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SUSCRIBITEEl jueves 11 de diciembre se tratará en el recinto el proyecto de ley del ex intendente Quiroga Moyano para donar el inmueble de 13 hectáreas que es del IPV al municipio luego de que durante más de un año no consiguiera despacho en una comisión clave.
Le entrada a Tupelí (foto ilustrativa).
La tranquilidad de la zona de Tupelí, en el departamento 25 de Mayo, está sacudida por un tironeo que se arrastra hace 46 años. El foco de esta historia se centra en el Loteo Tupelí II, Manzana G, un terreno perteneciente al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que, pese a estar ocupado por decenas de familias que ya levantaron sus casas, sigue sin resolverse legalmente.
El debate se abre ahora en la Legislatura provincial, luego de que se definiera que este jueves 11 de diciembre se tratará en sesión el Proyecto de Ley N° 1646, presentado por el legislador justicialista de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano. La propuesta busca la donación del inmueble -valuado en sólo $12 millones- al dominio de la Municipalidad de 25 de Mayo.
Quiroga Moyano, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, argumentó que esta ley se necesita para desatar el nudo legal que impide el avance de la urbanización y la seguridad de las familias. Pese a que el municipio ha ido proveyendo servicios básicos -avanzando con el agua potable, la energía y el ripio de las calles, en parte por un acuerdo inicial con la Unión Vecinal de Tupelí-, la falta de dominio complica las grandes obras.
Según el diputado y ex intendente, la transferencia es vital porque el municipio no puede seguir invirtiendo en obras mayores. "El municipio no puede seguir haciendo inversiones como pavimentación, todas esas cosas, porque está a nombre del IPV todavía", sostuvo.
La donación, de concretarse, no solo permitiría el ordenamiento territorial y la urbanización, sino que, sobre todo, les otorgaría a los residentes el instrumento legal que les dé la certeza de propiedad. "La idea es para comenzar a hacer la escritura con la gente", afirmó Quiroga. Esto lograría, como dice el fundamento del proyecto, el cumplimiento de "uno de los anhelos más soñados por cada familia que reside ahí".
Aunque el proyecto que fue presentado el año pasado y ya cuenta con el visto bueno de la Comisión de Obras, la discusión se trabó en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Quiroga, que preside el PJ sanjuanino, consideró que el retraso tiene tintes políticos: "Yo creo que es un tema político más que ya funcional", dijo. No obstante, en la última sesión legislativa, el orreguismo dio el visto bueno para que trate el proyecto pese a no tener despacho de comisión. es decir que habrá un interesante debate en el recinto en un par de semanas y es toda una intriga si el oficialismo y sus socios, en particular el Partido Bloquista, apoyarán el traspaso de dominio.
La larga historia del Loteo Tupelí II se remonta a 1979, cuando la propiedad fue transferida al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) por medio de una expropiación, con el propósito de destinarlo a "grupos (construcción) habitacionales". Sin embargo, ese proyecto original nunca se concretó por parte del IPV.
Con el crecimiento demográfico, la gente comenzó a ocupar y marcar los terrenos de forma progresiva. Aunque en algún momento la Unión Vecinal de Tupelí intervino conjuntamente con el IPV para coordinar y marcar lotes, ese control se fue perdiendo en los últimos 8 o 10 años, permitiendo el ingreso descontrolado de nuevas familias. El propio IPV nunca ejerció un control activo de la ocupación, aseguró el legislador.
Hoy, la extensión del loteo abarca una superficie de más de 13 hectáreas y se conoce formalmente como Fracción "Barrio TUPELI II MZNA. G". En este espacio, donde hay cerca de 100 lotes marcados de alrededor de 1.300 m2 cada uno, El legislador estimó que deben ser unas 40 casas antisísmicas pero que hay otras más precarias, y que en total cerca de 60 familias están ya viviendo en el loteo. Estas viviendas son en su mayoría casas comunes de zona rural, muchas de ellas ya construidas con estándares seguros, y con servicios básicos instalados, como energía eléctrica y agua potable.
Las familias que allí residen llevan un tiempo de ocupación mayor a 10 años, dedicándose principalmente a labores de la viña, aunque también hay empleados públicos como docentes o policías, según detalló el diputado.
Si la ley se aprueba, la transferencia del dominio permitirá al municipio activar el mecanismo de regularización. Este proceso, que según destacó Quiroga Moyano, el municipio que ahpra comanda el también peronista Rodolfo Jalife, ya ha implementado con éxito en otros terrenos (como los de ONABE), comenzará con la adjudicación de una tenencia precaria a través de una ordenanza municipal.
El municipio evaluará a la gente que vive en el lugar para asegurarse de que cumplan con los requisitos habituales del IPV (como la conformación de grupo familiar y domicilio). Quiroga dijo que a aquellos que ya están asentados en el terreno y han construido viviendas antisísmicas "ya no los puede mover nada".
Una vez que se cumplan los criterios, las familias podrán iniciar la escrituración por su cuenta o esperar a una escrituración general organizada por el municipio a través de la Escribanía Mayor de Gobierno. El objetivo final es garantizar, a través de la donación, la continuidad de los proyectos de "SU LOTE PROPIO" para las futuras generaciones, según la óptica del legislador.
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