El próximo jueves 6 de noviembre marca el inicio de un juicio histórico en Argentina: la Causa Cuadernos. En el banquillo de los acusados se encuentra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a 86 imputados, entre exfuncionarios y empresarios. Este proceso judicial, que se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Capital Federal, busca esclarecer una presunta red de corrupción en la adjudicación de contratos de obra pública.
El origen del caso
La investigación surgió como un desprendimiento de la causa por presuntas maniobras irregulares en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) para el Programa Energía Total (PET), que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado de 5.523.345 dólares. En esa causa, el exministro Julio De Vido y el exsubsecretario Roberto Baratta fueron condenados en septiembre pasado.
En 2018, un periodista del diario La Nación se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli y le informó sobre las anotaciones de un chofer del Ministerio de Planificación, identificado luego como Óscar Centeno, donde se registraban presuntos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios.
A partir de esa información, y de los testimonios de la exesposa de Centeno en el juicio por el GNL, Stornelli inició una nueva investigación. En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal sostuvo que se había detectado “una asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner”, que habría organizado “un sistema de recaudación de fondos ilícitos con el fin de enriquecerse ilegalmente y financiar otras maniobras delictivas”.
Según el dictamen fiscal, “existió un sistema de recaudación de dinero desplegado en su mayoría por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, que establecieron acuerdos con empresarios nacionales e internacionales para obtener beneficios recíprocos”.
Los ejes de la investigación
Stornelli estructuró su acusación en cuatro ejes centrales: los registros de pagos asentados por Centeno, las maniobras en la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, la cartelización de la obra pública y la posible administración de los fondos ilegales.
Para el Ministerio Público Fiscal, ese entramado se habría sostenido en dos canales de recaudación. Uno directo, en el que los funcionarios recibían el dinero en forma personal, y otro indirecto, articulado por intermediarios. “Ambos circuitos integraban una misma estructura jerarquizada e instaurada por los entonces representantes del Poder Ejecutivo”, señaló el fiscal.
Los imputados colaboradores y las propuestas de reparación
Durante la instrucción, varios acusados se acogieron a la Ley del Arrepentido y firmaron acuerdos de colaboración. Entre ellos se encuentran Claudio Uberti, José López, Óscar Centeno, y empresarios como Ángelo Calcaterra, Juan Carlos de Goycoechea y Gabriel Losi, entre otros.
Previo al inicio del debate, en septiembre pasado, las defensas de 47 empresarios y cuatro exfuncionarios presentaron propuestas de reparación integral. Sin embargo, la fiscal general Fabiana León consideró que no se daban las condiciones para aplicar el instituto previsto en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, al tratarse de un bien jurídico supraindividual y existir oposición fiscal fundada. “En esta fiscalía no se venderá impunidad”, afirmó León.
El tribunal, en una resolución unánime, rechazó los ofrecimientos de reparación, entendiendo que la postura de la fiscalía era vinculante para resolver su procedencia.
Desde esta semana, el juicio se realizará todos los jueves de 9:30 a 13:30, y desde marzo de 2026 se incorporará una segunda jornada semanal. El TOF dispuso que las audiencias se celebren de manera virtual, con acreditación previa para el público, y algunas serán transmitidas por el canal de YouTube del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar la transparencia.
La fiscal encabezará la acusación, acompañada por un equipo del Ministerio Público Fiscal. Fuentes judiciales anticiparon a Crónica que se presentará “una extensa cantidad de pruebas documentales y testimoniales”, entre ellas los registros de Centeno y las declaraciones de imputados colaboradores.
En la víspera del inicio del juicio, la fiscalía presentó un informe actualizado sobre el estado del proceso, en el que se destacó “la relevancia institucional del debate y su impacto en la persecución de delitos contra la administración pública”.
El antecedente de la causa
La Causa Cuadernos se desarrollará en paralelo a otras investigaciones, como la causa Vialidad, en la que la expresidenta fue condenada en primera instancia y la sentencia quedó firme a partir de la decisión de la Corte Suprema, y las causas Hotesur y Los Sauces, que continúan en revisión por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
Si bien el expediente mantiene un fuerte interés político, fuentes de Comodoro Py remarcaron que el eje del debate será estrictamente probatorio. “El tribunal deberá determinar la existencia de hechos, la participación de los imputados y la configuración de los delitos, sin especulaciones ajenas al proceso penal”, señalaron voceros judiciales a este medio.
Con su desarrollo, el juicio por la Causa Cuadernos se proyectará como uno de los más extensos y trascendentes en la agenda judicial argentina, y marcará un nuevo capítulo en la relación entre la política, la Justicia y su impacto social.
