Casualmente, o no tanto, en Argentina “un tiro para el lado de la justicia” afecta a los jueces.
martes 5 de mayo 2026
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SUSCRIBITE Casualmente, o no tanto, en Argentina “un tiro para el lado de la justicia” afecta a los jueces.
El gobierno nacional, con el apoyo de algunos opositores, menos Juntos por el Cambio, consiguió un dictamen en Diputados para incorporar un artículo en el Presupuesto 2023, y que los jueces, funcionarios y empleados del poder judicial paguen el impuesto a las Ganancias.
Si el Presupuesto se vota con este agregado, impulsado por el diputado nacional Marcelo Casaretto, el Estado podría sumar a las arcas públicas la friolera de 237.000 millones de pesos, casi lo mismo que se recaudó por el impuesto a la riqueza, un aporte “solidario” de carácter excepcional. La cifra representa el 0.16% del PBI.
La “excusa” perfecta del gobierno es la necesidad de ajustar el déficit fiscal del 2.5 al 1.9%, como dice el Presupuesto, y como exige el Fondo Monetario Internacional. Es más, algunos aseguran que la iniciativa tomo fuerza, o se impulsó directamente, en las reuniones que funcionarios argentinos, con Sergio Massa a la cabeza, mantuvieron en Estados unidos con los popes del organismo multinacional de crédito.
El gobierno logró que se avance un paso más en poner fin a los privilegios del poder judicial, algo que fue intentado en varias oportunidades, pero que la corporación judicial logró desactivar una y otra vez.
Números
En 2021, porque los jueces y fiscales (de salarios gigantescos) no pagaron ganancias, el Estado (en la ruina) se perdió de percibir 52.449 millones de pesos.
En 2022, el privilegio de los jueces nos costó a todos 73.000 millones de pesos (0.12% del PBI del 2022), un pago entero de un plan, por ejemplo, como el IFE, clave para menguar los desastres económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus.
¿Por qué los jueces no pagan Ganancias?
La ley por la cual jueces y fiscales no pagan el impuesto a las Ganancias fue sancionada en 1973.
En 1996 el Congreso, por ley, eliminó el privilegio, pero talló la Corte Suprema declarando inconstitucional la modificación con un argumento oscuro: la independencia de los jueces se garantiza con la intangibilidad de sus salarios.