Una acción legal del empresario contratista de obra pública, Gustavo Monti, buscó que Tiempo de San Juan incumpla con el rol social del periodismo al avanzar en la investigación sobre la compra de los caños del Acueducto Gran Tulum. Sin embargo, el primo del senador nacional Sergio Uñac no responde. Este diario contestó la carta notarial que el propietario de PVC San Juan SRL envió a la Redacción de este medio, sin constituir el domicilio para la respuesta, por lo que el medio mandó el escrito a la dirección que aparece en el Registro Público de Comercio. Aún así fue devuelta, la contestación no llegó. El empresario tiene, además, el antecedente de querellar a periodistas conocidos de la provincia por hacer uso de la libre expresión.
La investigación de este diario expone posibles vínculos entre el primo de Uñac y la empresa alemana Krah, proveedora de las tuberías para la obra del Acueducto Gran Tulum, la megaobra hídrica pensada para abastecer de agua potable al San Juan de un millón de habitantes. Puntualmente, la investigación reveló la existencia de una factura por más de $13 millones emitida por PVC San Juan SRL a Krah América Latina S.A., en concepto de “comisión” relacionada con tramos de la obra del acueducto.
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La contestación a Monti fue devuelta porque su empresa no está en el domicilio que registró.
Según publicó Tiempo, Monti, aunque sin rol oficial en Krah, era visto con frecuencia en su planta de Albardón y tiene vínculos con ejecutivos de la firma, como Gustavo Mastelono, con quien tiene amistad en la red social Facebook. Además, existe el video de una premiación en la que el contratista hace mención a la empresa alemana. Es decir, la serie de notas de este diario da cuenta de los posibles vínculos irregulares entre un familiar del exgobernador Uñac -cuando estaba en el poder- y una empresa adjudicataria clave en una obra pública multimillonaria y presenta el respaldo documental (factura) y mediático (videos).
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La factura de PVC San Juan SRL.
Los datos que expuso Tiempo dieron lugar a que PVC San Juan SRL enviase la carta notarial, firmada por el apoderado legal de la empresa, el abogado Martín Castro Gabaldo, en la que argumenta que la divulgación de la factura es ilícita porque es una documentación privada amparada por la Ley 25326 y "no existir en la temática interés público comprometido", pese a que la Cámara de Diputados de San Juan inició solicitó al Ministerio de Infraestructura Agua y Energía que remita un informe sobre la "paralización de las obras del Acueducto Gran Tulum".
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La carta notarial de Monti que busca impedir que Tiempo de San Juan cumpla con el rol de informar.
De acuerdo al escrito del abogado de Monti, intimaron a Tiempo "a cesar en vuestra conducta antijurídica, irregular e ilícita. Intimo asimismo a que no se agrave el daño con la difusión de otros documentos privados atinentes a mi representada, así como con el agregado de comentarios falaces destinados a tergiversar o exagerar el contenido de tales constancias, evitando violar nuevamente el art. 1710 y cctes. del Código Civil y Comercial".
Este diario contestó bajo el patrocinio del letrado Roy Kirby. El escrito enfatizó en que "se niega que la factura por servicios publicada se encuentre alcanzada por la ley de 'protección de datos personales' que invoca en su misiva, puesto que el contenido de la factura no es el bien jurídico tutelado por la norma. Se trata de un documento influyente, que al día de la fecha ha cobrado relevancia e interés público", justamente por el pedido de informes de la Legislatura. "La trascendencia institucional y provincial de la información publicada tiene interés público y por lo tanto no está alcanzada por la normativa esgrimida en su comunicación", dice la misiva legal.
En ese sentido, en la contestación consta que la investigación sobre la obra pasó a ser un tema de interés público: "Tan es así que la Legislatura de la Provincia en su Comunicación de fecha 28 de Mayo de 2025 (en Expte. 1219-2025) ha solicitado al Ministerio de Infraestructura Agua y Energía (Poder Ejecutivo Provincial), que remita un informe sobre la 'paralización de las obras del Acueducto Gran Tulum', debido a 'problemas con la calidad de los materiales' y a 'irregularidades en la subcontratación' (sic).
De acuerdo al escrito de este medio, la Comunicación en la que la Cámara de Diputados solicita el informe sobre la obra agregó que el objetivo del requerimiento de la información es hallar "la documentación existente que acredite la efectiva prestación de los servicios contratados y la correcta elección de contratistas en cuanto a idoneidad”. Por ello el Articulo 1: "Que … en virtud de lo dispuesto por el art. 149 de la Constitución de la Provincia (Investigaciones) y en virtud de haber cobrado relevancia pública el estado actual de la misma (Acueducto Gran Tulum), como así también su financiación, es por ello se solicita se informe".
Además, hay una cuestión fundamental que surgió de la carta notarial de Monti. En ningún momento niega la veracidad de la documentación publicada. El accionar del primo de Uñac incluso pretende hacer cesar las publicaciones relativas a un caso de suma importancia. Según el escrito que presentó Tiempo, "se observa que su misiva pretende además hacer cesar a TSJ en las publicaciones relativas al caso. Al respecto señalo que el ejercicio regular del derecho de expresar y divulgar la información periodística no puede ser impedido ni limitado (art. 25 Constitución Provincial). Agrego que siendo costumbre arraigada en TSJ el otorgamiento de la réplica, podrá ejercerla en el medio de comunicación".
Es decir, Monti busca coartar del derecho de expresar y divulgar la información periodística. Es algo que ya ocurrió en otras ocasiones contra dos periodistas conocidos de San Juan: Osvaldo Benmuyal y Antonio Canales, dueños de radios Estación Claridad y AM Las 40, respectivamente.
Monti querelló a ambos -en distintos momentos- por haber presuntamente dañado su imagen con declaraciones en sus medios radiales. En la búsqueda de pruebas, la Policía incluso allanó la radio de Canales para secuestrar la grabación del programa. De todas formas, el primo de Uñac -que inició las demandas cuando el senador todavía era gobernador- perdió en primera instancia en los dos casos. De hecho, en la causa de Benmuyal, intervino el juez Héctor Rollán, que hizo referencia al "aumento significativo del patrimonio" del empresario, proveedor del Estado.
El abogado de Benmuyal, Marcelo Arancibia, hizo un trabajo fino y pidió a los municipios de San Juan que notificaran si alguna vez tuvieron una relación contractual con Monti. Fue la punta del iceberg. En la sentencia de Rollán consta que Arancibia presentó la respuesta de seis municipios. El detalle del material probatorio que figura en la sentencia involucra a las administraciones de Pocito, Chimbas, Ullum, Rawson, Sarmiento y Calingasta.
