En pocas palabras, algunos de los ex dueños del predio expropiado quiere más plata por su pedazo de tierra. Olivares dijo que esto no pone en peligro la titularidad del terreno a nombre del Poder Judicial: "No es que esté en ningún peligro, la propiedad le corresponde, la propiedad se pagó y se inscribió. El juicio, como todo juicio expropiatorio, continúa en primera instancia".
Y remarcó el cortista que en los procesos de expropiación en general "cualquier persona expropiada que entiende que la indemnización que se fijó a través del Tribunal de Tasaciones no es la correcta puede continuar el juicio expropiatorio y hacer la prueba correspondiente". La causa se está tramitando en primera instancia, en el Juzgado a cargo de Adriana Tettamanti, agregó.
Para entender el escenario, el proceso de expropiación implica la adquisición forzosa de bienes privados por parte del Estado por motivos de utilidad pública o interés social. Este proceso se rige por leyes provinciales y requiere una indemnización justa para el propietario afectado.
Entre los pasos principales de este proceso figuran primero la Declaración de Utilidad Pública del bien a expropiar a través de una ley provincial; Determinación del Justiprecio que fija el valor del bien a expropiar, considerando su valor de mercado y otros factores relevantes, que es realizado mediante el Tribunal de Tasaciones de San Juan; Notificación al Propietario de la decisión de expropiación y del valor propuesto para la indemnización; Negociación y Pago, primero intentando llegar a un acuerdo con el propietario sobre el valor de la indemnización y, si no hay acuerdo, se inicia un proceso judicial para determinar el justiprecio y se procede al pago; Toma de Posesión que se da una vez pagada la indemnización, cuando el Estado toma posesión del bien expropiado.
¿Quiénes son exactamente los ex dueños?
En septiembre de 2021, cuando el entonces gobernador Sergio Uñac anunció que la Ciudad Judicial que se construiría con fondos provinciales y nacionales cambiaba de lugar, no siendo más sobre el terreno de la Ex Cavic sino frente al hiper, el ministro de Obras de esa época, Julio Ortíz Andino habló de los dueños como una compleja sucesión. “El terreno de la familia Montes-Graffigna es un terreno ocioso que nunca se usó para un desarrollo importante. Hemos logrado ya con las conversaciones correspondientes, el expediente ya se ha iniciado para poder concretarlo. Es un espacio libre alguna vez ocupado por fincas, que era difícil llevar allí un emprendimiento privado pues había muchos propietarios, sucesión de sucesiones. Y la única vía de llevarlo adelante fácilmente era con una expropiación".
En noviembre de 2021 cuando se había cotizado el terreno en el marco de la expropiación, el entonces presidente del Tribunal de Tasaciones, Omar Blanco, informó que la valuación era de $515 millones y que pertenecía a varios dueños, entre ellos Francisco Salvador Montes y las familias Graffigna y Bustelo. El chalet Graffigna, un emblema arquitectónico de la provincia, no entró en la expropiación.
Ahora, Olivares Yapur indicó sobre quiénes son los que reclaman que "no podría decirle quién exactamente, porque yo no estoy en la causa, la causa está tramitando en primera instancia". Fuentes de Fiscalía de Estado, que es la que interviene por estar un organismo público en el pleito, aseguraron, sin dar nombres, que "hay 4 expedientes judiciales de diferentes inmuebles que conforman todo el predio expropiado, denominado 'Ciudad Judicial' de donde ya salieron sentencias anticipadas para efectuar la inscripción de los dominios. Ahora están en etapas de producción de pruebas con distintos grados de avance, justamente porque algunos plantearon distintos desacuerdos con los montos que ya se depositaron judicialmente, y que son objeto de esas pruebas que se están llevando a cabo".
La propiedad se declaró de utilidad pública por ley provincial el 16 de diciembre de 2021, conforme a la Ley General de Expropiaciones N 1000-A. Los inmuebles afectados se identifican a continuación:
a)- Nomenclatura Catastral N 01 29 560 160, superficie s/m 90.915,49 m2, Folio Real N01-6629-As 17, Capital. Año 2015.
b)- Nomenclatura Catastral N 01 29 630 000, superficie s/m 710,00 m2, Inscripción de Dominio: N 17.831. F 31, T 171, Capital. Año 1981 (en mayor extensión).
c)- Nomenclatura Catastral N 01 29 628 012, superficie s/m 774,50 m2, Inscripción de Dominio: N 17.831. F 31, T 171, Capital. Año 1981 (en mayor extensión).
d)- Nomenclatura Catastral N 01 29 634 026, superficie s/m 975,71 m2, Inscripción de Dominio: N 17.831. F 31, T 171, Capital, Zona "B". Año 1981 (en mayor extensión).
En la misma ley se afectaron los terrenos a "la construcción del Centro Judicial de la provincia de San Juan" y se decidió que se tramite con "proceso urgente" tipificado así legalmente, argumentando "que la consecución de los inmuebles y el emprendimiento de la obra del Centro Judicial de la provincia de San Juan, requiere rápida concreción, pues ello será directamente ligado a su envergadura, obra que se encuentra en plena proyección y en condiciones de ser licitada". Pero nunca se llegó a hacer la obra.
Un megaedificio de larga historia
Desde que se anunció la idea del moderno edificio propio del Poder Judicial de San Juan en 2017 hasta ahora, no ha podido concretarse. En noviembre de 2018 se conoció el proyecto arquitectónico ganador (del estudio Giancola) para la construcción de la nueva Ciudad Judicial, después de que la Corte hiciera un concurso para ello. En ese momento todavía el plan era construirlo en el predio de la ex Cavic ubicada en calle Benavidez, en el límite entre Capital y Chimbas.
El 28 de septiembre de 2021 el entonces gobernador Uñac anunció un cambio importante con el histórico megaproyecto de la Ciudad Judicial: que el edificio a construir había sido reubicado en el predio frente al híper, en Capital, delimitado por las calles Scalabrini Ortíz, Sargento Cabral, Colón y San Lorenzo,
El 10 de febrero de 2022 el Poder Judicial tomó posesión del terreno "Graffigna", considerándose así el puntapié inicial para la obra del megaedificio. El acto fue dispuesto por la jueza Tettamanti (titular del juzgado Contencioso Administrativo) en el marco de la "expropiación de urgencia", para lo cual estuvieron presentes el entonces fiscal de Estado, Jorge Alvo, y tres de los cinco ministros de la Corte: Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria y Marcelo Lima. Todos recorrieron el predio y dejaron la posesión completa. El proceso, dijeron entonces, continuaba según dicta la ley de expropiaciones.
"El Poder Judicial nunca tuvo la propiedad de su sede por eso esto es una circunstancia histórica la de tomar este terreno", resaltó el presidente de la Corte local, Olivares Yapur en esa oportunidad.
"Cuando esté este terreno en condiciones jurídicas a nombre del Poder Judicial y teniendo en cuenta que el proceso ejecutivo de la obra está prácticamente terminado, ahora a partir de la toma de posesión, el estudio de arquitectura que ganó la licitación va a poder iniciar los estudios de suelo que son absolutamente necesarios para ratificar las fundaciones que va a tener la Ciudad Judicial", agregó Olivares Yapur cuando recorrió el predio hace ya 3 años y medio.
Por su parte, el ahora ex fiscal de Estado Alvo explicó en ese momento que "a partir de hoy que es la toma de posesión del terreno se procede a activar las notificaciones a los propietarios que son numerosos, ya que esto estaba a nombre de un condominio que están casi todos fallecidos, de manera que hay que recurrir a los sucesorios de cada uno de ellos. Ya tenemos los informes de dominio del Registro de la Propiedad y una vez que ya contamos con todo eso comenzaremos a notificar a los propietarios, incluso hoy vamos a notificar a varios poseedores que se encuentran en el terreno. Cuando estén individualizados corremos traslado de la demanda a ellos y formularán la defensa que les corresponda".
En esa oportunidad se informó que la tasación oficial ascendió de $528,4 millones ya desembolsados por el predio, en el marco de la expropiación, tras ser declarado en 2021 utilidad pública mediante una ley de la Cámara de Diputados provincial. Se pagó con fondos propios del Poder Judicial, mientras que se ratificaba la existencia de un fideicomiso especial destinado a la fase de construcción.
La obra soñada, con destino incierto
La Ciudad Judicial, tal cual fue proyectada, se compone de tres módulos en el terreno de 9 hectáreas, totalizando unos 80.000 m2 cubiertos, una estructura más grande que el Centro Cívico. Cada módulo tendrá un destino específico, uno para juzgados civiles, de familia y laborales; otro para la parte administrativa y otro para el fuero penal.
La construcción debía licitarse y en la Corte de Justicia ya en 2021 decían que si bien no había fecha, pero que la expectativa era que se diera ese mismo año. Incluso hablaban de poder mudar para 2025 los tribunales al nuevo edificio ya terminado.
El esperado llamado a licitación quedó pendiente y a inicios de 2023 desde la Corte de Justicia informaron que el proceso quedaba suspendido hasta que pasaran las elecciones. Luego, cuando el PJ fue derrotado en julio de ese año, se dejó la decisión para la gestión orreguista. Por ese entonces el nuevo edificio se cotizaba en 20.000 millones de pesos. Y después llegó Javier Milei.
Consultado ahora Olivares Yapur, dijo que "en este momento está en stand-by esa obra por la situación económica del país y de la provincia. Esa era una obra que obviamente se iba a financiar con fondos nacionales y se sabe que la política instrumentada por el nuevo gobierno nacional justamente ha suspendido todos los fondos que se estaban gestionando, entonces obligó al gobierno de la provincia a dejar esa obra en suspenso".
Y agregó: "no quiere decir que esté olvidada la idea de continuar, se ha buscado la alternativa (del Edificio 9 de Julio) que hemos llevado adelante". Además, el cortista informó que "el fideicomiso que oportunamente se firmara existe y está a cargo del Poder Ejecutivo Provincial".
