisaga no descartan llevar a la Justicia Penal a los responsables si hallan pruebas de manejos irregulares. "Las negligencias están", dijo el intendente este lunes.
"Yo lo que ahora tengo que defender es el interés de Rawson, primero que nada. Es que allí, en ese expediente, agotar todas las posibilidades de defensa para que ese daño no se materialice. Y a la par, todos los responsables tendrán que tener su cauce y hacerse cargo. Pero concentradas todas las energías ante la urgencia de encontrar las instancias de defensa en el proceso judicial", sentenció el jefe comunal, en rueda de prensa. Y agregó que ya está hecha la presentación antes la Cámara, que "es un pedido de queja que esperemos que esta semana nos lo abra".
En la misma línea, el Secretario de Modernización de la Municipalidad de Rawson, Adriel Fernández, quien se encarga del asesoramiento legal del asunto, habló de maniobras que le llamaron la atención a la actual gestión que encabeza Munisaga, cuestionando desde al abogado de la gestión anterior, Pablo Manzur, hasta a los miembros del Tribunal de Tasaciones y la jueza Adriana Tettamanti que intervino en el proceso. Habló de que "corrupción" y dijo que "si ya pasó, ¿por qué no puede volver a pasar? En una situación de extraña indefensión del municipio, en la cual solamente si es corregido un número, que es dólar blue o dólar oficial, nos vamos a la mitad del valor".
Fernández se explayó sobre cómo consideran la actuación de cada pieza del proceso iniciado durante la gestión de Juan Carlos Gioja (PJ). Consultado sobre si cree que hubo alguna intencionalidad en sacarle todo lo que se pueda al municipio para enriquecer a un grupo de personas, dijo que "las intenciones en todo caso las tendrá que evaluar algún tipo de autoridad competente mirando las pruebas, pidiendo explicaciones. Lo que sí puedo afirmar es que la defensa técnica fue nefasta. Entonces, desde ese punto de vista, sí que estamos en una situación en la cual quien debía ser diligente, fue negligente. Quien debía velar por la correcta tramitación de las causas y plantear recursos o impugnaciones en el tiempo oportuno. Hubo una tasación que demoró dos años, tiene 300 páginas. Y hubo otra que demoró un mes y tiene 15 páginas. En la que el municipio no intervino en ningún momento. Conociendo que se estaba llevando adelante", se quejó Fernández en alusión a Manzur, en declaraciones este lunes a radio Estación Claridad.
Incluso, el funcionario de Munisaga no descartó avanzar en una denuncia penal contra alguno de los que consideren responsables, cargando tintas sobre la gestión del también peronista Rubén García. "En principio tenemos que impulsar un análisis administrativo interno. Que obviamente yo ya tengo mis conclusiones, pero prefiero esperar a que se expida de manera formal el organismo que corresponde internamente. También está haciendo lo propio el Concejo Deliberante de Rawson y eventualmente, a raíz de las conclusiones a las que se arriben, vamos a impulsar los procesos penales que consideremos oportunos. En caso de que estas conclusiones nos lleven a plantear que existe algún tipo de situación irregular que tenga que ver con el fuero penal".
No obstante esa cautela, Fernández habló de esta situación comparándola con la de la megacausa que se judicializó a nivel provincial. "Hay que leer el diario. Yo soy joven, pero entiendo que hoy tenemos una megacausa por expropiaciones, en la que también había miembros de tribunal de tasación, fiscales del Estado, abogados, etcétera. No sería demasiado descabellado pensar en un banquillo de acusados con aristas similares", lanzó.
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Rubén García y Juan Carlos Gioja, los antecesores de Carlos Munisaga que manejaron la expropiación de La Superiora.
"Corrupción"
Fernández habló de "impericia" por parte del ex abogado municipal Manzur y también usó la palabra "corrupción". "Evidentemente sí (hubo impericia), porque habiendo sido notificado del resultado de la tasación, no le importa en ningún momento. Cuando uno es funcionario público, no importa si es burro o si tuvo mala intención. Es lo mismo, porque el resultado corrupto es exactamente igual. Al vecino no le importa si yo me quise robar la plata o si no me importó el resultado del expediente y por eso lo perjudico a ese vecino. Es decir, todos los días nosotros recibimos reclamos de necesidades, de cambiar luces, etcétera. Para el vecino va a ser igual, porque esa plata no va a estar para poder llevar a cabo esa mejora", sostuvo el funcionario de Munisaga.
Ratificó Fernández que la gestión de Munisaga prevé ir hasta el fondo de la cuestión: "Ya lo planteó el intendente, que no nos vamos a dejar tomar el pelo, insisto, no a la gestión municipal, sino a los 140.000 vecinos para los que trabajamos".
También opinó sobre el rol del Tribunal de Tasaciones que es de indole provincial. "El Tribunal de Tasaciones, que ya no existe, porque fueron removidos todos en febrero de este año, también tendrá que dar cuenta de por qué determina un valor u otro. Solamente esa variable, que es el dólar blue, nos lleva a un resultado diferente", afirmó Fernández. Y puso en tela de juicio el accionar de los ex integrantes del organismo: "No lo quiero afirmar, lo pongo en términos condicionales, pero si ha sucedido, si hoy está pasando eso, en otro proceso, ¿por qué no puede pasar en uno nuevo?", acusó, volviendo a recordar la megacausa de expropiaciones.
Además, sobre el desempeño en el caso de Adriana Tettamanti, que es la jueza que intervino en primera instancia, Fernández dijo que "eso lo va a poder contestar, espero, en poco tiempo, la Cámara de Apelaciones. Si con los mismos argumentos, con los que le hemos planteado a la doctora Tettamanti, que no se respetó la ley, lo cual es clarísimo... Si se compara con la tasación del año 2017, se da cuenta esto se hizo entre gallos y medianoche y lo anterior, tomó dos años. Bueno, ¿cuál era el apuro ahora? ¿Por qué no se respetó el proceso?"
Si eventualmente la Cámara de Apelaciones le da a Rawson la razón, no descartan iniciar acciones contra la magistrada. "La ley es muy clara, la responsabilidad (...) Ahora bien, si usted se da cuenta de que está llegando un valor irrazonable o arbitrario, tiene que apartarse. Y eso es lo que vemos que no sucedió en este caso".
