En un principio fueron 28 empleados, pero tres volvieron a sus puestos y actualmente son 25 las personas desafectadas. Desde el 1° de noviembre no cumplen funciones en el municipio ni tampoco recibieron el pago de sus haberes, manifestaron los denunciantes a este diario.
Según manifestaron, los empleados pasaron a planta permanente hace un año y siete meses. Tras el cese de las actividades, el Intendente propuso que renunciaran a sus trabajos en blanco y posteriormente firmaran un contrato.
Días después de ser apartados, más exactamente el 11 de noviembre, la jueza Adriana Tettamanti, titular del juzgado Contencioso Administrativo, abrió un amparo para que los trabajadores vuelvan a cumplir sus funciones, pero todavía esperan ser reincorporados. “Se sigue negando a la vuelta de nuestros trabajos”, dijo Lucas Díaz, delegado gremial del municipio.
La respuesta del Intendente
En diálogo con Estación Claridad, José Castro explicó los detalles del fallo judicial que anuló un decreto emitido por la gestión anterior, el cual promovía el pase a planta permanente de 28 trabajadores municipales. Según señaló, el decreto fue dictado sin cumplir con los requisitos legales establecidos, como la existencia de vacantes previas, lo que contraviene tanto la legislación provincial como las normativas municipales.
“Esta demanda y este juicio han culminado, y hay sentencia sobre la nulidad de este decreto, donde tácitamente se comprueba haber utilizado un instrumento legal sin tener las vacantes necesarias para realizar el pase a planta. Esto está expresamente prohibido en la ley”, afirmó Castro, subrayando que su administración no tuvo responsabilidad en este proceso, ya que asumió funciones el 10 de diciembre, cuando la demanda ya estaba en marcha.
El Intendente también destacó que, pese al fallo adverso para la gestión anterior, el municipio ha garantizado la estabilidad laboral de los empleados involucrados. “Con la presencia de un escribano, se ha entregado la documentación respectiva a los trabajadores. Sin embargo, algunos de ellos, sin leer los documentos, han intentado utilizar la situación para sacar provecho político”, indicó.
Sobre la estructura laboral del municipio, Castro informó que actualmente hay alrededor de 100 empleados contratados y que sería ideal tener el 100% del personal en planta permanente. Sin embargo, insistió en que este tipo de nombramientos solo puede realizarse cumpliendo con las normativas legales. “Los nombramientos fueron recientes, de carácter político, y dictados fuera de los tiempos que prevé la ley. Esto también fue objetado en el decreto, ya que no se respetaron los términos de la Ley de Final de Mandato”, aseguró.
Por último, el jefe comunal reiteró que su gestión no tuvo ninguna participación en este conflicto y que se limitaron a acatar el fallo judicial. “Cuando asumimos, esta demanda llevaba ya tiempo en la justicia sanjuanina”, concluyó.
La denuncia contra el titular de SUOEM por “calumnias e injurias”
La Justicia de San Juan dictó una prohibición de acercamiento contra el secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Antonino D’amico, por una denuncia que radicaron seis trabajadoras del Municipio de Angaco. Ahora, el dirigente aseguró a Tiempo de San Juan que no cumplirá con la sentencia, debido a que “es imposible” porque no conoce a las denunciantes.
D’amico fue denunciado por seis empleadas municipales de Angaco por “calumnias e injurias”, por lo cual el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género a la Justicia (CAVIG) solicitó la prohibición de acercamiento. La fiscalía basó su pedido en un hecho puntual: el sindicalista ingresó al palacio municipal con un altavoz gritando “....ustedes se arrodillan ante el intendente por eso están en ese lugar…”. Además, hizo declaraciones radiales en las cuales acusó a varias empleadas de ser familiares de altos cargos del municipio.
Cabe recordar que las agresiones se dieron en el marco del reclamo que lleva adelante el gremio por la decisión del actual jefe comunal, José Castro, de anular el pase a planta permanente de 28 trabajadores que el exintendente Carlos Maza Peze ascendió de manera ilegal antes de terminar su gestión.
Ante esta situación, D’Amico habló con este medio y adelantó que no cumplirá con la decisión judicial, debido a que “no sabe quiénes son las denunciantes” y, por consecuencia, no sabe cuándo se acercará o alejará de las mismas.
“Personas que yo no conozco se han sentido ofendidas porque hay gente implicada que son hijos de los concejales, hermanos del intendente”, lanzó contra la gestión actual. “Personas que yo no conozco se han sentido ofendidas porque hay gente implicada que son hijos de los concejales, hermanos del intendente”, lanzó contra la gestión actual.
En este sentido, apuntó contra el peronismo y aseguró que no le están dejando cumplir con la función de abogado del gremio. “No voy a dejar de ir al municipio, porque yo me voy a seguir acercando al municipio, donde mis clientes me necesiten”, dijo
El sindicalista aprovechó para pegarle a los miembros de la Corte de Justicia de la provincia, Marcelo Lima, Adriana García Nieto, Juan José Victoria, Daniel Olivares Yapur y Guillermo de Sanctis. Conforme planteó “son todos militantes del peronismo”.
“Voy a presentar un recurso de amparo, porque me están cortando mi derecho de representar a los trabajadores. Es imposible esto”, apuntó.
