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En Rawson

Crece la polémica por la expropiación de La Superiora: el orreguismo pide investigar

El bloque Cambia San Juan, del orreguismo, pide una comisión especial para investigar la expropiación de la ex bodega La Superiora que pone en un apriete financiero al municipio de Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Los concejales rawsinos del bloque Cambia San Juan, es decir del orreguismo, piden investigar la expropiación de La Superiora. Tras conocer la encrucijada en la que quedó la Municipalidad de Rawson, condenada a pagar 300 millones de pesos por la recotización que ordenó la Justicia del predio que adquirió durante la gestión de Juan Carlos Gioja, los ediles quieren llegar al fondo de la cuestión que pone en aprietos financieros a la gestión del actual intendente, Carlos Munisaga.

Según se conoció este jueves, el mismo día que el secretario de Modernización municipal, Adriel Fernández, prevé presentar ante el Concejo Deliberante un informe detallado de la situación judicial y financiera que involucra este pago, entró al palacio legislativo municipal un pedido de que se constituya una comisión especial para investigar la polémica expropiación del complejo cultural y deportivo que es emblema de los rawsinos.

El pedido lo firman los ediles orreguistas, que son Pedro Calvo, Modesto Fernández y Antonio Ruíz, que buscan establecer responsabilidades sobre esta expropiación con ribetes escandalosos, de la que dio cuenta como primicia Tiempo de San Juan esta semana.

El escándalo surge de la medida judicial expedida por la Corte de Justicia de San Juan en la que ordena el revalúo de la propiedad, favoreciendo a Sociedad Cuyo Inversores, una empresa integrada por Matías y Cristian Pallito. El primero ahora es juez y su hermano Cristian es un conocido empresario de relaciones políticas y mediáticas en los últimos años. Lo llamativo de este fallo es que utiliza un criterio diferente al de la jurisprudencia, donde entra en juego en otro caso, uno de los más resonantes de los tribunales locales, como es la Megacausa de Expropiaciones que tiene en el banquillo a los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday.

El nudo del escándalo de la Megacausa es que se acusa a los abogados de inflar valores de varios terrenos expropiados -entre ellos el del Parque de Mayo- utilizando el mecanismo de tasarlos a valores actuales, cuando ya le estaban cargando intereses. Es decir, una doble actualización. En el caso de Rawson, la Corte optó por un criterio diferente: reconocerles el reclamo a los hermanos Pallito, permitiendo una recotización de La Superiora pero a valores actuales, lo que disparó la deuda histórica que tiene ahora el municipio con los empresarios.

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Cómo se armó la millonaria deuda

El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el entonces intendente Gioja motorizó la expropiación de la ex bodega La Superiora para transformar el colosal edificio en lo que es ahora, un centro deportivo, social y cultural.

En ese momento, el municipio no logró un acuerdo del precio del predio con Sociedad Cuyo Inversores, pero se logró declarar la utilidad pública y que el Tribunal de Tasaciones Provincial valuara la propiedad, definiendo un valor de 5 millones 800 mil pesos. El entonces intendente pagó rápidamente y tomó posesión del edificio, ubicado en Villa Krause.

A la par, la empresa reclamó el revalúo del inmueble y persistió en la queja hasta que el tribunal de la expropiación redefinió el precio en un total de 6 millones 800 pesos. Es decir, la gestión Gioja dejó un saldo negativo de un millón de pesos, que Pallito reclamó por vía judicial.

La causa cayó en la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti. La jueza resolvió que se pague el saldo adeudado. La cuestión se demoró y las distintas presentaciones de la sociedad de responsabilidad limitada llevaron la causa hasta la Corte de Justicia, que no sólo le dio la razón sino que ordenó una nueva valuación que hizo saltar el valor. Encima, el municipio no apeló y el fallo quedó firme.

Según fuentes municipales, la causa se empantanó en 2020, durante el mandato de Rubén García. En ese entonces, el asesor Letrado de la Municipalidad, Pablo Manzur, no hizo la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte local y eso repercutió en la situación actual. La Sociedad Cuyo Inversores sí presentó un recurso extraordinario a la Corte que, de manera llamativa, argumentó que era necesario tasar nuevamente los inmuebles.

En un fallo plenario, firmado por Marcelo Lima, el máximo tribunal local ordenó que se actualice la tasación, que elevó el valor de la propiedad a 1.474 millones de pesos, de los cuales la Municipalidad deberá el 14% -300 millones de pesos- más costas. Es decir, la deuda actual, que pasó de un millón a 300.

En la gestión de Munisaga esto cayó como un balde de agua fría y ahora buscan dilatar el pago, que compromete el plan de obras y servicios que se había propuesto el flamante intendente.

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