Los casos de maltrato animal sucedidos en las últimas semanas convulsionaron la provincia entera. Primero los asesinatos de “Topito” y “Negrita”, luego la brutal golpiza que sufrieron los perros akita en Chimbas y, durante esta última semana, la violación de los dos perritos en San Martín por parte de Hugo Sánchez. La gravedad y la continuidad de los hechos encendieron las alarmas del Gobierno y, desde hace un tiempo, trabajan para agravar las penas por maltrato animal en San Juan.
Melisa Ontivero, directora de Ecología Urbana de la Secretaría de Ambiente de la provincia, contó que trabajan junto con el Instituto de Derecho Animal del Foro de Abogados y algunos diputados, para modificar la Ley 2005-L, popularmente conocida como Ley de Tenencia Responsable, que apunta a “crear un régimen de protección, bienestar y tenencia responsable de los animales de compañía”.
Actualmente, esta legislación plantea para las faltas graves, que pueden ser no cumplir con las obligaciones como dueño de animales o el extravío de animales, multas económicas que van desde los 200 a 1000 JUS. Para las faltas muy graves, como por ejemplo el abandono o asesinato de los especímenes, prevé multas de 1000 JUS a 6000 JUS o arresto de dos y hasta quince días.
A nivel nacional, con Ley N.º 14.346, la la pena máxima es de un año de prisión para faltas como vivisección, mutilación, abandono o asesinato.
Como el Código Penal supone que “en los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena”, la gran mayoría de las veces, tanto con la ley nacional como con la provincial, los culpables de maltrato animal no van a la cárcel.
En este marco, la funcionaria explicó que pensaban esperar a que saliera a nivel nacional la llamada “Ley Conan”, dado que endurecería las penas hasta 10 años de prisión para los delitos graves. Sin embargo, como aún no se avizora que se trate el proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, decidieron avanzar con la legislación local.
El objetivo es modificar la norma actual para que efectivamente los culpables de maltrato animal vayan a la cárcel. Actualmente, la secretaría cuenta con instructores que reciben las denuncias y las clasifican. Allí se clasifican los casos según deba intervenir el Juzgado de Paz para cobrar la multa o bien, la Justicia para aplicar la pena. Si se logra modificar la ley, se podrá enviar a la cárcel a los culpables.
El objetivo es presentar el proyecto de modificación apenas comiencen las sesiones ordinarias en Diputados. Es decir, a principios de abril.
Ontivero destacó la importancia de denunciar los casos de violencia animal al número 2644305057. Cabe destacar que el aviso es anónimo.
Los proteccionistas también buscan cambiar la ley
La proteccionista Emilia Merino, junto con el abogado Adolfo López Martí, también trabajan en un proyecto para cambiar la Ley 2005-L. La Cámara de Diputados analizará si arman un proyecto conjunto con ambas ideas o bien, solo utiliza el que envíe el Ejecutivo.
Los casos de maltrato animal que asustan
El primer caso ocurrió el 22 de diciembre, cuando Roberto Paredes mató a un perro con un cuchillo después de una pelea en un local comercial. La comunidad reaccionó con indignación y realizó una marcha en la Plaza 25 de Mayo en señal de repudio. Paredes fue detenido.
Pocos días después, el 31 de diciembre del 2024, se produjo otro caso de maltrato animal. Una perra llamada "Negrita" murió tras ser golpeada. La denuncia fue realizada en la Comisaría 6ta. El agresor fue un verdulero que trabaja cerca de Boulevard Sarmiento y Lemos.
El 2 de enero, dos perros raza akita, madre e hijo, fueron sustraídos de su casa en Chimbas y golpeados salvajemente. Se cree que los agresores intentaron robarlos para venderlos, pero no lo lograron y finalmente los abandonaron en un baldío.
Finalmente, el domingo 2 de febrero se viralizó un video en el que se observa a un hombre mayor violando a una mascota. Los proteccionistas le quitaron a dos perritos y lo denunciaron penalmente. Con la intervención de la Justicia, el anciano no fue a la cárcel, pero le prohibieron tener animales por dos años y lo obligaron a realizar tratamientos psiquiátricos.
Lo importante es destacar que, en ninguno de los casos, los culpables fueron presos.
