Emilio Baistrocchi, candidato a diputado nacional en primer término por la lista local de Provincias Unidas, el sector que tiene como referente nacional al cordobés Juan Schiaretti, realizó este miércoles la presentación formal de sus propuestas electorales enfocadas en reformas estructurales, acompañado por los demás postulantes de su espacio político. El eje de su campaña, con vistas a los comicios del 26 de octubre, se centra en la necesidad de "Construir un país normal", abordando temas críticos como seguridad, educación, jubilados, trabajo y emprendedores a través de cinco proyectos fundamentales.
El primero de los proyectos se centra en la Reforma del Código Penal, abordando la problemática de la seguridad y la justicia. Baistrocchi argumenta que el Código Penal, redactado hace más de un siglo, ya no responde de manera eficiente a la realidad social, tecnológica ni criminal actual, lo que genera una sensación de debilidad e incoherencia en la Justicia y permite que predomine la impunidad, con delincuentes reincidentes y penas leves para delitos graves. La iniciativa busca modernizar tanto el Código Penal como la Ley de Ejecución Penal para devolver la confianza y eficacia al sistema. Esto se lograría mediante la actualización integral de penas mínimas y máximas para delitos contra la propiedad, la integridad sexual, la corrupción y el crimen organizado. También se propone la incorporación de nuevos tipos penales modernos, como los cibernéticos, ambientales, financieros y de trata. Una idea central es garantizar el cumplimiento efectivo del 100% de la condena en delitos graves, eliminando salidas, beneficios o condicionales. Además, se introduce la educación (primaria y secundaria) y el trabajo no remunerado de forma obligatoria como penas accesorias, buscando la reinserción.
En segundo lugar, el candidato impulsa la Reforma del Sistema Educativo y Formación para la Inserción Laboral. El argumento central es que la educación argentina está en crisis, marcada por una alta tasa de deserción y la falta de preparación de los estudiantes para el mercado laboral, lo cual es especialmente notorio en San Juan, que se encuentra entre los niveles más bajos de desempeño académico. El objetivo es que un estudiante que finaliza la educación media egrese con una formación técnica básica que le permita incorporarse al mundo laboral, ya sea por relación de dependencia o emprendedurismo, o bien continuar estudios superiores. La propuesta es integral y busca desarrollar competencias financieras, habilidades socioemocionales y conciencia digital. Para su implementación, se creará un modelo dual que combine la educación y el empleo, incluyendo prácticas formativas en empresas y municipios. Se planea incorporar asignaturas obligatorias y transversales como Inteligencia Emocional y Uso Responsable de Nuevas Tecnologías, además de reconocer y proteger a los docentes con formación continua.
El tercer proyecto aborda el Sistema Previsional Sostenible para una Jubilación Justa. La crisis se debe a que un gran porcentaje de jubilados cobra el haber mínimo (65%), el cual no cubre la canasta básica jubilatoria (solo $390.000 frente a más de un millón y medio necesario). Además, la sostenibilidad está comprometida, ya que la relación de aportantes y jubilados es de 1,5, cuando se necesitan entre 3 a 4 trabajadores por pasivo, generando un desequilibrio financiero crónico. La propuesta busca garantizar un haber mínimo digno que reconozca el esfuerzo y mérito de quienes trabajaron toda su vida. Para lograr esto, se propone calcular la jubilación mínima como 1,5 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil. Una medida clave es la eliminación de los regímenes de jubilaciones de privilegio para jueces, funcionarios y legisladores, quienes pasarían al régimen general ordinario. Se incluye también el reconocimiento de la trayectoria educativa y profesional con un 2% adicional por grado académico obtenido. El financiamiento busca reducir el trabajo informal (actualmente en 53%) a un dígito en cuatro años, mejorando la relación activo-pasivo, y eliminar exenciones impositivas vigentes (como las de Tierra del Fuego), reasignando esos recursos al Fondo de Compensación Previsional.
El cuarto eje es el Proyecto de Modernización del Sistema Laboral. El principal argumento es que la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), de 1974, está obsoleta para la realidad productiva actual. El alto grado de informalidad (más del 53% de personas no registradas) y los costos no remunerativos, que superan el 80% del salario, desincentivan la creación de empleo formal. Para combatirlo, la idea central es crear el Seguro de Garantía de Indemnización Laboral (SGI), un mecanismo innovador que transforma la indemnización en un derecho universal y portátil, financiado colectivamente. Este seguro sustituye el pasivo laboral con un aporte mensual de las empresas y elimina la distinción entre despido con o sin causa, reduciendo drásticamente la litigiosidad. Este sistema beneficia a los trabajadores con mayor formalidad y portabilidad de antigüedad, y a las PyMEs al eliminar el pasivo laboral y disminuir la "industria del juicio".
Finalmente, propone una Ley Federal de Emprendedores, en la que se reconoce que más del 40% de los jóvenes aspira a emprender, pero solo el 15% logra sostener su proyecto más de tres años, debido a los altos costos laborales, la fuerte presión tributaria y la falta de crédito. La Ley Federal de Emprendedores busca que emprender sea simple y posible, transformando a la Argentina en un país con perspectiva federal. Se permitirá la creación de empresas 100% online en solo 24 horas y se creará un Monotributo Emprendedor Simplificado con cargas mínimas durante los primeros dos años. La iniciativa contempla el acceso a créditos a tasa 0% y la creación de un Fondo Nacional de Emprendedorismo (FNE), garantizando financiamiento estatal-privado para jóvenes, mujeres y PyMEs. Este plan de financiamiento no requiere aumentar impuestos, sino que se sustenta en la reasignación de partidas existentes, la eliminación de subsidios improductivos y la obligación de bancos públicos de destinar un porcentaje de su cartera a créditos blandos.
