El Tribunal Oral Federal 1 absolvió este viernes a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto con otros doce imputados, en el juicio por presuntas irregularidades en el programa “Fútbol para Todos”. La decisión, que fue comunicada vía Zoom a los involucrados y se tomó por unanimidad, también benefició a figuras como Gabriel Mariotto, el expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Luis Segura, y miembros de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA). Los jueces José Michilini, Adrián Grunberg y Ricardo Basílico fueron los encargados de dictar el veredicto.
El eje central de la absolución radicó en las profundas debilidades encontradas en el planteo de la acusación. Los magistrados concluyeron que “no hubo acusación fiscal válida” y basaron su decisión en las “graves falencias en la acusación presentada por la fiscalía que no cumplían con los estándares legales requeridos”. Según el fallo, la exposición de los fiscales Miguel Osorio y María Andrea Garmendia Orueta “carecía de fundamentos sólidos”. El tribunal determinó que la acusación no justificó adecuadamente las imputaciones, omitió un análisis detallado de las pruebas y “falló en individualizar las responsabilidades de cada acusado”. Estas deficiencias, que imposibilitaron al tribunal analizar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados, llevaron a la absolución general y a la consecuente devolución de bienes embargados a los eximputados.
La causa se originó en 2014, tras una denuncia de la exlegisladora Graciela Ocaña sobre posibles irregularidades en el manejo de los fondos del programa FPT. El programa, impulsado por el gobierno kirchnerista para garantizar el acceso gratuito a las transmisiones de fútbol de primera división, fue investigado bajo la hipótesis de que se había convertido en un mecanismo para el desvío de fondos públicos. La investigación se centró en una supuesta administración fraudulenta vinculada al manejo de fondos estatales entre 2009 y 2015. El fiscal Osorio había estimado que las maniobras fraudulentas generaron un perjuicio económico al Estado por más de 131 millones de pesos, incluyendo cuestionamientos a contratos de sponsoreo, como el firmado con Iveco, que habría pagado por publicidad a valores “muy por debajo de los estándares del mercado”.
Junto con la absolución, el Tribunal Oral Federal 1 rechazó la solicitud del Ministerio Público de decomisar 456 millones de pesos. La decisión final podrá ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los fundamentos completos de la sentencia, que podrían “abrir la puerta a una revisión del caso”, serán dados a conocer el próximo 11 de marzo de 2026.
