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SUSCRIBITEEl dictamen de la Ley de Bases daría cuenta de importantes cambios en el RIGI que afectan a la industria minera y su relación con los gobiernos provinciales. El 12 de junio, el Senado deberá decidir si aprueba o no el proyecto, con estas modificaciones.
El gobierno nacional realizó cambios de último momento en la Ley de Bases para conseguir los votos necesarios que aprueben el dictamen de mayoría, y la semana que viene el proyecto, que tiene el RIGI como uno de los capítulos más conflictivos, se pueda tratar en la Cámara Alta.
Un actor clave en la consecución del dictamen fue el senador santacruceño José María Carambia. El legislador había amenazado con presentar dictamen propio si no se aceptaba una suba del 3 al 15% de las regalías mineras. Finalmente, accedió a firma con el aumento al 5%, ya que Francos le aclaró que, para el gobierno, el 15 era un exceso.
Ante el posible aumento del canon, volvió a circular un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), donde se señala que Argentina tiene una presión impositiva total sobre la minería del 50,8%, de las más altas del mundo. Chile -líder regional- tiene 38,5%; Perú 44,3%, Estados Unidos (Arizona) 35,2%, Australia 36,1%, Zambia 41% y Canadá 34,3%.
Los cambios en el RIGI que afectan a la minería
Según lo que se conoce del dictamen, y publicó el diario Ámbito Financiero, uno de los cambios en el RIGI es su carácter opcional. Las provincias podrán adherir o no al Régimen de Promoción de las Grandes Inversiones. Aquellas que lo hagan tendrán la potestad de aumentar las regalías mineras del 3% hasta el 5%, en el porcentaje que dispongan.
Esto fue interpretado por actores de la industria minera como un elemento que puede afectar la competitividad de una provincia sobre otra, utilizando el porcentaje de regalías como anzuelo.
Lo que se llamó alguna vez el “compre argentino” también es tema de modificación en el RIGI, que ahora exige que “los inversores deben presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y una estimación del empleo local que contratarán”.
El "nuevo” proyecto aclara que la importación de mercadería deberá ser facturada, aunque al no trascender aún la letra oficial de los que se dictaminó, resta conocer si se mantendrán las exenciones originales del Impuesto PAIS y aranceles propios de la importación.
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