A través del Decreto 139/2026, el Gobierno nacional ha dado un paso decisivo para avanzar con la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, busca transformar un trámite que ha sido calificado oficialmente como una "fuente constante de quejas por parte de los argentinos".
Fin de la traba judicial
El camino para estos cambios quedó despejado luego de un proceso judicial que había condicionado su implementación. Originalmente planteada en 2025, la reforma sufrió una medida cautelar dictada por el juez federal Santiago Carrillo ante reclamos de cámaras de talleres de RTO. Sin embargo, según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con la publicación del nuevo decreto se cumplimentaron los requisitos administrativos pendientes, permitiendo retomar la iniciativa.
Los cambios centrales en el sistema
La reforma introduce modificaciones profundas tanto en los plazos de cumplimiento como en los lugares habilitados para realizar el control:
- Nuevos plazos de verificación: Se establece una reducción en la frecuencia de los controles para los autos más nuevos. La primera VTV se realizaría a los cinco años desde el patentamiento. Entre los cinco y diez años de antigüedad, la revisión pasaría a ser cada dos años, mientras que los vehículos con más de diez años deberán continuar con el control anual.
- Ampliación de centros verificadores: Uno de los pilares es la apertura del sistema. Ya no será exclusivo de plantas específicas; ahora cualquier taller mecánico o concesionaria que cuente con el equipamiento necesario podrá convertirse en centro verificador. Esto incluye también a los talleres que actualmente solo operan con vehículos de carga.
- Eliminación de trámites: Se suprimirá el Informe de Configuración de Modelo (ICM), un documento que se exigía previamente a los vehículos con modificaciones estructurales, simplificando así el proceso y reduciendo costos.
Impacto en los conductores y tecnología
El Gobierno argumenta que la mayor competencia entre talleres y concesionarias permitirá incrementar la oferta de turnos, reducir las demoras y, eventualmente, impactar en los costos del servicio, que actualmente ronda los $53.819 en algunas jurisdicciones.
Además, expertos del sector señalan que esta desregulación permitirá a los talleres tradicionales transformarse en plataformas tecnológicas, incorporando herramientas de inteligencia artificial, videovigilancia inteligente y trazabilidad digital para mejorar la seguridad vehicular.
Implementación gradual y autonomía provincial
A pesar del impulso nacional, la puesta en marcha será gradual. Los nuevos centros verificadores deberán adquirir maquinaria específica —como frenómetros y alineadores ópticos— y adecuar sus sistemas informáticos.
Es fundamental destacar que la decisión final de aplicar estos cambios recae en cada jurisdicción. Como la VTV es una norma de tránsito administrada de forma autónoma, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires deberá decidir si adhiere total o parcialmente al nuevo esquema nacional