El gobierno Nacional logró incluir hoy en Diputados, un agregado al proyecto de Presupuesto 2023 para que jueces, fiscales y funcionarios judiciales paguen el impuesto a las Ganancias.
sábado 21 de marzo 2026
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SUSCRIBITE El juez Federal Lugones, miembro del Consejo de la Magistratura; y el sindicalista Julio Piumatto coinciden: el Poder Judicial debe mantener sus privilegios.
El gobierno Nacional logró incluir hoy en Diputados, un agregado al proyecto de Presupuesto 2023 para que jueces, fiscales y funcionarios judiciales paguen el impuesto a las Ganancias.
Al haberse conseguido que avance la iniciativa, presentada por el diputado nacional Marcelo Casaretto, con el apoyo de gran aprte de la oposición, menos Juntos por el Cambio, es casi seguro que la iniciativa se transformará en ley.
Según cálculos oficiales, el Estado podría recaudar, de sancionarse la modificación de la norma, 237.000 millones de pesos, lo que significa el 0.16% del PBI. Sería una cifra similar a lo que se recaudó con el “aporte solidario a las grandes fortunas”, también llamado Impuesto a la Riqueza.
La salvedad es que aquel tributo fue cobrado de manera excepcional, por única vez. En el caso de Ganancias para judiciales, ese dinero engrosaría las arcas estatales año a año.
Desde la “familia judicial” reaccionaron fuerte contra el dictamen. El malestar es grande. Hace 6 años, en 2016, se estableció que los funcionarios judiciales nombrados a partir del 2017 paguen Ganancias, pero eso excluía a los nombrados antes de esa fecha, y a los jubilados, que ahora tendrán que abonar como cualquier argentino.
La lista Celeste del Consejo de la Magistratura, liderada por el juez Federal y miembro del cuerpo colegiado Alberto Lugones, tuiteó al respecto: "El salario no es ganancia. La independencia judicial no se negocia".
El sindicalista judicial Julio Piumatto, secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), se opuso a la medida con las mismas palabras que el juez Federal Lugones: “El salario no es ganancia”, escribió, y anunció que el sector entrará en estado de alerta y movilización.
Además, fue con la pierna alta contra Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados: “Heller, el banquero, pretende q los judiciales paguen `impuesto al trabajo´ pero defiende a que sus socios de la usura financiera no paguen x sus operaciones mientras continúan saqueando al Pueblo Argentino!”
En el ambiente judicial guardan una última esperanza para que no avance el impuesto que consideran confiscatorio: ¿irá la Corte Suprema al rescate? Ya lo hizo en 1996, cuando declaró inconstitucional el tributo alegando que la imparcialidad de los magistrados dependía de “la intangibilidad” de los sueldos.