La expropiación del terreno para construir la Ciudad Judicial, ubicado en Sargento Cabral y Scalabrini Ortiz, generó una ola de 29 demandas de propietarios que le reclaman a la Provincia una compensación extra a la pagada. Si bien el megaterreno, integrado por cuatro parcelas con más de 100 dueños, ya es propiedad del Poder Judicial, en el Ejecutivo siguen muy de cerca lo que sucede con esta acción judicial que se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo. La adquisición del terreno para concentrar Tribunales en una gran sede se terminó de concretar en febrero del 2022 y demandó una inversión del Estado de 528 millones de pesos. Hoy, la Ciudad Judicial está lejos de ser si quiera una posibilidad. Aún no se saben los montos de las indemnizaciones compensatorias que pedirán los expropiados, pero hay alerta. Quiénes son los demandantes y la perlita: el papel de un allegado a Santiago Graffigna en este litigio.
La periodista de Tiempo de San Juan, Miriam Walter, fue quien publicó la primera y única nota sobre la situación del terreno del Poder Judicial. "La propiedad sobre el terreno le corresponde al Poder Judicial, eso ya está, aunque continúa en los juicios de expropiación que oportunamente se iniciaran, están en su trámite. Está en trámite el proceso expropiatorio, pero la propiedad es el primer paso en el juicio de expropiación realizado y ya la propiedad está en cabeza del Poder Judicial. El juez ya dictó la sentencia y otorgó la propiedad al Poder Judicial y se inscribió. Ahora sigue el juicio expropiatorio porque algunos de los propietarios interpretan que la indemnización que se pagó en su momento podría ser diferente", dijo el ministro de la Corte de Justicia provincial, Daniel Olivares Yapur.
La historia de la compra del terreno para la Ciudad Judicial se remonta a septiembre del 2021, cuando el Ejecutivo -encabezado por Sergio Uñac- decidió que los tribunales provinciales ya no se levantarían en el terreno de la ex Cavic, sino frente al Hiper Libertad. El giro implicaba más que un simple cambio de dirección: atrás quedaba un predio abandonado durante décadas en Chimbas y adelante aparecía un espacio con historia y dueños de peso.
Una de las características del terreno de calle Sargento Cabral, además de su extraordinaria ubicación y de que en sus tierras está la emblemática antena de Radio Colón, es que se encuentra dividido en cuatro parcelas de distintos tamaños que totalizan 93.374 metros cuadrados. A todas estas particularidades, se le suma la cantidad de dueños de las parcelas. Serían más de 100, según informaron las fuentes.
Con el proyecto de la Ciudad Judicial en mano, se siguieron todos los pasos que establece la legislación. El bien se declaró de utilidad pública, el Tribunal de Tasaciones fijó el valor del predio en $515 millones y se terminó expropiando. Si algo complicó el trabajo de la Justicia fue hallar a todos los herederos. Se publicaron edictos en diarios de todo el país. Finalmente, con todos los propietarios identificados, el expediente de pago ingresó al Juzgado Contencioso Administrativo el 29 de diciembre del 2021 y en plena feria judicial -enero del 2022- se terminó pagando a los herederos, entre los cuales figuraba Francisco Montes, ex propietario de Diario de Cuyo y uno de los dueños con mayor porcentaje de tierras (el 16,6% de la parcela de 90.915 metros cuadrados).
En febrero del 2022, el trámite terminó con la inscripción del lote como bien del Poder Judicial. Los inmuebles afectados se identifican a continuación:
a)- Nomenclatura Catastral N 01 29 560 160, superficie s/m 90.915,49 m2, Folio Real N01-6629-As 17, Capital. Año 2015.
b)- Nomenclatura Catastral N 01 29 630 000, superficie s/m 710,00 m2, Inscripción de Dominio: N 17.831. F 31, T 171, Capital. Año 1981 (en mayor extensión).
c)- Nomenclatura Catastral N 01 29 628 012, superficie s/m 774,50 m2, Inscripción de Dominio: N 17.831. F 31, T 171, Capital. Año 1981 (en mayor extensión).
d)- Nomenclatura Catastral N 01 29 634 026, superficie s/m 975,71 m2, Inscripción de Dominio: N 17.831. F 31, T 171, Capital, Zona "B". Año 1981 (en mayor extensión).
Según informaron las fuentes no es muy común que se compren terrenos con tantos herederos porque es muy complejo el proceso judicial de ubicarlos y también, de conformarlos con los pagos. Es por esta razón que la mayor parte de los dueños quedaron muy satisfechos después de haber cobrado por la expropiación. Pensaban que, si el Estado no compraba ese predio, iba a ser casi imposible que un privado se metiera en semejante complicación.
Embed - Ola de demandas por la expropiación del terreno de la Ciudad Judicial
Y tal como se esperaba, hubo un aluvión de demandas al Estado por la expropiación del mega terreno. Los demandantes son María Silvia Zapata (representada por el abogado Juan Marcos Zapata Marcone); Daniel Ricardo Mario Barassi, Renato Alfredo Barassi, Marcela Virginia Beres, Marcia Barassi Beres, Matías Barassi Beres, Ángela María Teresa Barassi de Moya, Laura Verónica Barassi y Duilio Clodomiro Graffigna (representados por Pablo Moya); Liliana Irene Fadelli de Graffigna, María Victoria Graffigna Fadelli, Ana María Liliana Graffigna Fadelli, Juan Antonio Graffigna Fadelli (representados por Juan Marcos Zapata Marcone); Ignacio Miguel Flores Luraschi, María Cristina Flores, María Patricia Flores, Adriana María Flores, María Nélida Flores (representados por Harold Eduardo Aguiar); Luis Guiller Luraschi, María Isabel Luraschi, Francisco Ernesto Luraschi, Josefina del Valle Luraschi, María Inés Luraschi, Santiago Alejandro Graffigna, Julia María Graffigna, Elsa Inés Barassi Minetto, Alfonso Eduardo Barassi, Martina Barassi Beres, y María Inés Sarmiento. Esos son hasta ahora los propietarios que han enjuiciado al Estado porque no están de acuerdo con los que les pagó la Provincia por la expropiación de sus tierras.
Una de las perlitas que se desprende de esta ola de demandas es que el abogado Pablo Moya, que representa a gran parte de la familia Barassi, es también amigo de Santiago Graffigna, recientemente condenado por la mega causa de expropiaciones.
Actualmente, el juicio está en la instancia de apertura a prueba. El Contencioso Administrativo designó un perito oficial, el ingeniero José Godoy Mugas y los demandantes contrataron sus peritos para tasar el inmueble. Una vez tasado por ambos peritos los terrenos en cuestión, se mandará el expediente al Tribunal de Tasaciones para que se determine finalmente si se le hará o no lugar a la indemnización compensatoria.
Construir la Ciudad Judicial hoy demandaría una inversión de 20.000 millones de pesos. Consultado ahora Olivares Yapur, dijo que "en este momento está en stand-by esa obra por la situación económica del país y de la provincia. Esa era una obra que obviamente se iba a financiar con fondos nacionales y se sabe que la política instrumentada por el nuevo gobierno nacional justamente ha suspendido todos los fondos que se estaban gestionando, entonces obligó al gobierno de la provincia a dejar esa obra en suspenso".
