El Partido Justicialista (PJ) ha manifestado su "total rechazo" al rumbo económico y laboral del Gobierno de Javier Milei, emitiendo un duro comunicado en el que cuestiona la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. La principal acusación del peronismo es que la iniciativa no es una propuesta nacional, sino que "no nace en Argentina, nace en Washington" y constituye "parte del pliego de condiciones del FMI" (Fondo Monetario Internacional).
El PJ, cuya titular es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, interpreta que este paquete de cambios busca "consolidar un modelo de precarización" donde los trabajadores verán un claro retroceso: "menos derechos, más horas de trabajo, salarios más bajos".
La dirigencia justicialista vinculó la reforma a un modelo de ajuste que no persigue la libertad, sino "la sumisión a recetas extranjeras que ya fracasaron". El partido sostiene que Argentina atraviesa un "deterioro laboral sin precedentes desde la crisis de 2001" y atribuyó este escenario al modelo económico de Milei y Caputo.
El diagnóstico del PJ sobre el mercado laboral actual es "devastador". Según las cifras consignadas en su documento, desde finales de 2023 "se cerraron más de 19.000 empresas (casi 30 por día) y se destruyeron más de 276.000 empleos formales". Este fenómeno, al que definen como un "ataque al corazón productivo nacional", ha golpeado transversalmente a sectores clave como el transporte, la industria, el comercio y, especialmente, la construcción, que "perdió más del 16% de sus trabajadores registrados".
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El PJ también advirtió que la reforma incluida en la Ley Bases no solo no generó empleo, sino que "la destrucción de puestos de trabajo se aceleró".
El comunicado justicialista refutó la narrativa oficial sobre la necesidad de flexibilizar normativas. El partido argumenta que "las leyes laborales no son el problema". En cambio, el verdadero obstáculo para la producción y el empleo es "el desplome del consumo interno, los salarios pulverizados y la falta de crédito".
Al respecto de las pymes, el PJ remarcó que "cierran las pymes, pero los que más despiden son las grandes compañías", señalando que "el 70% de los trabajadores expulsados provienen de las empresas más grandes".
El Partido Justicialista aclaró que su oposición no es a una modernización o a una reforma, sino a la "precarización laboral disfrazada de reforma". En contraposición al modelo gubernamental, propusieron tres ejes centrales para la reconstrucción productiva:
- Recuperación del salario: El PJ afirma que "sin ingresos dignos no hay consumo, y sin consumo las empresas quiebran", por lo que la recomposición salarial debe ser el motor de la reconstrucción.
- Reducción de la jornada laboral: Esta medida busca que el trabajador "recupere libertad y pueda administrar mejor el tiempo de trabajo", facilitando el equilibrio entre vida laboral y personal, y contribuyendo a la creación de nuevos empleos formales.
- Reformas laborales con ampliación de derechos: El Justicialismo busca una modernización que implique "vivir mejor", promoviendo derechos como la desconexión digital, la ampliación de licencias parentales, la cobertura para monotributistas, la prevención de trastornos de salud mental, y la participación en las ganancias de los trabajadores.
Para finalizar, el PJ enfatizó que apuestan por "un Estado que marque el rumbo y no legalice abusos", reafirmando: "No seremos el laboratorio de precarización del FMI; seremos un ejemplo de trabajo digno y producción para el siglo XXI".