Expropiaciones: tras inhibiciones y recusaciones, se conformó un nuevo tribunal para las apelaciones

Después de las recusaciones de la defensa del hombre señalado como el jefe de la banda que perpetró fraudes en contra de la Administración Pública, se conoció que los jueces que habían resultado sorteados se inhibieron a intervenir. Se trata de Víctor Muñoz Carpino y Mariano Ibáñez, quienes se apartaron del proceso.

El abogado Marcelo Fernández Valdez había planteado en su presentación que ambos magistrados ya participaron anteriormente en distintas incidencias del mismo expediente judicial y que ello afectaba su imparcialidad para intervenir ahora en la instancia de casación. Además, sostenía que las resoluciones previas fueron siempre desfavorables para los imputados y que eso genera un “temor fundado” de que vuelvan a fallar en el mismo sentido en la revisión de la condena.

Más allá del pedido del defensor, los jueces en cuestión dieron un paso al costado por motus propio y una nueva designación se debió poner en marcha. En ese sentido, quienes fueron elegidos por el azar fueron los jueces Eduardo Raed, Renato Roca y Ana Lía Larrea. En caso de que no hubiera oposición a su participación impulsada por alguna de las partes, los magistrados serían los encargados de revisar los cuestionamientos al fallo.

El juicio oral concluyó con el fallo del tribunal integrado por Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón. Tras esa resolución, las defensas de los condenados interpusieron recursos de casación, un mecanismo previsto para revisar si la sentencia presenta errores jurídicos, aplicación incorrecta de la ley o graves defectos procesales.

El recurso de casación fue presentado ante el mismo tribunal que dictó la sentencia y fue éste el que concedió que el expediente se elevara a la Corte de Justicia, dado que la causa se rige por el Sistema Inquisitivo y, por ello, el máximo órgano judicial actúa como tribunal de casación. Sin embargo, los ministros de la Corte se inhibieron a participar y se desencadenó un procedimiento para conformar el tribunal especial que aún no ha tenido éxito.

Una situación similar se dio con Adriana García Nieto, quien intervino en etapas previas de la causa cuando se desempeñaba como funcionaria de la Asesoría Letrada del Gobierno de San Juan y emitió dictámenes en el sumario al Tribunal de Tasaciones. Por ese antecedente, incluso antes de su llegada a la Corte, había sido recusada por el propio Graffigna.

También se apartó Marcelo Lima, ya que su hermano, Walter Lima -fallecido- fue quien realizó la denuncia penal original en representación del Gobierno provincial cuando era funcionario de la Secretaría General de la Gobernación durante la gestión de José Luis Gioja. A su vez, los ministros Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur (actual presidente de la Corte) se inhibieron al reconocer vínculos de amistad con algunas de las personas implicadas en el expediente.

Frente a la “imposibilidad absoluta de integración del tribunal natural”, la legislación provincial prevé mecanismos para garantizar que la causa tenga revisión judicial. La Constitución de San Juan y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que, cuando los integrantes del tribunal no pueden intervenir, debe aplicarse un sistema de subrogancias. Primero se recurre a magistrados de tribunales inferiores, como los son los jueces de cámaras o de instancias inferiores, para completar la integración.

Si incluso así no se logra conformar el tribunal, la normativa habilita la designación de conjueces, abogados que integran un listado previamente aprobado por la Corte y que pueden ser convocados para actuar en estos casos excepcionales. En la práctica, la ley prevé que se forme un tribunal con miembros del Tribunal de Impugnación y, si persistieran las inhibiciones, se podría avanzar hacia la conformación de un tribunal especial integrado por conjueces sorteados del listado oficial, el cual se renueva todos los años y queda formalizado a través de una Acordada de la Corte.