En un intento por desactivar un conflicto que amenazaba con paralizar el transporte aéreo en plena temporada alta, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por un período de 15 días hábiles. Esta medida técnica, utilizada como último recurso legal para bloquear el derecho a huelga de los controladores, obliga a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) a suspender de inmediato su plan de lucha y retrotraer la situación al estado anterior al conflicto.
Un conflicto estancado y sin ofertas
La decisión gubernamental surge tras una reunión fallida entre el sindicato, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Subsecretaría de Trabajo, donde, según fuentes gremiales, el Estado "no ofreció nada" para destrabar el reclamo. Los controladores aéreos sostienen que su medida de fuerza no responde únicamente a una pauta salarial, sino al incumplimiento de acuerdos previos, la necesidad de reincorporar trabajadores despedidos y la falta de actualización en ítems críticos como el "viático por refrigerio", la "complejidad de aeropuertos" y el "cálculo de antigüedad".
Impacto en el cronograma de vuelos
Con el dictado de esta medida, han quedado sin efecto las interrupciones intermitentes que ATEPSA tenía programadas entre el 23 y el 29 de diciembre. El plan original preveía paros escalonados que afectarían tanto a la aviación nacional como a la internacional en franjas horarias rotativas, lo que ponía en riesgo los viajes de miles de pasajeros durante Navidad y Año Nuevo. Desde EANA celebraron la intervención estatal, asegurando que esto devuelve la "previsibilidad y tranquilidad" a los usuarios, permitiendo que las operaciones se desarrollen con normalidad en todos los aeropuertos del país.
Tensión legal y seguridad operacional
Antes de la conciliación, la disputa había llegado a los tribunales. EANA presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal N.º 3, alegando que las acciones de protesta, como la instalación de banderas en las torres de control de Aeroparque y Ezeiza, comprometían la seguridad operacional por el riesgo de desprendimientos. Por su parte, el gremio defendió la legitimidad de sus acciones, argumentando que se realizaron bajo protocolos definidos y que el origen de la crisis es la ruptura del diálogo y la pérdida sostenida del poder adquisitivo.
Bajo este nuevo escenario de negociación forzosa, ambas partes disponen ahora de dos semanas para intentar alcanzar un acuerdo definitivo bajo la supervisión de la Secretaría de Trabajo.
