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SUSCRIBITEEn una exposición ante la Cámara de Diputados, el gremio advirtió que más de la mitad de las 91.000 bajas corresponden al sector de la vivienda, golpeado por el freno en la obra pública y la falta de financiamiento.
La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) presentó hoy un crudo diagnóstico sobre la situación del sector ante la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados. Según denunció la organización gremial, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, se han perdido 91.000 puestos de trabajo formales en la industria de la construcción.
El impacto más severo se registra en el ámbito de la vivienda. Gustavo Gándara, director ejecutivo de la Fundación UOCRA, detalló que entre 35.000 y 50.000 de esos empleos perdidos estaban destinados a la construcción de viviendas, con un peso preponderante en la vivienda social. Gándara enfatizó que este rubro es particularmente "mano de obra intensiva" y alertó sobre la ausencia de políticas estatales para la formación y recalificación de los trabajadores afectados por la crisis.
La parálisis del sector no solo afecta a los trabajadores, sino que aleja cada vez más la posibilidad de que los argentinos accedan a un hogar. Iván Szczech, titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), advirtió que el alto costo en dólares del metro cuadrado, sumado a la desaparición del crédito y el financiamiento, ha convertido el acceso a la vivienda en "un lujo".
Por su parte, Érica Riboyra, titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, fue tajante al señalar las consecuencias de la retirada del Estado: “Cuando el Estado se corre, para el rol de construcción de vivienda no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema”.
Ante este escenario, los referentes del sector pidieron avanzar en una Ley Nacional de Vivienda y generar estándares normativos que eliminen las trabas provinciales y municipales que frenan los desarrollos. Lucas Crivelli, secretario de Hábitat de Santa Fe, instó a un trabajo conjunto entre municipios, provincias y el sistema financiero para achicar el déficit habitacional en un plazo de 10 a 15 años.
El mensaje final de los expositores en el Congreso fue claro: la construcción atraviesa una crisis profunda donde el impacto se siente no solo en la pérdida masiva de "laburo", sino también en el freno total a la obra pública y el desvanecimiento del sueño de la casa propia para miles de familias.
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