Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELa información fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
El gobierno nacional brindó detalles clave sobre la muerte del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se quitó la vida en diciembre pasado mientras cumplía funciones de guardia en la Quinta de Olivos. Según la investigación oficial, el joven fue víctima de una red de extorsiones operada por presos bonaerenses desde las cárceles de La Plata y Magdalena.
La "PYME del delito" y el modus operandi
La organización delictiva, calificada por las autoridades como una "PYME del delito", operaba principalmente desde el Penal de Olmos y la Unidad N°36 de Magdalena. La banda captaba a sus víctimas a través de la aplicación de citas Evermatch, utilizando perfiles falsos como el de "Julieta Ayelén Cardozo".
Una vez establecido el contacto, los estafadores aseguraban que la supuesta interlocutora era menor de edad y exigían transferencias de dinero bajo la amenaza de denunciarlo. Para dar mayor veracidad a las intimidaciones, los delincuentes suplantaban la identidad de dos policías reales de la Ciudad de Buenos Aires.
Pruebas determinantes y detenciones
El giro fundamental en la causa se produjo gracias a una carta que Gómez dejó antes de morir, en la cual relató que estaba siendo extorsionado, mencionó deudas y los constantes pedidos de dinero. Tras una investigación reservada de más de 50 días que incluyó el análisis de teléfonos celulares, se realizaron allanamientos el pasado 8 de febrero.
Los operativos, que se extendieron a domicilios en Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande, resultaron en la detención de siete implicados, entre los que se encuentran tres reclusos de entre 21 y 29 años.
Duras críticas al uso de celulares en las cárceles
Durante la conferencia de prensa, encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, se hizo hincapié en el peligro de la conectividad en los penales. Adorni sostuvo que permitir un celular en una celda es equivalente a "permitirle tener un arma" a un delincuente. Por su parte, la jueza Arroyo Salgado calificó el uso irrestricto de estos dispositivos como un "arma letal", lamentando que este tipo de delitos cometidos desde el servicio penitenciario no sean una novedad.
En la presentación de los resultados también participaron el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, y el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, reforzando el compromiso gubernamental de que el caso no quedará impune.
video