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SUSCRIBITE Si alguien dudaba de que la inflación era el principal problema que enfrentaba el gobierno nacional, por encima incluso de la pandemia del coronavirus y del acuerdo con el FMI, el índice publicado ayer por el INDEC despejó todas las dudas: 4.7% en febrero para el aumento de precios promedio, y una “inflación de los pobres” muchísimo más alta, con alimentos y bebidas que subieron un 7.5%.
Y el panorama para marzo es aún peor. Las listas que llegaban hoy a los supermercados mostraban aumentos por encima del 10% en productos derivados de la harina, ingrediente base de la desnutrida dieta que deben soportar los últimos años los sectores más vulnerados.
A esto se debe sumar el incremento del 11% promedio de los combustibles, y un dato estacional: el aumento de los útiles escolares (que impactará en el próximo índice), que también golpea fuerte en las economías de los que menos tienen.
Este panorama sombrío llevó al Presidente Fernández a una alegoría a todo o nada, en virtud de lo que se vive hoy en el mundo: declararle “la guerra a la inflación”.
Las hostilidades, según el mandatario, comenzarán este viernes, horas después de que el Senado le de sanción a la ley que autoriza el nuevo acuerdo con el FMI, para poder enfrentar el stand by fallido por 45.000 millones de dólares que dejó el gobierno de Mauricio Macri.
En una escaramuza previa, Julián Domínguez, ministro de Agricultura, obtuvo una pequeña victoria sobre el ABC, el consorcio confirmado por los mayores exportadores de carne que había anunciado que salía de los planes oficiales del gobierno, que aseguraban algunos cortes populares a bajo precio.
Ante esto Domínguez reaccionó con la amenaza de prohibir exportaciones a quiénes tomen esta decisión.
"Acabo de terminar la reunión con el Consorcio ABC. Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne", tuiteó el Ministro.
Horas después de la advertencia, esta patronal frigorífica se allanó a la firmado y anunció que se mantendrá dentro de los acuerdos.
Lo que viene
El arma de “destrucción masiva” que cuenta el ejército de funcionarios del presidente Fernández es la Ley de Abastecimiento.
La implementación de esta norma es reclamada viva voz por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Otros sectores aliados ocasionales del oficialismo también piden que se utilice. Lo dijo hoy el senador rionegrino Alberto Weretilneck, quien reclamó que la ley se use “para todo”.
Esta norma, sancionada en 1974 durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, tenía como objetivos principales regular “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios” y prestaciones relacionadas con todos los aspectos de la economía nacional; fijar precios máximos, márgenes de utilidad e intervenir temporariamente en los procesos productivos; y sancionar a quienes remarquen precios, acaparen materias primas o productos, o restrinjan la producción sin causa".
Como se ve, la norma le otorga amplísimas facultades al Ejecutivo para intervenir el esqueleto económico y financiero de las corporaciones, buscando principalmente la estructura de costos, detalladas en libros que los grandes conglomerados no están dispuestos a compartir.
Las sanciones que la ley prevé tampoco son despreciables, salvo las monetarias para los grandes grupos económicos, algunos de los cuales presentaron en 2021 balances récord.
Arcor, por ejemplo, el máximo productor de alimentos de país, tras los únicos dos balances negativos de su historia durante la gestión de Mauricio Macri, informó ganancias el año pasado por 19 mil millones de pesos. De este monto la mitad la repartirá en efectivo entre los accionistas, y la otra mitad la destinará a la previsión de futuras inversiones. Es decir, ahora no reinvertirán un solo peso de lo ganado.
Las sanciones:
-Multas económicas de hasta 10 millones de pesos.
-Clausura del establecimiento por 90 días.
-Inhabilitación para el acceso al mercado de créditos.
-Inhabilitación especial de 5 años para ejercer el comercio y la función pública.
-Suspensión de 5 años en los registros de proveedores del Estado.
-Pérdida de concesiones y privilegios en regímenes impositivos.
-Decomiso de la mercadería.
-El Estado podrá ingresar e inspeccionar establecimientos, secuestrar libros contables, intervenir el transporte de los materiales, realizar clausuras preventivas, inmovilizar mercadería y citar a presuntos infractores a prestar declaración.
La decisión de cruzar este Rubicon está en manos del presidente de la Nación, que sabe que en esta confrontación se juega el futuro de su Gobierno, y el resultado electoral del 2023.
Otras medidas posibles
En el Gobierno confían en que para bajar los precios, atacando los monopolios, oligopolios y la cartelización, la creación de la Empresa Nacional de Alimentos sería clave.
Otra opción que se baraja, aunque improbable, es el congelamiento de tarifas, un índice que está siendo afectado en virtud, entre otras cosas, de la guerra entre Rusia y Ucrania (especialmente el gas) y el acuerdo con el FMI, que prevé la baja paulatina de subsidios hasta llegar a 0.