Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados
El subsecretario de Obras Provincial, Nicolás Álvarez, aclaró que el Ministerio no es el denunciado, sino que se trata de un litigio entre particulares por hechos ocurridos entre 2019 y 2023.
El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
En el marco de una causa penal la Justicia sanjuanina ordenó un allanamiento en las oficinas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ubicadas en el Centro Cívico. El procedimiento, dispuesto por la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto, se dio este lunes por la mañana, según confirmaron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN, y tiene como objetivo principal el secuestro de documentación original vinculada a contrataciones directas realizadas en el área de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores.
La investigación tiene como protagonista a Roberto Enrique Aguirre, quien se desempeñaba como Maestro Mayor de Obras para una constructora. Aguirre, según aseguraron las fuentes, denunció a la empresa para la que él trabajaba, compañía que tenía una contratación del gobierno en la gestión anterior, pero ninguno trabajaba en el Ministerio. Aguirre era un representante técnico de una empresa.
Las razones del operativo son para contar con los expedientes originales donde constarían firmas del denunciante en planillas de cómputo y presupuesto, cuyas copias certificadas ya forman parte del expediente.
Según fuentes calificadas, esta causa está acotada a la actuación individual del empleado investigado y no tiene relación con otras investigaciones de mayor impacto político, como la de la megaobra del Acueducto Gran Tulum.
El subsecretario de Servicios Públicos, Nicolás Álvarez, dio este lunes detalles sobre el panorama que motivó esta medida judicial, explicando que el trasfondo es un conflicto interno de una empresa proveedora que prestó servicios en años anteriores al Estado.
Álvarez remarcó que la repartición estatal no es el blanco de la denuncia, sino que actúa como depositaria de la documentación requerida para esclarecer un presunto delito de falsificación de firmas entre particulares. El funcionario destacó que la actual gestión ha brindado total colaboración, poniendo a disposición los archivos solicitados para garantizar la transparencia del proceso.
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Para justificar que se trata de un asunto correspondiente a un periodo ya concluido, el subsecretario Álvarez subrayó la antigüedad de los hechos investigados datan de 2019 hasta junio de 2023: "Son 11 expedientes en total correspondientes todas a una sola empresa que ha tenido intervenciones durante la gestión anterior. Es básicamente un conflicto entre particulares. Una de las ART de esta empresa en cuestión es la que habría denunciado una presunta falsificación de firmas a la empresa y la Justicia nos requiere en este momento la documentación que lo avale".
Agregó que "En el depósito, en el archivo de Obras Menores se encuentran los originales de estos 11 expedientes y la justicia en este momento está haciendo uso, investigando y certificando todo lo que las partes dicen".
Asimismo, el funcionario remarcó que el vínculo con la empresa señalada cesó hace tiempo y reforzó la idea de que los expedientes pertenecen al pasado administrativo de la provincia: "Es una empresa que no está trabajando actualmente. La última obra que tuvo fue del año 2022. Es una empresa que sí, hasta ese momento hacía los trabajos que por ahí normalmente se hacen en el verano en las escuelas de acondicionamiento, mantenimiento y puesto en función. Estas obras se realizaron entre 2019 y principios del 2023". De esta manera, el panorama presentado por las autoridades actuales sitúa el conflicto en una órbita privada y durante la admistración uñaquista, donde el Estado interviene únicamente mediante el resguardo de la documentación que ahora la Justicia busca peritar.
