La causa penal que puede tener como imputados a Hugo y Pablo Moyano junto a los referentes locales del gremio de camioneros por los bloqueos contra la caleras en 2016, ya se encuentra en poder del juez Alberto Benito Ortiz. Tal como lo dispuso días atrás la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las actuaciones iniciadas en aquel entonces fueron giradas el titular del Primer Juzgado de Instrucción para que sea él quien investigue si hubo delito y un perjuicio contra las empresas locales durante esa protesta.
Hay un total hermetismo en el juzgado, pero fuentes tribunalicias confirmaron que la notificación de lo resuelto por el máximo tribunal del país y las actuaciones llegaron al despacho del juez Ortiz en los últimos días. Como adelantó TIEMPO DE SAN JUAN, la Corte Suprema entendió que en razón a la economía procesal y a que la mayoría de los incidentes denunciados se produjeron en San Juan, correspondía que intervenga el Primer Juzgado de Instrucción en todas las actuaciones.
Y es que gran parte de las denuncias fueron realizadas en su turno y en primera instancia intervino el juez Alberto Benito Ortiz, quien después se declaró incompetente debido a que supuestamente existían otras denuncias similares en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Es que la protesta realizada por el gremio de Camioneros fue casi nivel nacional. Todo comenzó a mediados de 2016 por el reclamo del Sindicato de Choferes de Camiones, que exigía a las empresas caleras el pago de más de 457 millones de pesos en concepto de ajustes salariales y aportes a la obra social y al gremio. Los empresarios desconocieron esa deuda. Eso desencadenó la embestida del gremio, que movilizó a sus afiliados y bloqueó las entradas a las plantas caleras durante los días 26 y 29 de septiembre de ese año.
Hubo una reunión en Capital Federal para destrabar el conflicto, pero los dueños de las caleras no cedieron a las exigencias pese a que los sindicalistas bajaron sus pretensiones a 150 millones. Los camioneros tampoco aflojaron y redoblaron la apuesta. Entre el 17 y 24 de octubre de 2016 volvieron a obstaculizar los ingresos de las empresas situadas en Sarmiento y Albardón. Roto el diálogo, los representantes de las empresas Caleras San Juan, Albors, Cefas, Minera Tea y FGH SA denunciaron penalmente al sindicato de camioneros por los bloqueos, la paralización de sus plantas y el consecuente perjuicio económico. Lo mismo hicieron otros empresarios en el resto de las provincias.
La cuestión es que después de tantas idas y vueltas, y a tres años de que se iniciaron las primeras actuaciones, la causa se reabrirá en el Primer Juzgado de Instrucción. La fiscalía de turno todavía no fue notificada y nadie sabe en qué terminará todo esto. Puede que el juez Ortiz analice el expediente y concluya que no hay elementos para sospechar la existencia de un delito o, por el contrario, dé la sorpresa y cite a declarar a los mismísimos Hugo y Pablo Moyano y a los dirigentes locales de camioneros como posibles imputados en la causa.
