Varios referentes del macrismo presentaron una denuncia ómnibus contra algunos funcionarios y dirigentes del Frente de Todos, en la que se imputa la comisión de una serie de delitos. El escrito firmado entre otros por la titular del PRO Patricia Bullrich, el ex árbitro de fútbol Héctor “La Coneja” Balsassi, Gerardo “Jerry” Milman, y Cristian Ritondo, pide que se impute a Cristina Fernández de Kirchner; al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro de “incitación a la violencia colectiva, asonada, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, encubrimiento, perturbaciones al ejercicio de la función pública, coacción agravada e instigación a cometer delito”.
Además, hacen referencia a que “el artículo 36 de la Constitución Nacional atribuye la calidad de traidores a la patria a quienes cometan graves hechos de corrupción que conlleven enriquecimiento”.
La figura de Traición a la Patria, según especialistas, es un poco complicada de asimilar a estos acontecimientos, ya que, contemplada en el artículo 119 de la Constitución Nacional, podría aplicársele sólo a aquellos que tomaran las armas contra la Nación, o prestaran ayuda a sus enemigos.
El artículo dice: “La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro”. El artículo dice: “La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro”.
Para los denunciantes “existe en la actualidad un plan coordinado para desbaratar las investigaciones, amedrentar jueces y fiscales y avanzar hacia la impunidad de Fernández de Kirchner, sus hijos y algunos de sus ex colaboradores”.
El plan, sostienen, “una vez producido el cambio de gobierno se materializó con la designación de personas vinculadas a las imputadas en tales casos en cargos públicos claves para entorpecer, inhibir o desbaratar las investigaciones penales y las decisiones judiciales”.
La denuncia recayó en el juzgado Federal Nº 6, que actualmente está subrogado por el juez Daniel Rafecas.
