Grieta en San Juan por la reforma laboral: entre la necesidad de cambio y el miedo a la pérdida de derechos
Mientras el Congreso Nacional vive una jornada maratónica para tratar el proyecto del Ejecutivo, una encuesta de TIEMPO DE SAN JUAN muestra una paridad casi absoluta entre quienes piden modernización y quienes temen por sus conquistas históricas.
El escenario político nacional vive este miércoles uno de sus momentos de mayor tensión con el inicio del tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación. El proyecto, motorizado por Javier Milei, representa la primera gran batalla legislativa del año para el oficialismo, que logró reunir a 38 senadores para habilitar el quórum en lo que se prevé será una sesión maratónica de más de doce horas. En este contexto de alta volatilidad, el pulso de la gente en San Juan refleja una sociedad fragmentada, donde las expectativas de mejora económica chocan con la incertidumbre sobre la estabilidad del empleo: 50% a favor y 50% en contra de reformar, según la encuesta de TIEMPO DE SAN JUAN.
Los datos del sondeo de opinión muestran que la división. La postura que obtuvo el mayor respaldo, con un 27,4% representado por 2.856 votos, sostiene que la reforma es necesaria bajo el argumento de una actualización urgente. Esta interpretación sugiere que una parte mayoritaria de la población percibe el marco regulatorio vigente como un sistema obsoleto que ya no responde a las dinámicas del siglo XXI. En sintonía con esta visión, un 22,7% de los encuestados, es decir 2.359 votantes, apoya la iniciativa convencido de que los cambios facilitarán la contratación de nuevos empleados. Para este sector, la flexibilización es vista como la llave para destrabar el mercado y generar oportunidades genuinas de trabajo en un contexto de estancamiento.
Sin embargo, el rechazo a la propuesta oficialista es igual de fuerte y se fundamenta en preocupaciones concretas sobre el impacto social. Un 26,1% de los participantes, que equivale a 2.718 sufragios, se manifestó en contra argumentando que la normativa solo servirá para reducir los costos operativos de las empresas. Esta respuesta refleja una profunda desconfianza hacia los objetivos finales de la ley, interpretándola como una transferencia de beneficios hacia el sector patronal sin una contraprestación clara para el asalariado. A esto se suma un 23,8% de los consultados, unos 2.478 ciudadanos, que rechazan la reforma por el temor directo a perder beneficios o derechos adquiridos tras décadas de luchas gremiales. Esta interpretación pone de manifiesto que el componente emocional y la seguridad jurídica personal juegan un rol determinante en la formación de la opinión pública.
Mientras los sanjuaninos debaten estas posturas, el Gobierno Nacional ha tenido que ceder en puntos clave para garantizar la supervivencia del proyecto en el recinto, aceptando más de 20 modificaciones. Entre estas negociaciones se destacan las victorias obtenidas por los gobernadores, quienes lograron asegurar que no habrá recortes en el impuesto a las Ganancias, y los gremios, que consiguieron mantener los aportes patronales a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario. A pesar de estos acuerdos, la resistencia en las calles continúa, y mientras el oficialismo busca dejar atrás lo que denomina la "industria del juicio", hay movilizaciones y protestas para manifestar su descontento ante lo que consideran un retroceso en la protección del trabajador.
