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SUSCRIBITEEl funcionario desplazado apuntó a la cúpula libertaria. Javier Milei y su equipo buscan despegarse mientras avanza la investigación judicial.
El Gobierno nacional se desliga de las acusaciones que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad y evalúa denunciar a Diego Spagnuolo, el funcionario desplazado y amigo personal de Javier Milei, después de la difusión de audios que lo comprometen.
Desde la Casa Rosada aseguran que esperan los pasos de la Justicia para definir su estrategia política y judicial en el caso de presunta corrupción más grave que enfrentaron hasta ahora.
Los audios difundidos mencionan a funcionarios de segundo rango y hasta a la propia cúpula libertaria en un supuesto entramado de coimas. Spagnuolo señaló directamente a Martín y Eduardo “Lule” Menem, lo que encendió las alarmas en el círculo más cercano del Presidente.
En Balcarce 50 las deliberaciones se prolongaron durante toda la semana. Javier Milei estuvo acompañado por Karina Milei, Lule Menem, el asesor Santiago Caputo y el vocero presidencial Manuel Adorni. La decisión inmediata fue desplazar a Spagnuolo de su cargo “hasta que se aclaren los hechos”.
Una de las opciones en análisis es denunciar a Spagnuolo por no haber realizado una presentación judicial formal, pese a lo que reveló en las conversaciones que se filtraron. La intención del oficialismo es desacreditarlo: algunos asesores ya lo tildan de “delirante”.
Por ahora, no se cuestiona la veracidad del audio, sino la actitud del funcionario que lo protagoniza.
Mientras las discusiones internas siguen, públicamente el Gobierno mantiene cautela. El único que se pronunció fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien deslizó: “Si un funcionario dice que otro pide coimas, debería haber hecho la denuncia en la Justicia”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, suspendió sin explicaciones su programa semanal y evitó conferencias de prensa. En redes sociales, la militancia libertaria también bajó el perfil: la orden fue guardar silencio hasta que haya mayor claridad.
La causa quedó en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi. No se descarta que Spagnuolo sea citado a indagatoria, lo que podría agravar el escenario para el oficialismo si ratifica lo dicho en los audios.
La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, abarca los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la Ley de Ética Pública y una posible asociación ilícita.
FUENTE: Infobae
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