El Gobierno de San Juan está en las instancias finales para poner en marcha de manera plena la nueva normativa que regirá el traslado de personas en la provincia. Tras la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre, se estableció un periodo de transición de 120 días para definir su reglamentación. En este contexto, la ministra de Gobierno, Laura Palma, dio este jueves precisiones sobre el estado actual del proceso y aseguró que la normativa está pronta a implementarse.
Al ser consultada en Radio Colón sobre si la ley ya se encontraba reglamentada, la funcionaria explicó que "le falta un poquito, pero estamos muy cerca de terminarla para el mes de abril va a estar ya en vigencia". Palma subrayó que la mirada de esta gestión está puesta en cumplir estrictamente con lo estipulado por la Legislatura, señalando que "la implementación en realidad es tomando en cuenta lo que dice la ley, porque lo único que estamos haciendo es reglamentarlo".
Modernización y fin del sistema de cupos
La necesidad de esta reforma surgió tras detectar distorsiones en el esquema anterior, regido por la Ley 814, donde el sistema de permisos estaba sujeto a cupos que concentraban las licencias en pocas manos y obligaban a los choferes a pagar alquileres para trabajar. La nueva Ley de Transporte Provincial, aprobada tras un debate histórico, busca modernizar y unificar los sistemas de taxis, remises y aplicaciones.
El cambio más radical es la transición hacia un modelo de registro libre, lo que significa que ya no será necesario pagar por un derecho de trabajo o una licencia. Sobre este punto, la ministra Palma destacó que "va a desaparecer el sistema de licencias y vamos a pasar un sistema de registro, así que lo más importante es poner a disposición el registro para todos los sanjuaninos". Para quienes ya operan en el sistema, la funcionaria aclaró que "el trámite para aquellos que hoy tienen licencia va a ser prácticamente un trámite de traspaso porque los requisitos son básicamente los mismos".
Esta transformación no solo afecta la forma de acceder al trabajo, sino que busca imponer estándares de calidad más elevados para los vehículos y conductores. Aunque el ingreso al registro es libre, los prestadores deben ser profesionales con licencias adecuadas y los autos deben cumplir requisitos estrictos, como una antigüedad máxima de diez años, contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y poseer un seguro específico para el transporte de personas.
Una de las novedades más esperadas es la habilitación de vehículos de cinco puertas, respondiendo a una demanda histórica del sector para utilizar rodados más ágiles en la ciudad.
Asimismo, la ley otorga un marco legal a las plataformas tecnológicas como Uber o Didi, definiéndolas como servicios de intermediación o "contactabilidad", y establece que toda la información sobre la habilitación de vehículos y choferes será pública para que el usuario pueda verificarla antes de viajar.
Finalmente, el sistema de colectivos de la Red Tulum también se verá beneficiado mediante la incorporación del sistema de leasing para la renovación de unidades y un aumento en los controles de eficiencia y sanciones para las empresas prestadoras.
