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SUSCRIBITE En medio del resonante fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad del índice aplicado por ANSeS para actualizar los haberes jubilatorios, el máximo tribunal sorprendió con una acordada que repercute de lleno en el poder del flamante presidente del cuerpo Carlos Rosenkrantz.
Por lo pronto, tres miembros de la Corte resolvieron que las decisiones administrativas del alto tribunal, entre ellas las designaciones o renuncias de sus empleados o la renovación de contratos, se deben adoptar por una mayoría de tres de sus ministros. De esta manera, se le recortaron facultades al presidente del máximo tribunal nacional.
La acordada lleva la firma de Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, con la disidencia del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, mientras que la vicepresidenta, Elena Highton no firmó.
En disidencia, Rosenkrantz recordó que el Congreso mantuvo expresamente en vigencia las facultades del titular del máximo tribunal en materia de ejecución presupuestaria, como de reestructuración del Presupuesto.
La Acordada que firmaron Lorenzetti, Rosatti y Maqueda, expresa que las decisiones correspondientes al ejercicio de la Superintendencia se adoptarán "por mayoría de tres de sus miembros".
Además, dispuso que la Corte designará, aceptará las renuncias de sus funcionarios y/o empleados por mayoría de tres de sus miembros e idéntico criterio adoptó para la renovación de los contratos de personal en la Corte y en los restantes tribunales del Poder Judicial.
Foto: NA
Los tres ministros ratificaron la política presupuestaria, económica y financiera del cuerpo "basada en los criterios de responsabilidad fiscal aplicada por esta Corte". En ese contexto, decidieron mantener el Fondo Anticíclico de la Corte e impulsar otras alternativas similares a fin de "preservar la independencia del Poder Judicial".
Así, dispusieron crear en el ámbito de cada vocalía de la Corte una Unidad de Asistencia Técnica de Coordinación que estará cargo, en cada caso, de un Director General, y deberá coordinaren su ámbito las políticas establecidas en esta acordada.
En tanto, Rosenkrantz señaló que deben entenderse que las normas "confieren facultades distintas al Presidente y al pleno del Tribunal".
Por lo tanto, advirtió que "no son legalmente admisibles reglas de funcionamiento en las que uno o más ministros adopten sin el con curso de la voluntad del Presidente" sobre todo "decisiones que impliquen disposiciones del crédito presupuestario". El presidente de la Corte propuso que los ministros de la Corte "intervengan en diferentes categorías de decisiones".
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